(Washington, DC) – La decisión del Presidente de Estados Unidos Barack Obama de suspender la deportación de ciertos migrantes no autorizados evitará que millones de personas queden expuestas a la amenaza nociva de la deportación, señaló hoy Human Rights Watch. Si bien el plan formulado presenta falencias en aspectos claves, mantendrá unidas a familias enteras y ayudará a los inmigrantes a oponerse a abusos laborales y de otro tipo, sin temor a ser deportados.
“El plan del presidente Obama para impedir que se separe a casi 5 millones de inmigrantes y sus familias como resultado de deportaciones es una conquista que contribuye a superar una situación de crueldad arbitraria”, indicó Antonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Al disponer reformas sustanciales a las normas inmigratorias, las medidas de Obama brindarán mayor seguridad pública y permitirán que millones de personas estén menos expuestas a abusos”.
Las Medidas Ejecutivas sobre Rendición de Cuentas en Materia Inmigratoria (Immigration Accountability Executive Actions) de Obama amplían los criterios al “estatus legal temporario” para migrantes que llegaron al país durante la niñez, y a la vez ofrece una condición temporaria similar a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Otros aspectos del plan facilitan la posibilidad de las familias de permanecer juntas brindando recursos a personas que, de no ser por las demoras en los trámites burocráticos, serían elegibles para obtener visas familiares. El plan también reemplaza un programa que se conoce como Comunidades Seguras, que conforme ha sido reconocido por la Casa Blanca, debilita la confianza de la comunidad en las autoridades de aplicación de la ley.
No obstante, no se abordan otras prácticas abusivas contra inmigrantes, y estas posiblemente se profundicen como resultado del plan, sostuvo Human Rights Watch.
Obama rechazó la posibilidad de brindar garantías contra la deportación a familiares inmediatos – incluidos padres – de jóvenes que se hayan beneficiado con una prórroga de los procedimientos de deportación. En 2012, el gobierno de Obama había anunciado que prorrogaría la deportación de algunos migrantes que hubieran ingresado a Estados Unidos durante su niñez. Más de medio millón de personas ya han reunido los requisitos para solicitar beneficios temporarios en virtud de este programa.
El plan tampoco exige que la Patrulla Fronteriza u otros funcionarios de control inmigratorio consideren en todo momento la necesidad de mantener unidas a las familias. Human Rights Watch documentó recientemente evidencias de que una cantidad significativa de padres de niños con ciudadanía estadounidense – 100.000 en 2011 y 2012 – son detenidos y deportados en forma sumaria y procesados penalmente en la frontera. Si bien muchos de estos padres que habrían reunido los requisitos para obtener la prórroga de deportación estaban todavía en EE. UU., el plan de Obama no prevé recursos para ellos en caso de que fueran interceptados al intentar ingresar nuevamente al país para reunirse con sus familias.
“Las políticas de deportación masiva de los últimos años han dejado a cientos de miles de familias en una situación totalmente indefinida, luego de que uno o más miembros fueran separados de manera forzada”, dijo Ginatta. “Instruir a la Patrulla Fronteriza para que dé marcha atrás con las deportaciones aceleradas en la frontera de personas que tengan estrechos vínculos en Estados Unidos sería un paso fundamental para reunir nuevamente a estas familias”.
No se incorporaron cambios a las controvertidas políticas del gobierno que permiten la deportación sumaria de solicitantes de asilo que llegan a la frontera, sin una evaluación suficiente de si están siendo enviados de regreso a un lugar donde podrían sufrir graves peligros, y que fomentan la detención de familias llegadas recientemente.
El Presidente tampoco redujo los contraproducentes procesos penales federales por ingreso ilegal (un delito de gravedad menor) e ingreso ilegal reincidente (un delito grave). Los procesos penales por ingreso o reingreso ilegal al territorio de EE. UU. son los procesos más frecuentes en el país, y se aplican masivamente a miles de personas que tienen estrechos vínculos aquí. Quienes resultan condenados pueden ser ubicados entre los casos prioritarios de deportación, tan solo debido a su condición inmigratoria.
“Mientras el gobierno continúe aplicando procedimientos acelerados de deportación, procese penalmente y encarcele a quienes ya están en situación de ser deportados, y detenga a familias enteras, cientos de miles de personas sufrirán la separación familiar y recibirán un trato injusto”, observó Ginatta. “El plan de Obama aplaza momentáneamente la deportación de millones de personas y constituye una primera medida en la dirección acertada, pero aún subsiste la necesidad de definir una solución más duradera e integral”.
