El brutal asesinato del piloto jordano Moaz Kasasbeh, a manos del grupo extremista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) desató una ola de indignación y tristeza en toda Jordania y propició llamamientos en las calles y  los medios de comunicación en favor de una venganza.

Las autoridades jordanas respondieron rápidamente. El ejército prometió que: “La sangre del mártir Moaz Kasasbeh no será en vano y la respuesta de Jordania y de su Ejército será severa". El portavoz del gobierno de Jordania aseguró que la respuesta sería "rápida" y "devastaría las filas [de ISIS] ".

El 4 de febrero, a las cinco de la mañana, apenas unas horas después de la transmisión del video de ISIS que mostraba el asesinato de Kasasbeh, Jordania ejecutó a dos iraquíes, ambos condenados a muerte y afiliados inicialmente a Al-Qaeda en Irak (AQI), grupo precursor de ISIS. Entre los ejecutados estaba Sayida al Rishawi, condenado a muerte por su papel en los atentados de 2005 en el Hotel Amman donde murieron 60 personas y Ziad al Karbouli que había sido condenado a muerte por asesinar a un camionero jordano en Irak en 2007, y que al parecer había sido un alto asesor del fallecido líder AQI Abu Musab al-Zarqawi.

Si bien el deseo del gobierno de afrontar la indignación pública es tan comprensible como la ira, la ejecución de los condenados a muerte no debilitará a ISIS. Esta ronda de ejecuciones, la segunda en dos meses, representa una regresión para un país que hasta hace poco, se había distinguido como líder en la región contra la pena de muerte. El 21 de diciembre, Jordania puso fin a 8 años de moratoria oficiosa en la aplicación de la pena de muerte luego de ejecutar en la horca a 11 reos condenados por asesinato.  En ese caso también, las autoridades citaron el sentimiento público como el motivo de las ejecuciones.

Las ejecuciones de al Karbouli y al Rishawi se llevaron a cabo después de juicios y un proceso de apelación. Pero enviar a los reclusos del corredor de la muerte a la horca inmediatamente después de la noticia del asesinato de Kasasbeh, cuando los internos no guardaban ninguna relación con el crimen y  únicamente como medida oficial para jura vengar una muerte, pone de manifiesto que la venganza fue el motivo que puso fin a sus vidas. Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, debido a su crueldad inherente. Pero ejecutar a dos condenados a muerte únicamente en respuesta a eventos externos sugiere de forma alarmante que las represalias contra terceros impulsa la política, en lugar de un sistema  de justicia que se base únicamente en la equidad y la culpabilidad de cada individuo.