(Beirut) – Las autoridades egipcias deberían actuar con celeridad para combatir todas las formas de violencia y hostigamiento contra las mujeres, señaló hoy Human Rights Watch. Luego de una ola de agresiones sexuales ocurridas durante los festejos poselectorales, el 11 de junio de 2014 el presidente Abdel Fatah al-Sisi dio instrucciones al primer ministro Ibrahim Mahlab para que conforme un comité destinado a abordar este hostigamiento. Si bien la creación del comité representa una medida positiva, debe estar acompañada por acciones efectivas y exhaustivas, indicó Human Rights Watch.
Organizaciones egipcias de derechos humanos documentaron al menos nueve incidentes de agresiones sexuales y actos de hostigamiento perpetrados en forma colectiva en la Plaza Tahrir, en el Cairo, entre el 3 y el 8 de junio, durante los festejos por la elección y la asunción del presidente Sisi. Anteriormente ya se habían producido otros ataques en esa plaza durante los festejos que siguieron a diversos comicios.
“Este nivel de atención al problema de las agresiones sexuales por parte de un presidente egipcio debe ser valorado en función de los resultados concretos que se obtengan”, manifestó Rothna Begum, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch. “La adopción de una estrategia integral a nivel nacional constituiría un paso vital para poner freno a los ataques contra mujeres, si esta se implementa”.
La administración del presidente Sisi indicó en un comunicado que el comité ministerial debería incluir la participación de autoridades religiosas musulmanas y cristianas para “identificar los motivos de la propagación del fenómeno del acoso y definir una estrategia nacional para abordarlo”.
El 9 de junio de 2014, 25 organizaciones de derechos humanos de Egipto instaron a que se adopte una ley exhaustiva sobre violencia contra la mujer y una estrategia nacional para implementar dicha ley.
La reforma legislativa debe ser un aspecto central de la estrategia nacional, observó Human Rights Watch. La legislación de Egipto en materia de violencia contra la mujer presenta serias lagunas. No existe una ley que aborde específicamente la violencia doméstica. El Código Penal contiene una definición de violación sexual desactualizada y acotada. Incluso las reformas implementadas recientemente sobre acoso sexual requieren mejoras.
La reforma debería incluir disposiciones para la asistencia a víctimas, protocolos y directrices destinados a todos los funcionarios gubernamentales que respondan a situaciones de violencia contra mujeres, prever financiamiento adecuado para los organismos que implementen las reformas y supervisen tanto las medidas de prevención como las actividades de control de cumplimiento. Las autoridades deberían consultar a organizaciones de derechos de mujeres y sobrevivientes en Egipto al formular la estrategia y cualquier nueva legislación.
En respuesta a ataques recientes, el Ministerio del Interior informó que se detuvo a siete hombres, y la fiscalía inició una investigación de otros tres. El 10 de junio, el presidente Sisi dio instrucciones al Ministro del Interior para que “adoptara todas las medidas necesarias para combatir el acoso sexual”. Al día siguiente, visitó acompañado de cámaras de televisión a una víctima de agresión sexual que se encontraba hospitalizada, y durante este encuentro se disculpó y prometió que los responsables serían llevados ante la justicia.
El 9 de junio, organizaciones egipcias de derechos humanos informaron que al menos 500 mujeres habían sido agredidas sexualmente por turbas en Egipto entre febrero de 2011 y enero de 2014, y que miles de mujeres habían sufrido acoso sexual. En 2013, Human Rights Watch documentó el fenómeno extendido de la violencia sexual en Egipto, incluidos al menos 91 ataques ocurridos entre el 30 de junio y el 3 de julio durante manifestaciones, y la respuesta poco contundente ofrecida por el gobierno.
El 5 de junio 2014, entró en vigor el Decreto N. º 50 de 2014, dictado por el presidente saliente Adly Mansour, que incorporó dos reformas moderadas al Código Penal. Una de ellas amplió la definición del acoso y el acoso sexual. Los agresores podrán recibir penas de hasta 6 meses de prisión o una multa de 5.000 a 10.000 libras egipcias (US$ 700 - 1.400). La segunda reforma estableció penas más severas de entre dos y cinco años de prisión y multas de entre 20.000 y 50.000 libras egipcias (US$ 2.800-7.000) cuando el agresor se encuentre en una posición de autoridad con respecto a la víctima, el delito sea cometido por dos o más personas, o uno de los agresores esté armado.
Las autoridades egipcias deben actuar respetando las disposiciones vinculantes del derecho internacional, incluidas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la nueva constitución de Egipto para proteger a “las mujeres frente a todas las formas de violencia”. Esto exige sancionar y aplicar leyes exhaustivas, para lo cual las autoridades deberían consultar y extraer criterios del Manual de legislación sobre violencia contra la mujer de las Naciones Unidas.
“La elección y la toma de poder del presidente Sisi se vieron opacadas por los ataques brutales perpetrados contra mujeres”, opinó Begum. “Las mujeres de Egipto, y el mundo en general, están expectantes a lo que haga el presidente Sisi para detener el acoso y los ataques sexuales”.
