Cuando el gobierno de Estados Unidos publicó sus resultados estadísticos para el año fiscal 2013, funcionarios señalaron que más de la mitad (60 por ciento) de los más de 368.000 inmigrantes deportados tenían condenas penales. El gobierno del presidente Barack Obama ha afirmado durante mucho tiempoque centra la persecución sobre los delincuentes graves: “extranjeros condenados por delitos, con un énfasis particular en los criminales violentos, delincuentes y reincidentes”. Las nuevas cifras, según las autoridades, confirman eso.
¿Pero es verdad eso? Es difícil de decir, ya que el gobierno no reveló un desglose de los tipos de condenas que desencadenaron las deportaciones, sino que, en su lugar, las dividió en las imprecisas y poco informativas categorías de “Nivel 1”, “Nivel 2” y “Nivel 3”.
Hay razones para ser escépticos con que la mayor parte de los deportados sean de hecho criminales graves. Basta con echar un vistazo al desglose recientemente publicado para el año 2012 de las 10 categorías más comunes de delitos que han sido motivo de deportación. En primer lugar está, por primera vez en la historia, la “inmigración”, una categoría que incluye delitos como afirmar falsamente que se es ciudadano de EE.UU. y (el más común) entrar o regresar ilegalmente al país. Veinticuatro por ciento de los denominados “extranjeros criminales” tenía este tipo de delito de inmigración como su convicción más grave. La segunda categoría más frecuente de las convicciones es la representada por los “delitos de tráfico ilegal”, que ni siquiera aparecían entre los primeras 10 hasta 2008 pero que ahora representan 23 por ciento del total. (Investigaciones previas de Human Rights Watchhan revelado discrepancias similares entre la descripción del gobierno de los deportados como criminales peligrosos y la realidad; próximamente se llevará a cabo una actualización que cubra el gobierno de Obama).
Hasta hace relativamente poco, cruzar la frontera ilegalmente era tratado como un delito civil y no penal. Sólo ha sido en la última década en que estos juicios se han disparado hasta el punto de que la entrada ilegal y el reingreso sean los delitos federales más procesados. En otras palabras, el gobierno de Obama ha tenido por lo menos el mismo éxito a la hora de convertir a inmigrantes no criminales en delincuentes que en detener y deportar a criminales reales. Tal y como Human Rights Watch detalló en un informe de 2013, estos juicios involucran cada vez más a inmigrantes sin antecedentes penales o de menor importancia que están tratando de volver a entrar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares, que a menudo son ciudadanos estadounidenses.
Al alardear de sus cifras y afirmar que la ley de inmigración se centra en deportar a criminales peligrosos, el gobierno de Obama ha alimentado la peligrosa percepción errónea de que la inmigración no autorizada en sí misma representa una amenaza para la seguridad pública. Además, el gobierno de EE.UU. está gastando miles de millones de dólares y separando a decenas de miles de familias cada año, todo en nombre de perseguir esta amenaza fantasma.
