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La semana pasada, en un acto de protesta de profundo riesgo, nueve jóvenes inmigrantes indocumentados con su futuro en juego, se entregaron a las autoridades migratorias de los Estados Unidos en la frontera México-Estados Unidos.

A los cinco hombres y cuatro mujeres, que desde entonces permanecen bajo arresto en el Centro de Detención Eloy en el sur de Arizona, se les conoce como los "Dream 9" (los nueve soñadores), en referencia a la ley DREAM, el proyecto de ley federal que proporciona un camino hacia la legalización para jóvenes inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos sin su autorización, ya que algunos de ellos eran apenas unos niños. Los jóvenes tenían muy claro que al salir de los EE.UU. y exigir su reingreso al país, en el puerto fronterizo de Nogales, Arizona;  corrían el riesgo de ser excluido de la única experiencia de vida que han conocido, su vida en los Estados Unidos.

Sin embargo decidieron seguir adelante, con el propósito de exponer a la luz pública los casos de millones de personas detenidas y deportadas del país en los últimos años y con el fin de exigir una reforma migratoria integral y humana.

La acción de los nueve “soñadores” pone de relieve una serie de cuestiones que atañen a los derechos humanos. Los jóvenes se encuentran detenidos tras solicitar un permiso humanitario y asilo, algunos se encuentran en celdas de aislamiento. Esta medida es costosa e injusta, Human Rights Watch ha reportado enormes fallas en la política en materia de detención de inmigrantes de EE.UU., incluso el arresto innecesario de los solicitantes de asilo. La detención de inmigrantes, de una manera civil y no punitiva, si es absolutamente necesaria, al menos debería ser humana; pero a menudo, no lo es.

Más allá de su arresto, los nueve “soñadores” están desafiando su derecho a la reunificación familiar, un derecho que no debe desaparecer simplemente por dar un paso al otro lado de la frontera. El proyecto de ley de inmigración que recientemente fue aprobado en el Senado con un fuerte apoyo bipartidista también reconoce esa disposición: permite a algunos inmigrantes que guardan fuertes lazos con los EE.UU. solicitar un estatus legal provisional incluso después de haber sido deportados - una disposición que no parece tener el mismo apoyo en la Cámara.

El gobierno de EE.UU. debe dejar en libertad a los nueve “soñadores”.  Ellos, al igual que otros inmigrantes deportados con fuertes lazos familiares y sociales en Estados Unidos,  merecen un sistema de inmigración que respete su derecho de volver a casa.

 

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