A protester holds a placard during a protest in New Delhi, on July 29, 2009.

© 2009 Reuters

(Nueva York) – Los gobiernos deben implementar de inmediato una nueva recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas que ponga fin a “pruebas de virginidad” degradantes, discriminatorias y sin sustento científico que se practican a mujeres y jóvenes, señaló hoy Human Rights Watch.

La recomendación, incluida en un manual de la OMS de noviembre de 2014, denominado “Atención de la salud para mujeres víctimas de violencia de pareja o violencia sexual” [Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence], indica que los trabajadores de la salud no deben aplicar en ningún caso “pruebas de virginidad”. El manual hace hincapié en el respeto por los derechos y el bienestar de la mujer, y deja en claro que cualquier examen físico debe practicarse solamente con consentimiento informado y centrarse en la atención médica. Concluye que la invasiva y degradante “prueba de virginidad” o la “prueba de los dos dedos” -que aún se utiliza en algunos países para “comprobar” si una mujer o joven es virgen- “carece de validez científica”.

“El manual de la OMS confirma la opinión médica ampliamente aceptada de que las ‘pruebas de virginidad’ no tienen ningún valor”, manifestó Liesl Gerntholtz, directora de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Las autoridades de salud de todo el mundo deben poner fin a la aplicación de ‘pruebas de virginidad’ en todos los casos y prohibir que los trabajadores de la salud perpetúen esta práctica discriminatoria y degradante”.

Si bien el manual de la OMS se concentra en la atención de la salud después de hechos de violencia sexual y de violencia doméstica, su relevancia se extiende a otros casos en los que se utilizan “pruebas de virginidad”, señaló Human Rights Watch. Estos incluyen discriminación laboral y procesos judiciales iniciados contra personas adultas que mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio.

El uso de “pruebas de virginidad” se ha documentado en varios países de todo el mundo, comentó Human Rights Watch. Por ejemplo, en Afganistán, las autoridades habitualmente someten a “pruebas de virginidad” a mujeres y jóvenes acusadas de “delitos contra la moral”, tales como “huir del hogar”, zina (mantener relaciones sexuales con consentimiento fuera del matrimonio) e intento de zina. Las mujeres acusadas de estos delitos por lo general huyen de situaciones de violencia en el hogar, incluido el matrimonio forzado.

A veces este procedimiento inaceptable se realiza dos o tres veces a una misma mujer debido a políticas o errores burocráticos y, en ocasiones, también se impone a mujeres acusadas de otros delitos, como robo y agresión. Los resultados de estas “pruebas de virginidad” pueden incidir considerablemente en la decisión de los jueces, y en muchos casos contribuye a que se dicten condenas injustas. Por lo general, las víctimas de violaciones sexuales no denuncian el delito ni buscan ayuda debido al riesgo de que a esta situación se añada el delito de zina, que algunos funcionarios consideran que puede corroborarse mediante “pruebas de virginidad”.

“La práctica de ‘pruebas de virginidad’ es una forma de violencia de género y discriminación”, señaló Gerntholtz. “Las autoridades recurren a esta ‘prueba’ degradante y carente de rigor científico aun cuando los antecedentes sexuales de la mujer no tienen incidencia alguna a efectos de saber si reúne las condiciones para un empleo o de determinar si fue violada”.

En Medio Oriente y África Septentrional, las mujeres pueden ser sometidas a “pruebas de virginidad” en diversas circunstancias, incluso a instancia de sus familias. A fines de 2011, varias manifestantes en  Egipto que habían sido detenidas declararon que un médico militar las sometió a “pruebas de virginidad”. Un tribunal administrativo egipcio resolvió que realizar pruebas de virginidad a mujeres detenidas constituía un “acto ilegal y una violación de los derechos de la mujer y una agresión a su dignidad”. Sin embargo, en marzo de 2012, el único militar acusado en este proceso por “pruebas de virginidad” fue absuelto. A pesar de la resolución del tribunal, esta práctica ilegal aún se utiliza en establecimientos de detención de Egipto. Libia y Jordania también han aplicado estas “pruebas”.

En Indonesia, la policía nacional incorpora “pruebas de virginidad” como parte de los procedimientos de reclutamiento de candidatas, aunque altas funcionarias policiales han objetado esta práctica y han exigido que se prohíba. También se han planteado reiteradas propuestas para que se practiquen “pruebas de virginidad” a alumnas de escuelas en este país.

En 2014, el Ministerio de Salud de la India emitió un nuevo protocolo para la atención médica tras una violación, sexual en el cual se aclara que los trabajadores de la salud que atienden y examinan a víctimas de violación sexual no deben realizar la prueba de los dos dedos. Sin embargo, el protocolo aún debe ser aplicado de manera sistemática en todo el país.

Se ha reconocido internacionalmente que las “pruebas de virginidad” constituyen una violación de los derechos humanos, en particular de la prohibición del “trato cruel, inhumano o degradante” establecida en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 16 de la Convención contra la Tortura, ambos ratificados por una gran cantidad de países.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el organismo internacional de expertos que monitorea el cumplimiento del pacto, ha señalado en una Observación General que la finalidad del artículo 7 es “proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona”. El artículo 7 se relaciona no solo con actos que causan dolor físico, sino también con aquellos que provocan sufrimiento moral a la víctima. Las pruebas de virginidad practicadas bajo coacción comprometen la dignidad de la mujer y atentan contra su integridad física y psíquica.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros tratados de derechos humanos prohíben la discriminación contra la mujer. Las “pruebas de virginidad” constituyen un acto de discriminación contra la mujer, dado que tienen el efecto o la finalidad de privar a las mujeres de derechos que les corresponden en igualdad con los hombres.

“Numerosos médicos que consideran erróneamente que pueden determinar la virginidad de una mujer otorgan un falso sustento médico y científico a prejuicios y estereotipos negativos contra mujeres y jóvenes”, indicó Gerntholtz. “Los gobiernos y médicos deben cumplir con lo establecido en el manual de la OMS para garantizar que se desempeñen de manera ética, respeten la privacidad y la dignidad de las mujeres, y adopten medidas para educar y erradicar el flagelo de las ‘pruebas de virginidad’”.