Investigadores judiciales retiran un cuerpo del lugar del crimen en la Ciudadela Comfamar, en Buenaventura. Noviembre de 2013.

(Bogotá) – Los grupos sucesores de paramilitares han sido responsables de la desaparición de una gran cantidad —posiblemente cientos— de residentes del puerto de Buenaventura, cuya población está integrada mayoritariamente por afrocolombianos, señaló Human Rights Watch en un informe y un video difundidos hoy. Miles de residentes han abandonado sus viviendas en la ciudad cada año, y Buenaventura se ha convertido así en el municipio donde actualmente se manifiesta el mayor nivel de desplazamiento forzado de Colombia.

El informe de 30 páginas, titulado: “La crisis en Buenaventura: Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico”, contiene evidencias que muestran que muchos barrios de la ciudad se encuentran bajo el dominio de poderosas organizaciones criminales que cometen abusos generalizados, como desapariciones y descuartizamientos, algunas veces mientras aún están con vida, para luego arrojar sus restos al mar. Los grupos mantienen “casas de pique” donde desmiembran a sus víctimas, según señalan testigos, residentes, representantes locales de la Iglesia Católica y algunos funcionarios publicos.

“La situación en Buenaventura es una de las más alarmantes que hemos observado en muchos años de trabajo en Colombia y la región”, expresó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Tan sólo caminar por una calle equivocada puede provocar que uno sea secuestrado y desmembrado; por ende, no debería sorprendernos que los residentes huyan de a miles”.

Los grupos sucesores de paramilitares surgieron en Buenaventura luego de que organizaciones paramilitares participaran, hace una década, en un proceso de desmovilización oficial que presentó graves falencias. En la actualidad, los Urabeños y la Empresa son los principales grupos sucesores de paramilitares con presencia en este puerto. Estos grupos restringen la circulación de los habitantes locales —al atacar a personas si cruzan fronteras invisibles que dividen zonas controladas por facciones enfrentadas—, reclutan a niños, extorsionan a comerciantes y participan habitualmente en actos aberrantes de violencia contra cualquier persona que se interponga a sus intereses.

Autoridades judiciales han determinado que en más de 150 casos en los cuales se denunció que una persona se había extraviado en Buenaventura entre enero de 2010 y diciembre de 2013, estas personas habrían sido desaparecidas. Esta cifra duplica las reportadas en cualquier otro municipio en Colombia. Las entrevistas mantenidas con autoridades y residentes locales, al igual que informes oficiales, sugieren de manera persuasiva que la cantidad real de personas desaparecidas por estos grupos sería considerablemente mayor. Una de las principales causas por las cuales no se denuncian muchos de estos hechos aberrantes es el temor generalizado a represalias.

Numerosos residentes de Buenaventura dijeron a Human Rights Watch que habían escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en “casas de pique”. En marzo de 2014, luego de que investigadores judiciales encontraran manchas de sangre en dos presuntas “casas de pique”, la Policía informó el descubrimiento de varios sitios en Buenaventura donde se habría descuartizado a víctimas vivas.

“En Buenaventura hay casas de pique”, afirmó Monseñor Héctor Epalza Quintero, Obispo católico de Buenaventura. “La gente le cuenta a uno como a horas de la noche se oyen los gritos de las personas ‘¡No me maten, no me maten, no sean malos!’. A esas personas casi digamos las pican vivas”.

Según cifras oficiales, en 2013 la violencia expulsó a más de 19.000 personas de sus viviendas en Buenaventura, una cantidad superior a la de cualquier otro municipio del país. Décadas de violencia y conflicto armado han obligado a más de 5 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así en el país la segunda población más numerosa de desplazados internos a nivel mundial. A su vez, Buenaventura ha sido el municipio colombiano con mayor número de nuevos desplazado en 2011 y 2012. El desplazamiento provocado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también ha representado un grave problema en zonas rurales de Buenaventura con menor densidad de población, conforme surge de estadísticas oficiales.

Numerosas personas que viven en sectores de la ciudad donde ejercen poder grupos criminales indicaron que había poca presencia policial en sus barrios. Varios residentes señalaron haber visto a policías reuniéndose con grupos sucesores de paramilitares en sus barrios.

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado más de 2.000 investigaciones de casos de desaparición y desplazamiento forzado cometidos en Buenaventura por diversos grupos o personas en las dos últimas dos décadas, pero ninguna ha tenido como resultado una condena. Tampoco ninguna persona había sido siquiera imputada en 509 de los 512 casos sobre los cuales la Fiscalía informó a Human Rights Watch el estado de la investigación.

“Existe una sensación de enorme indefensión entre los habitantes de Buenaventura, que por largo tiempo han estado totalmente desprotegidos de las autoridades frente a crimenes atroces y no han visto sanciones ejemplares contra los responsables”, observó Vivanco.

El 6 de marzo, luego de que un comandante regional de la Policía anunciara el descubrimiento de varios “sitios de pique” en Buenaventura, el Presidente Juan Manuel Santos informó que el gobierno llevaría a cabo una intervención para dar respuesta a los problemas de seguridad en la ciudad. Además de una mayor presencia de la fuerza pública, el Presidente Santos prometió adoptar medidas para mejorar las condiciones socioeconómicas en la ciudad.

Human Rights Watch propuso una serie de medidas que debería adoptar el gobierno para asegurar la eficacia de cualquier intervención que se lleve a cabo en Buenaventura. Entre estas, se incluyen:

  • Mantener una presencia policial ininterrumpida en los barrios donde los grupos sucesores de paramilitares despliegan mayor actividad;
  • Crear una comisión independiente que se encargue de evaluar el problema de las desapariciones en Buenaventura y diseñar un plan que permita detener los abusos y sancionar a los responsables;
  • Conformar un equipo de fiscales especializados que se ocupen exclusivamente de investigar desapariciones en Buenaventura;
  • Investigar con firmeza a agentes del Estado contra quienes pesen denuncias creíbles de que han tolerado a los grupos sucesores de paramilitares o colaborado con ellos.

“El Presidente Santos asumió un importante compromiso de abordar la crítica situación de derechos humanos en Buenaventura”, dijo Vivanco. “Para cumplir este cometido con éxito, el gobierno deberá asegurar justicia por los abusos en Buenaventura, y desarticular a los cruentos grupos criminales que infunden terror en la ciudad”.

Algunos testimonios de residentes de Buenaventura incluidos en el informe y el video:

“Por mucho grito que escucha, el temor no lo deja a uno salir. La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero la gente no se mete porque es un temor total”. — Residente de Buenaventura.

“Están bajando a los jóvenes de las busetas, bajándolos para llevárselos para allá a descuartizarlos… Uno viv[e] como acorralado, como preso”. — Residente de Buenaventura, de 17 años.

“Yo lo que quisiera es que alguien me dijera ‘aquí están los restos de su hijo’. Esto es una cosa muy tenaz que no se lo deseo a ninguna madre más”. – Madre de una víctima de desaparición en Buenaventura.

“Las casas las cogen, ellos se adueñan. ¿Y quién reclama? Porque si usted va a reclamar, lo mata[n]”. — Residente desplazado de Buenaventura.

“En esta región Buenaventura, Pacífico, sí, no tenemos esperanza… Y la violencia nos está cobijando a todos”. — Mario Riascos, líder de comunidad de afrocolombianos en Buenaventura.