Los líderes del Partido Republicano presentaron una propuesta para resolver la "situación jurídica" de algunos de los aproximadamente 12 millones de inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos. La posición republicana fue formulada en un documento al que titularon “Normas para una reforma inmigratoria”.
La lista de principios republicanos indica que la legalización debe centrarse en una reforma migratoria significativa. No indica que debe respetar los derechos humanos o que de llevarse a cabo de manera justa y eficaz. Resulta preocupante que estos principios –que proponen otorgar el estatus legal a los inmigrantes indocumentados que admitan haber violado la ley, a los que pasen una revisión de antecedentes penales, paguen multas e impuestos atrasados, demuestran que saben inglés, que conocen las normas de civismo y que pueden sostenerse sin ayuda del Gobierno- limiten la legalización a factores o “requerimientos” no detallados.
Estos "requerimientos" – que, presuntamente, precisan la implementación de ciertas medidas para reforzar la seguridad en las fronteras,- podrían crear demoras burocráticas indeterminadas en los trámites de legalización, en particular si se fundan en modelos poco realistas. Esto genera gran preocupación, ya que, como Human Rights Watch ha detallado, cada día que pasa sin una reforma migratoria los inmigrantes indocumentados son vulnerables al abuso laboral, el asalto sexual, la trata de personas y otros delitos graves, o enfrentan el riesgo de ser deportados y con ello, la separación familiar. Dada la gravedad del impacto de estas políticas en las familias y las comunidades de inmigrantes, los legisladores deberían centrar sus esfuerzos en presentar una vía a la legalización, aunque sea condicional, pero de efecto inmediato.
En el rubro de control fronterizo, los estándares republicanos prometen una "política de cero tolerancia contra las personas que cruzan la frontera ilegalmente." Estos argumentos también generan inquietudes para la defensa de los derechos humanos. Hemos documentado cómo la persecución penal (en oposición a la regulación civil) de personas detenidas por el simple acto no violento, de cruzar la frontera de forma ilegal, abrumar el sistema de justicia penal federal y acomete contra los inmigrantes que repetidamente están intentando cruzar la frontera con el único propósito de regresar junto a sus familias. Una política de "cero tolerancia" en este ámbito sería un paso retrogrado.
Diversos comentarios sostienen que la introducción de la propuesta representa un símbolo de progreso y buena voluntad por parte del Partido Republicano para aprobar una reforma migratoria este año. Estamos ansiosos de que esto suceda. Sin embargo, los legisladores deberían adoptar reformas que sean consistentes con los principios de derechos humanos de Estados Unidos, la equidad, la unidad familiar y la protección de los más vulnerables.
