Migrantes africanos sobre la valla fronteriza, mientras agentes de la Guardia Civil española tratan de alcanzarlos, durante su intento de cruzar la frontera a territorio español, desde Marruecos al enclave norteafricano español de Melilla, el 14 de agosto de 2014.

© 2014 Reuters

(Milán, 21 de octubre de 2014) – Las autoridades españolas deberían investigar la golpiza y la expulsión de un hombre por agentes de la Guardia Civil en Melilla el 15 de octubre de 2014. España también debería poner fin de inmediato a las devoluciones sumarias a Marruecos desde sus enclaves.

Prodein, una organización no gubernamental que defiende los derechos de los inmigrantes, logró capturar el incidente en video. Las imágenes muestran cómo los agentes cargan al hombre, que parece estar inconsciente, y lo sacan por una puerta de una de las vallas que separan los dos países.

“Las imágenes no pueden ser más claras ni más terribles”, dijo Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa Occidental de Human Rights Watch. “España debe cesar  inmediatamente estas deportaciones abusivas y la fiscalía debe investigar este horrible caso. Hasta que no se haya investigado a fondo, la Guardia Civil debería retirar a estos oficiales de sus funciones en la frontera”.

El video muestra al hombre, a quien la organización Prodein identificó como un joven de Camerún de 23 años llamado Danny, bajando por una escalera que estaba apoyada contra el lado español de la valla, mientras varios agentes de la Guardia Civil lo golpean con sus porras. El hombre cae al suelo y parece estar inconsciente cuando los agentes lo empujan con sus porras, tratan luego de colocarlo en una posición sentada e intentan moverlo varias veces.

En las imágenes puede verse cómo los guardias civiles llevan a Danny y lo sacan de vuelta a Marruecos por una de las puertas de la valla. Justo detrás de ellos, se ve a otros oficiales que van caminando y expulsan a otros dos inmigrantes a través de la misma puerta. El video no muestra lo que sucede al otro lado. Prodein ha verificado que Danny se encuentra en un campamento improvisado de inmigrantes cerca de Nador, aunque en el momento de redacción de este documento no se sabía cuál era su estado de salud.

La Delegación del Gobierno en Melilla asegura que el joven camerunés no estaba inconsciente cuando se cayó de la escalera, sino que más bien estaba ejerciendo una “resistencia pasiva”. Otros cinco inmigrantes heridos el mismo día fueron llevados a un hospital de Melilla y luego trasladados al centro de estancia temporal para inmigrantes y solicitantes de asilo de la ciudad.

En un comunicado de prensa del 17 de octubre, la Delegación del Gobierno en Melilla criticó el video de Prodein asegurando que era parcial y justificó las acciones de la Guardia Civil asegurando que son acordes al contexto de su trabajo “de securización y defensa de la frontera sur de Europa”. Las autoridades de Melilla describieron los hechos del 15 de octubre como “un asalto masivo de extrema conflictividad” marcado por la violencia de los inmigrantes, y agregó que cinco agentes de la Guardia Civil fueron atendidos por lesiones sufridas ese día.

Las preocupaciones acerca de la violencia por parte de los agentes fronterizos españoles se han intensificado conforme España ha ido incrementando el control de la frontera de Melilla y Ceuta, el otro enclave de España en el norte de África. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa Nils Muiznieks calificó los incidentes del 15 de octubre como “otro ejemplo preocupante de fallas por parte de España en el trato a los inmigrantes en sus enclaves”.

Imágenes del video grabadas por un periodista el 13 de agosto y obtenidas por Human Rights Watch muestran dos casos de agentes de la Guardia Civil que golpean a migrantes en la parte central de la valla y que expulsan por la fuerza a dos inmigrantes a territorio marroquí.

“Incluso cuando enfrentan a situaciones difíciles, es imprescindible que los agentes de la Guardia Civil actúen con moderación y tomen todas las medidas posibles para minimizar los daños”, dijo Sunderland. “Los agentes que participan en el uso injustificado y desproporcionado de la fuerza deben ser disciplinados y, en caso procedente, juzgados”.

Human Rights Watch, otros grupos de derechos humanos y la institución española independiente de derechos humanos, el Defensor del Pueblo, han documentado diversos casos de expulsiones sumarias ilegales a Marruecos desde los enclaves españoles.

La ley de inmigración española prohíbe estas expulsiones y garantiza a los inmigrantes irregulares el derecho a la asistencia legal y a un intérprete durante el proceso de deportación. El Gobierno español afirma que el procedimiento que está siguiendo es el del “rechazo en la frontera”, bajo el argumento de que el área entre las vallas no es territorio español y que los inmigrantes no se encuentran en España hasta que no hayan cruzado “la línea policial”.

En septiembre, un juez de Melilla ha imputado a un coronel de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, de violar, en calidad de oficial superior en Melilla, la legislación nacional e internacional por expulsiones sumarias realizadas los días 18 de junio y 13 de agosto. Prodein y otras dos organizaciones no gubernamentales españolas, Andalucía Acoge y SOS Racismo, llevaron el caso al tribunal. En la formulación de cargos, el juez afirmó que la frontera española comienza en la valla exterior y que todas las áreas entre las vallas se encuentran en territorio español. El Defensor del Pueblo sostiene la misma interpretación.

“La idea del Gobierno de una frontera flexible en función de dónde se encuentre un agente de la Guardia Civil es una ficción legal conveniente y peligrosa”, señaló Sunderland. “Pero lo que es muy real es que España está negando a las personas sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo”.

Los intentos de ingresar a España a través de Melilla y Ceuta, a menudo en grupos grandes, han aumentado en 2014. Actualmente hay unos 1.250 inmigrantes y solicitantes de asilo en el centro de acogida de Melilla, que tiene una capacidad para alojar a 480. Se estima que la mitad de las personas en el centro provienen de Siria.

Bajo las normas internacionales de derechos humanos y derechos de los refugiados así como el derecho de la Unión Europea, España está obligada a abstenerse de la devolución forzada de cualquier persona a un lugar donde ésta crea que afronta un riesgo real de tortura o tratos inhumanos o degradantes. También debe garantizar la oportunidad de solicitar asilo a cualquiera que afirme sentir un temor fundado de persecución en caso de deportación. El 20 de octubre, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) expresó su preocupación por la posibilidad de que la violencia en el marco del control de las fronteras en Melilla pueda impedir que los solicitantes de asilo lleguen a territorio español.

La Comisión Europea debería tomar medidas contra España por incumplimiento de la legislación de la UE, dijo Human Rights Watch. En una respuesta del 20 de octubre a los miembros del Parlamento Europeo, publicada por primera vez en El Diario, la comisión dejó claro que España ha decidido no aplicar la Directiva de Retorno de la UE a los inmigrantes interceptados en las fronteras del enclave. Si bien el artículo 2.2 (a) de la directiva otorga a los Estados miembros la prerrogativa de hacerlo, la comisión indicó en su respuesta que aún en estos casos, los Estados miembros deben cumplir con las garantías mínimas establecidas en la directiva, así como garantizar el respeto al principio de no devolución y el acceso efectivo al procedimiento de asilo.

La Comisión aseguró que estaba en diálogo con España sobre la situación y que “no vacilará en tomar las medidas adecuadas cuando haya indicios de que un Estado miembro ha infringido el Derecho de la UE”. Sin embargo, la comisión no está considerando enviar una misión a los enclaves, de acuerdo con la respuesta del 20 de octubre.

“No entiendo qué más pruebas necesita la Comisión”, dijo Sunderland. “A menos que el diálogo conduzca a un cambio claro y rápido en la política y las órdenes de la Guardia Civil en las fronteras, la comisión debe mantener su promesa y abrir un procedimiento de infracción contra España”.