Miembros de la comunidad musulmana esperan ser evacuados en el barrio PK12 tras huir de ataques perpetrados por fuerzas anti-balaka. La población minoritaria musulmana de la República Centroafricana está en la mira de las milicias cristianas anti-balaka en la ola incesante de violencia coordinada que está obligando a toda una comunidad a salir del país, 23 de enero de 2014.

© 2014 Marcus Bleasdale/VII for Human Rights Watch

(Bangui) – Miles de residentes del último barrio de la capital de la República Centroafricana donde todavía la población es mayoritariamente musulmana han sido víctimas de reiterados ataques, señaló hoy Human Rights Watch. No existen condiciones suficientemente seguras para que permanezcan de manera pacífica en Bangui, la capital, ni tampoco para que se desplacen hacia otras zonas. Desde el 22 de marzo de 2014, combatientes anti-balaka y otros actores vestidos con uniformes del Ejército nacional han asesinado al menos a ocho residentes musulmanes y causado lesiones a varios otros.

El gobierno, con apoyo adicional de la comunidad internacional, debería contener a las fuerzas responsables de estos ataques e intensificar sus esfuerzos por generar condiciones de vida seguras para la minoría musulmana en el país. La Unión Europea debería cumplir sin demora su compromiso de reforzar las acciones de mantenimiento de la paz en el país.

“Numerosos residentes se sienten atrapados; no pueden quedarse, pero tampoco pueden irse”, indicó Philippe Bolopion, director para las Naciones Unidas de Human Rights Watch. “Se exponen al riesgo de sufrir linchamientos o ser atacados en la vía pública si intentan desplazarse hacia otro barrio o mudarse fuera de Bangui”.

La población musulmana ha enfrentado desplazamientos masivos desde el 5 de diciembre de 2013 cuando milicias anti-balaka atacaron bastiones de las fuerzas Seleka, integradas mayoritariamente por musulmanes. Las fuerzas internacionales en la capital deberían en particular reforzar la seguridad en el perímetro de los barrios Kilómetro 5 y PK 12, y asignar escoltas a los residentes que opten por irse de la localidad llevando consigo sus pertenencias.

Las fuerzas anti-balaka buscan tomar venganza por los cruentos ataques perpetrados por la coalición Seleka, que tomó el control del país a través de un golpe de Estado en marzo de 2013 y fue posteriormente expulsada del poder en enero de 2014.Combatientes anti-balaka cometieron reiterados ataques en el barrio Kilómetro 5 el 22 de marzo. Durante uno de los ataques, las milicias anti-balaka mataron a cuatro hombres, entre ellos el hijo y el hermano del alcalde de ese barrio, Atahirou Balla Dodo. Junto con otros residentes, los familiares del alcalde intentaban en ese momento repeler los ataques. Abdouraman Dodo, de 33 años, y Chaibou Dodo, de 28, murieron tras recibir disparos de milicianos.

Un testigo, Hassan Mahamat Bako, dijo a Human Rights Watch: “Éramos aproximadamente 60 personas que volvíamos a pie de un retén, y de repente escuchamos varios disparos. Simplemente cayeron delante de nosotros”. Saddam Djali, de años 21, y Fayçal Sadjio, de 25, también murieron durante el ataque.
Diversos testigos dijeron a Human Rights Watch que algunos agresores estaban armados con fusiles kalashnikovs y llevaban distintivos asociados con los anti-balaka, mientras que otros vestían uniformes del Ejército nacional, las Forces armées centrafricaines (FACA). Residentes musulmanes que protegen el barrio señalaron que estaban armados mayormente con machetes, arcos y lanzas. Sin embargo, algunos residentes admitieron a Human Rights Watch que contaban con fusiles. También indicaron que el 22 de marzo se había usado al menos una granada para repeler las agresiones y que algunos residentes habían asesinado a un combatiente anti-balaka.

Un habitante de Kilómetro 5 dijo a Human Rights Watch: “Un combatiente anti-balaka se escondió en una vivienda e intentó dispararnos pero alguien le arrojó una granada. El agresor quedó herido y nosotros lo rematamos con palos y cuchillos”.

La situación en Bangui es de extrema tensión, y es habitual que fuerzas anti-balaka corten las carreteras hacia el aeropuerto o ataquen a soldados franceses y africanos que intentan hacerles frente. Al menos cuatro soldados de fuerzas de paz africanas resultaron heridos a causa de ataques de milicias anti-balaka el fin de semana pasado, señaló un funcionario de la Unión Africana (UA). El 25 de marzo, personal de Human Rights Watch pudo escuchar disparos persistentes en las proximidades del aeropuerto y vio a personas que saqueaban viviendas en barrios musulmanes abandonados.

Dodo indicó que quedan apenas unos pocos miles de habitantes musulmanes en el barrio Kilómetro 5, donde se estima que esta población ascendía a 124.000 personas antes de la escalada de violencia registrada en enero. Funcionarios del sector de asistencia humanitaria calculan que la cantidad actual de musulmanes en Kilómetro 5 sería de aproximadamente 10.000.

Desde el 5 de diciembre de 2013, numerosos residentes de la zona Kilómetro 5 no han podido llegar al cementerio de la comunidad musulmana ubicado en otra zona de Bangui. Debido a ello, se ven obligados a dar sepultura a sus seres queridos en sus propios terrenos. Human Rights Watch confirmó la existencia de cinco nuevas tumbas cerca de viviendas en distintas zonas del barrio, incluidas tres junto a la vivienda del alcalde.

Un residente dijo a Human Rights Watch que hace dos semanas fue atacado cuando se atrevió a salir del barrio para comprar vegetales. Aliou Housseini, de 62 años, quien además de imán es director de una escuela coránica, contó que fue atacado por un grupo de “niños de la calle” y jóvenes armados con machetes, palos y piedras. Finalmente fue rescatado por soldados de las fuerzas de paz de la UA.

El 21 de marzo de 2014, una turba intentó linchar a Saoudi Abdouraman y dos de sus familiares en un banco en Kilómetro 0, una de las zonas más seguras de Bangui. Abdouraman dijo a Human Rights Watch que una muchedumbre violenta se agolpó afuera de la sede del banco, que estaba protegida por soldados de fuerzas de paz estadounidenses.

“Gritaban que matarían a todos los musulmanes y querían incendiar nuestro automóvil”, aseveró. “Un soldado de las FACA me dijo que si pagábamos 300.000 francos centroafricanos (US$ 630), podríamos irnos ilesos. Reconocí a estos jóvenes. Yo solía jugar al fútbol con algunos de ellos. En el banco, algunos clientes se reían y advirtieron a la multitud que estaba afuera cuando intentamos escapar por una puerta trasera”.

Alaldji Oumar, un funcionario local a quien las autoridades de Chad le pidieron que confirmara la nacionalidad de personas que solicitaban se repatriadas a ese país, dijo a Human Rights Watch que los comerciantes del barrio habían preparado 100 camiones grandes para llevarse la mercadería.

“Podemos irnos y dejar nuestras viviendas y muebles, pero no la mercadería”, dijo. “De lo contrario, adonde vayamos no tendremos nada. Pero estamos listos, y muchas personas de Kilómetro 5 desean irse”. No obstante, todavía esperaban ser escoltados por tropas internacionales y recibir autorización gubernamental para irse.

“Las fuerzas anti-balaka y sus aliados en el Ejército nacional prácticamente han conseguido su objetivo, que no es otro que librarse rápidamente de la población musulmana en el país”, expresó Bolopion. “La comunidad internacional y el nuevo gobierno en gran medida se han mantenido al margen y no han intervenido mientras una minoría importante, que forma parte del tejido social del país, ha sido obligada a irse”.

Los residentes han instalado un precario campamento de desplazados alrededor de la mezquita central del barrio. Muchas de las personas en el campamento son miembros de la comunidad musulmana de otros barrios de Bangui que escaparon hacia Kilómetro 5 en búsqueda de seguridad. Residentes del campamento dijeron que no contaban con alimentos, condiciones sanitarias ni atención de la salud adecuados.

Un residente desplazado del barrio de Miskine expresó a Human Rights Watch: “Cosas que construimos a lo largo de 30 años fueron destruidas en apenas un día. No podemos salir, yo no puedo ir a la universidad, y aquí hay muy pocos alimentos y ningún médico que nos atienda. Quieren tomar el control de este barrio”.

Un joven de Kilómetro 5 dijo a Human Rights Watch que ex compañeros de baloncesto lo habían atacado con un machete, le habían robado el dinero que tenía y amenazaron con matarlo: “[En algún momento] fueron como primos para mí. Dijeron que yo era un espía, que quería matar a los cristianos”.

También en el norte de la ciudad, en el barrio PK12, 3.000 miembros de la comunidad musulmana estarían atrapados en un campamento improvisado para desplazados. A pesar de que fuerzas de paz de Francia y la República Democrática del Congo están emplazadas a un kilómetro de distancia, las milicias anti-balaka igualmente habrían atacado de manera reiterada a residentes musulmanes. Si bien las fuerzas de mantenimiento de la paz pueden responder a enfrentamientos, no siempre consiguen prevenirlos, señaló Human Rights Watch.

En PK12, un líder musulmán desplazado indicó que la cantidad de personas que se ocultaban en el barrio se había reducido de 10.000 en enero, cuando estas eran llevadas hasta la frontera por camiones enviados desde Chad, a 2.400 a comienzos de marzo, cuando los camiones dejaron de trasladar personas a Chad. Desde entonces, el resto de las personas desplazadas han quedado atrapadas. Contó que los anti-balaka lanzan ataques a diario: “Existe una amenaza constante. Estamos rodeados por los anti-balaka y solamente tenemos arcos y flechas para defendernos”.

Un hecho que evidencia la apremiante necesidad de la comunidad musulmana de irse de Bangui fue la dramática situación que se que se vivió cuando, el 7 de marzo, pasaron por el barrio PK12 los últimos camiones que se dirigían a Chad. En medio del caos, familias enteras quedaron separadas y cinco niños, de entre 3 y 6 años, murieron al ser aplastados por el equipaje. Una mujer desplazada dijo a Human Rights Watch: “Todos corrimos detrás de los camiones cuando pasaron. Fue un descontrol absoluto”.

“El nuevo gobierno y las fuerzas internacionales deberán ser mucho más activas en el patrullaje de los barrios musulmanes y tomar medidas para que quienes cometen abusos contra residentes respondan por sus actos”, indicó Bolopion. “Si bien no deberían fomentar el exilio, las fuerzas internacionales sí deberían proteger la vida tanto de quienes permanecen en el país como de aquellos que están decididos a irse”.