El martes pasado, en la primera audiencia del Senado sobre la iniciativa de Ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM, por sus siglas en inglés), el senador Richard Durbin declaró que la necesidad de dar a ciertos jóvenes inmigrantes indocumentados la oportunidad de regularizar su situación es "una de las cuestiones de derechos humanos más apremiantes” que en la actualidad enfrenta Estados Unidos. Al día siguiente, en una graduación simbólica de algunos "dreamers" (estudiantes indocumentados que serían elegibles para regularizar de manera condicional su situación migratoria de acuerdo a esta ley), entre los oradores se encontraban José Antonio Vargas, el periodista ganador del premio Pulitzer y quien recientemente reveló su propia condición de indocumentado, así como algunos miembros de la "Clase deportación 2011", los estudiantes indocumentados que se encuentran en proceso de deportación o que recibieron órdenes de deportación pero que más tarde se les concedió un aplazamiento temporal.
Aprobar la Ley DREAM ayudaría a reconocer los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos siendo apenas unos niños. La Ley DREAM es un reconocimiento de que los jóvenes inmigrantes no deben ser castigados por las acciones de sus padres. La Ley DREAM ayudaría a preservar la unidad familiar y los lazos comunitarios de los jóvenes inmigrantes, y ayudaría a protegerlos de la violencia y los malos tratos, a los que son particularmente vulnerables.
Bajo la ley actual de inmigración, Estados Unidos es libre para separar a un inmigrante que ha residido por largo tiempo en este país de su cultura, familia, raíces educativas, sociales y religiosas, simplemente por decisión de los padres, a menudo ocurrida años atrás, de ingresar al país sin autorización. La ley DREAM busca reformar la ley de inmigración estadounidense para que no castigue a estos jóvenes por las acciones de sus padres.
El artículo 2 (2) de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Estados Unidos es signatario, establece que los Estados deberán garantizar que “el niño se vea protegido contra toda forma de …castigo” por causa de la condición o las actividades de sus padres, o de sus tutores o familiares. Para una abrumadora mayoría de los niños elegibles de acuerdo a la Ley DREAM, la persona que decidió su entrada al país sin autorización fue un progenitor, no el niño.
Human Rights Watch ha instado al Gobierno de Estados Unidos a reformar la ley de inmigración para que tenga en cuenta las conexiones que los inmigrantes han establecido dentro de sus comunidades, con el objetivo de salvaguardar los derechos protegidos por la legislación internacional. Muchos menores extranjeros trabajan duro, destacan académicamente y están altamente involucrados con sus escuelas, iglesias y comunidades. Sin embargo, bajo la actual ley estadounidense, los jueces de inmigración no están autorizados para considerar en los procedimientos de remoción las relaciones de los inmigrantes en Estados Unidos, o sus logros mientras hayan permanecido en este país. Si bien estas cuestiones de derechos humanos deben ser aplicadas a muchos otros inmigrantes que han permanecido por largo tiempo en Estados Unidos, la Ley DREAM solucionaría el problema de los jóvenes inmigrantes que han establecido vínculos particularmente fuertes en Estados Unidos.
Human Rights Watch también ha informado sobre el creciente riesgo de violencia y malos tratos que enfrentan los menores cuya situación inmigratoria no se encuentra autorizada. Un camino hacia legalizar la situación para los jóvenes elegibles bajo la Ley DREAM facilitaría que aquellos que son víctimas de la violencia y otros malos tratos reporten ante la policía dichas prácticas abusivas.
La Ley DREAM está por cumplir 10 años de edad. Ya es hora de que Estados Unidos respete los derechos de los menores extranjeros - no sólo por su bien, sino por el bien de sus familias, de sus comunidades y de su país, Estados Unidos.
