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México/Estados Unidos: Carta al Presidente Obama sobre el récord de derechos humanos del Presidente Peña Nieto

Presidente Barack Obama
Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC, 20500

 

De mi mayor consideración:

En antelación a la reunión que S.E. sostendrá con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 6 de enero de 2015, le escribo para trasmitirle la profunda preocupación de Human Rights Watch con respecto a la crisis de derechos humanos por la que México atraviesa en la actualidad.

Esta crisis recibió una gran atención internacional en los últimos meses, debido a dos atrocidades — las más graves que hemos visto en México en muchos años— que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad pública. Una concierne el asesinato de 22 personas por parte de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado. La otra trata sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes luego de haber sido secuestrados por policías municipales en Iguala, estado de Guerrero, en el mes de septiembre. Si bien la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado detener a sospechosos en ambos casos, el gobierno en un primer momento demoró las investigaciones, y agentes del Ministerio Público estatal intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso de Tlatlaya, torturando a testigos para obligarlas a que prestaran testimonios falsos.

Lamentablemente, estos casos no son en absoluto incidentes aislados. Por el contrario, reflejan un patrón más amplio de abusos e impunidad, y son en gran parte consecuencia de que el gobierno de Peña Nieto no ha tomado con seriedad la gravedad de la situación actual.

Desde que el entonces Presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2007, miembros de las fuerzas armadas y de la policía han cometido graves abusos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Human Rights Watch ha documentado estos abusos cometidos por fuerzas de seguridad a lo largo del país, incluidos 149 casos de desapariciones forzadas. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han concluido que la tortura es una práctica “generalizada” en el país y que ha habido “numerosas” ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad.

Cuando Peña Nieto asumió la presidencia hace dos años, reconoció los problemas de derechos humanos que había heredado y se comprometió a adoptar medidas para remediarlos. Sin embargo, en la práctica su gobierno no ha concretado sus propias iniciativas. Por ejemplo, en 2013 creó una unidad especial de la PGR para ocuparse de casos de personas desaparecidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Luego de casi dos años, dicha unidad no ha logrado condenas penales en ningún caso de los últimos ocho años. Sin embargo, en vez de fortalecer a esta unidad, el gobierno recientemente decidió reducir drásticamente su presupuesto. El resultado predecible de esta decisión será que existan más abusos y más impunidad.

Estados Unidos podría desempeñar un papel importante de apoyo a México para abordar esta crisis. No obstante, su gobierno ha enviado precisamente el mensaje equivocado, al no exigir el cumplimiento de requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida, proyecto conjunto entre Estados Unidos y México destinado a combatir la delincuencia organizada. Desde 2007, Estados Unidos ha autorizado fondos para México por más de US$ 2.000 millones en el marco de la Iniciativa Mérida, de los cuales una proporción sustancial se ha destinado a capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas. Se supone que el 15 por ciento de esta asistencia está supeditado al cumplimiento por parte de México de una serie de requisitos básicos de derechos humanos, que incluyen asegurar que se investiguen y juzguen los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

A pesar de las evidencias inequívocas —incluidos casos documentados en los informes del propio Departamento de Estado— de que México ha incumplido estos requisitos, su gobierno ha permitido reiteradamente que se entreguen los fondos al gobierno mexicano. En su informe más reciente, de septiembre de 2014, el Departamento de Estado justificó la liberación de dichos fondos argumentando que México ha mostrado “avances” en el cumplimiento de los requisitos, lo cual no es el estándar establecido por la legislación ni refleja la realidad en México. Más recientemente, cuando se le consultó sobre los fondos para México que estaban supeditados al cumplimiento de requisitos de derechos humanos, S.E. respondió que “lo mejor que podemos hacer es ser un buen socio y construir sobre la base de los avances que se han conseguido”.

Presidente Obama, considerando que el gobierno mexicano no ha actuado con responsabilidad ante graves violaciones de los derechos humanos cometidas con impunidad, creemos que lo mejor que podría hacer Estados Unidos para ser un “buen socio” es urgir enérgicamente al Presidente Peña Nieto a que enfrente esta crisis con mayor seriedad. Concretamente, en su próximo encuentro con el Presidente Peña Nieto, S.E. debería solicitarle que explique exactamente qué medidas está adoptando para asegurar que México persiga penalmente a los responsables de graves abusos. Además, debería dejarle en claro que si México no logra mostrar resultados significativos en el juzgamiento de delitos que constituyen violaciones de derechos humanos, su gobierno ya no podrá certificar que se han cumplido los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida.

Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

 

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

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