Mario Chávez comparte un momento con su esposa, Lizeth Chávez, a través de la barda fronteriza en Playas de Tijuana. Mario es ciudadano estadounidense pero no puede salir de los EE.UU. debido a que está bajo libertad condicional, y Lizeth, de nacionalidad mexicana, no tiene una visa para viajar a Estados Unidos.

© 2008 David Maung

(Washington, DC) – El gobierno estadounidense debería reformar en forma urgente su injusto sistema inmigratorio para reconocer los derechos fundamentales de personas extranjeras y ofrecer una vía para que los inmigrantes no autorizados en el país puedan regularizar su situación legal, señaló Human Rights Watch en un informe de análisis difundido hoy. Si bien las propuestas del Senado y la Casa Blanca representan una señal positiva, se deben abordar de manera más enérgica los abusos que continuamente se producen como resultado de las políticas de control migratorio.

El informe de análisis, de 19 páginas, “Una Meta al Alcance: Guía para una reforma estadounidense en materia inmigratoria que respete los derechos de todas las personas”, presenta cuatro principios básicos en los que se debería sustentar la reforma del sistema inmigratorio anticuado e ineficaz que existe en el país. El documento incluye testimonios directos de inmigrantes no autorizados cuyas vidas han sido devastadas, y de familias que han sido separadas forzosamente, por efecto de la actual legislación. Y formula 26 recomendaciones concretas al gobierno estadounidense para evitar que continúen los abusos y el sufrimiento de estas personas.

“El actual sistema inmigratorio estadounidense es insostenible en términos prácticos, económicos y morales”, aseveró Alison Parker, directora del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Con un nuevo mandato presidencial por delante, y mayor receptividad para tratar la reforma inmigratoria, el Presidente Obama y el Congreso deberían aprovechar esta oportunidad de establecer un sistema inmigratorio más justo, efectivo y humanitario”.

A partir de las investigaciones que ha llevado a cabo a lo largo de los últimos 20 años, Human Rights Watch señaló que el sistema inmigratorio estadounidense debería:

• Respetar y proteger a las familias
• Proteger a los inmigrantes frente a delitos y abusos en su lugar de trabajo
• Establecer un proceso de legalización que proteja verdaderamente los derechos
   fundamentales de los 11 millones de inmigrantes no autorizados que, según se estima,   
   viven en el país
• Enfocar las medidas de control en amenazas que sean genuinas y asegurar que se
   respeten las garantías de debido proceso de todas las personas

Entre sus recomendaciones, Human Rights Watch indicó que el gobierno estadounidense debería actualizar el sistema de inmigración basado en la familia reconociendo a los jueces que entienden en cuestiones migratorias la potestad de tomar en cuenta la unidad familiar como uno de los factores principales en todas las decisiones sobre deportación. El gobierno debería además reforzar las garantías para inmigrantes que sean víctimas de delitos y abusos en su lugar de trabajo, incluida la ampliación de los programas de visas temporales para las personas que hayan planteado reclamos válidos para obtener un resarcimiento. Y el sistema de inmigración debería mejorar la protección de los derechos de debido proceso de quienes no sean ciudadanos estadounidenses, entre otras cosas, reduciendo la cantidad enorme de detenciones por motivos de inmigración y evaluando nuevamente programas de control de inmigración que se han vuelto cada vez mas agresivos.

El proceso que se establezca para la legalización de inmigrantes no autorizados deberá estipularse de manera clara y directa, y fijar criterios justos para la selección de los beneficiarios, indicó Human Rights Watch. Debería asegurarse que accedan al programa los inmigrantes de bajos recursos, además de los inmigrantes en situación particularmente vulnerable como los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. El programa de legalización debería además reconocer los vínculos especiales que mantienen con Estados Unidos quienes han vivido en el país desde jóvenes.

“Las injusticias del sistema de inmigración estadounidense han tenido consecuencias devastadoras para millones de personas, no sólo inmigrantes no autorizados, sino además sus familias, empleadores y comunidades”, expresó Parker. “Al crear un sistema más justo, Estados Unidos podrá regular las cuestiones migratorias de manera más efectiva y asegurar la vigencia del estado de derecho”.

 

“Una Meta al Alcance” incluye historias de inmigrantes no autorizados que, a causa del actual sistema inmigratorio, afrontan graves dificultades para vivir y trabajar. A continuación se resumen algunos de estos testimonios.

  • “Alicia S.” fue detenida por no haber pagado una multa de tránsito y deportada, a pesar de que dos de sus hijas nacieron en Estados Unidos y una de ellas padece una grave enfermedad física. Ya pasaron dos años y medio desde la última vez que vio a sus hijas. La desesperación de reunirse con sus hijas hizo que intentara regresar a Estados Unidos tres veces, pero las autoridades la detectaron y ahora tiene antecedentes penales por haber regresado ilegalmente al país, lo cual constituye un delito federal.

     

  • “Mónica V.” sufrió una lesión en el lugar donde trabajaba desde hacía tres años, una planta de procesamiento de pavos en Georgia. “Cuando tuve el accidente comenzaron a mostrarse indiferentes”, contó. “Yo ya no les servía”. Sus empleadores la despidieron por no contar con autorización para trabajar. Varios años después, luego de sufrir una segunda lesión en otra planta avícola donde estaba trabajando, Mónica fue despedida nuevamente. Un supervisor le indicó que podría recuperar su empleo si mantenía relaciones sexuales con él.

     

  • “Brenda R.” vivió durante años en Dallas, Texas, con su esposo, que tiene residencia permanente, y su hija, nacida en Estados Unidos, si bien ella no tenía autorización para residir en el país. Viajó a su país de origen, México, para asistir al funeral de sus dos hijos adultos, que habían sido asesinados. Cuando intentó regresar a Dallas, fue detenida, juzgada penalmente y condenada por ingreso ilegal, un delito federal de gravedad menor. Brenda continúa en un centro de detención para inmigrantes.

     

  • “Chet”, de 67 años, y “Wei”, de 59, originario de Taiwán, son pareja desde hace dos décadas, pero Wei se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y no puede convertirse en residente permanente debido a que la ley de inmigración no reconoce las uniones entre personas del mismo sexo. Chet dijo al respecto: “Todos los días, rezamos para que cambien las leyes de inmigración y podamos vivir juntos en paz, sin el temor constante de que suceda algo que pueda provocar la deportación [de Wei]”.