(Milán) – El Congreso español debería enmendar un proyecto de ley de seguridad ciudadana con grandes deficiencias que limitaría las protestas espontáneas y formalizaría las expulsiones abusivas de solicitantes de asilo, dijo hoy Human Rights Watch. La Comisión de Interior del Congreso de Diputados tiene previsto aprobar el proyecto de ley el 25 de noviembre de 2014, después de lo cual pasaría al pleno para su debate y votación en los días siguientes.
“El proyecto de ley de seguridad ciudadana presenta una amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión en España”, dijo Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “El gobierno está tratando de concederse a sí mismo una amplia discreción para restringir y sancionar el disentimiento”.
El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana permitiría a las autoridades multar a las personas que participen en protestas espontáneas o que “falten al respeto” a los agentes del orden. También formalizaría la práctica actual de las expulsiones sumarias de migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en el norte de África.
El proyecto de ley contiene una serie de disposiciones que limitarían cuándo y dónde podrían tener lugar las protestas, interfiriendo indebidamente con el derecho de reunión pacífica, incluido el derecho a las protestas espontáneas. Las personas genéricamente definidas como “organizadores” de dichas manifestaciones en lugares públicos podrían afrontar multas de hasta €600 (US$752), cuando las autoridades no hubieran sido notificadas con antelación, independientemente de que provoquen o no disturbios. El proyecto de ley también reprimiría la libertad de expresión al imponer fuertes multas por “faltar al respeto” a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto de ley modifica y amplía una ley existente que cubre la seguridad pública: concedería a las autoridades administrativas la potestad de imponer multas que van desde un mínimo de €100 ($125) por infracciones leves a un máximo de €600.000 ($752.972) por las definidas como muy graves. Las sanciones administrativas previstas no parecen ser necesarias ni proporcionadas. A pesar de que las protestas multitudinarias y perturbadoras se han convertido en parte de la vida en España, la gran mayoría son pacíficas. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, solo hubo disturbios en 323 del total de 33.124 manifestaciones en 2013, menos de un 1 por ciento. En los tres primeros meses de 2014, se registraron disturbios en solo 62 de las 10.837 protestas.
Algunas de las infracciones descritas en el proyecto de ley estaban clasificadas previamente como faltas en el código penal español. La nueva ley permitiría a las autoridades eludir los tribunales para sancionar a los manifestantes sin la garantía de un proceso judicial. Los tribunales han anulado las quejas contra los líderes y participantes en las manifestaciones, confirmando el derecho a la protesta espontánea y no violenta.
La libertad de reunión y expresión son derechos humanos básicos y esenciales para el ejercicio de otros derechos humanos y el disfrute de la democracia. La legislación europea e internacional de derechos humanos exige limitar las restricciones a los derechos de reunión y libertad de expresión a lo necesario en una sociedad democrática. La forma y la intensidad de la interferencia del Estado deben ser necesarias para alcanzar un objetivo legítimo, y cualquier restricción también debe ser proporcional. Las leyes que regulan la libertad de reunión deben ser redactadas de manera precisa para reducir al mínimo el margen para la arbitrariedad.
El proyecto de ley contiene disposiciones que afectan a otros derechos fundamentales, como el derecho al asilo y el derecho a la no discriminación, dijo Human Rights Watch.
Una enmienda al proyecto de ley, posteriormente revisada, formalizaría la práctica de las expulsiones sumarias de Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en el norte de África. La redacción actual permitiría el retorno automático a Marruecos de quienes sean capturados tratando de cruzar en grupo las vallas a lo largo de las fronteras de los enclaves. Diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas Human Rights Watch, instaron previamente al parlamento español a que rechazara la propuesta. La agencia de refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y la Comisión Europea también han expresado su preocupación por el plan. Las devoluciones automáticas sin ningún tipo de garantías procesales constituyen una clara violación de la legislación europea e internacional de derechos humanos y ponen a los solicitantes de asilo y migrantes en mayor riesgo de abuso.
En un aspecto más positivo, el proyecto de ley modifica la ley existente sobre los controles policiales de identidad para incluir el importante requisito de que este tipo de inspección respete el principio de la no discriminación. Si bien es un paso en la dirección justa, el texto actual no es suficiente para prevenir y remediar los controles de identidad abusivos y el uso de perfiles étnicos, dijo Human Rights Watch. La ley debería definir explícitamente lo que son los perfiles étnicos y prohibirlos, requerir que todos los controles estén basados sobre una sospecha individualizada y razonable de delito, y crear un medio para asegurar la rendición de cuentas y una adecuada recopilación de datos.
El gobierno adoptó un primer borrador del proyecto de ley en diciembre de 2013. Después de significativas críticas – y protestas – por parte de organizaciones no gubernamentales y recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, entre otras instituciones, el gobierno presentó en julio una nueva versión que eliminaba o atenuaba muchas, aunque no todas, las disposiciones más problemáticas. Mientras que los partidos de la oposición trataron de bloquear el proyecto de ley entero y posteriormente propusieron decenas de enmiendas, el Partido Popular, en el poder, cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento.
“Si alguna vez hubo un momento para que los parlamentarios del Partido Popular con conciencia rompan filas, es este”, dijo Sunderland. “No deberían permitir que España se convierta en el país europeo que ahoga las voces en la calle y pisotea los derechos fundamentales”.
