A woman holds a banner in front of the Colosseum during the annual gay pride parade in Rome on June 15, 2013.

© 2013 Reuters

(Milán) – La cámara de diputados de Italia debería adoptar medidas lo más rigurosas posibles contra la discriminación y la violencia motivadas por la orientación sexual y la identidad de género. El 26 de julio de 2013, la cámara tiene previsto debatir un proyecto que propone reformar la ley actual contra la discriminación.

Italia se encuentra rezagada, en comparación con muchos de sus vecinos, con respecto al reconocimiento de que la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de sexo representa un agravio”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Ya es tiempo de que Italia transmita este mensaje en forma clara y contundente”.

El proyecto reformaría uno de los pilares de la legislación italiana en materia de lucha contra la discriminación,
la Ley Mancino de 1993, y tipificaría la instigación o ejecución de actos de discriminación o violencia motivados por “homofobia o transfobia”. El derecho italiano vigente prohíbe este tipo de actos basados en factores de raza, origen étnico, nacionalidad y religión.

El proyecto es el resultado de un compromiso de último momento en
la Comisión de Justicia para asegurar que el tema sea tratado el 26 de julio, la única oportunidad que tendrá la cámara de deliberar sobre este tema en el calendario de sesiones para los próximos meses.

La Ley Mancino otorga a los jueces la facultad discrecional de incrementar hasta la mitad del doble las penas para delitos cometidos “con fines de discriminación u odio basado en el origen étnico, nacionalidad, raza o religión”. El proyecto inicialmente preveía aumentar las penas para delitos cometidos en circunstancias agravantes que implicaran odio basado en la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, se propusieron cerca de 400 reformas, en su mayoría destinadas a debilitar o directamente anular las medidas.

La disposición que preveía el agravamiento de penas finalmente fue excluida del texto del proyecto para llegar a un consenso. Varios legisladores del partido Izquierda Ecología Libertad y del Partido Democrático, entre ellos Ivan Scalfarotto, autor del proyecto, se han comprometido a proponer una reforma que reincorpore la posibilidad de incrementar las penas cuando existan circunstancias agravantes en los delitos vinculados con homofobia o transfobia.

“Es importante incrementar las penas para delitos motivados por el odio, ya que esto transmitiría en forma inequívoca que tales delitos son absolutamente inaceptables”, observó Sunderland. “Los delitos que implican agresiones a personas por su orientación sexual o identidad de género responden al odio en igual medida que aquellos motivados por el color de su piel, y la legislación italiana debería reflejar esta realidad”.

Human Rights Watch documentó que existían problemas en la aplicación de la disposición relativa a circunstancias agravantes a través de un informe publicado en 2011 sobre la respuesta estatal ante hechos de violencia racista en Italia. En numerosas ocasiones, los fiscales y los tribunales han interpretado que la ley se aplica exclusivamente a casos en que la única motivación haya sido el odio racial. A causa de esta postura, graves delitos de racismo han sido juzgados como delitos comunes cuando se presumía que el actor tenía varios motivos para perpetrar la agresión, como por ejemplo el robo.

Si bien la postura de la justicia está evolucionando, la investigación de Human Rights Watch comprobó que la redacción restrictiva de la ley, que se refiere a un “fin” de odio en vez de una “motivación”, y el hecho de que no reconoce expresamente la posibilidad de que haya múltiples motivos, constituyen factores problemáticos. A largo plazo, el parlamento posiblemente deba también reformar el texto de la ley para aclarar que se aplica a casos en que las motivaciones han sido mixtas, indicó Human Rights Watch.

Debido a la férrea oposición encontrada, otras iniciativas similares impulsadas en 2009 y 2011 para adoptar medidas claras contra la discriminación de personas LGBT no consiguieron prosperar.