(Milán) – Italia debería proseguir con sus esfuerzos para obtener justicia por los abusos cometidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, a pesar de la decisión de Panamá de poner en libertad al ex funcionario responsable de la oficina de la CIA en Milán, reclamado por la justicia italiana, señaló hoy Human Rights Watch.
Las informaciones publicadas por la prensa señalan que las autoridades panameñas detuvieron a Robert Seldon Lady en la frontera con Costa Rica, el 18 de julio de 2013, pero lo pusieron en libertad al día siguiente. Lady fue juzgado y condenado en ausencia en Italia por estar vinculado con el secuestro de un clérigo egipcio en 2003.
“Italia hizo historia por ser el primer país que sometió a juicio a agentes –y los condenó– por la entrega ilegal [de personas] para tortura”, señaló Judith Sunderland, investigadora principal sobre Europa Occidental para Human Rights Watch. “A pesar de la oportunidad perdida, Italia debería llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de rendición de cuentas que puso en marcha”.
El fallo del máximo tribunal italiano contrasta claramente con la falta de enjuiciamiento en Estados Unidos de los agentes de la CIA involucrados en el programa de entregas ilegales, iniciado después de los atentados del 11 de Septiembre de 2001, dijo Human Rights Watch.
La máxima jurisdicción penal de Italia, el Tribunal Supremo de Casación, confirmó la condena de Lady en septiembre de 2012 y lo sentenció a nueve años de cárcel por su participación en el secuestro y la entrega. En febrero de 2003, el clérigo egipcio, Osama Moustafa Hassan Nasr –más conocido como Abu Omar– fue secuestrado y enviado a Egipto, donde según afirma, lo torturaron. Abu Omar fue secuestrado en las calles de Milán, introducido en una camioneta y enviado a Egipto en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde la base de Aviano, Italia, con escala en la base de Ramstein, Alemania.
Los 23 ciudadanos de Estados Unidos condenados por este caso fueron juzgados en ausencia en un procedimiento modificado para aumentar las garantías procesales de los acusados que no están presentes, de conformidad con un fallo de 1985 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su fallo de septiembre de 2012, el Tribunal de Casación determinó que los acusados en este caso gozaron de todos los derechos necesarios para una defensa eficaz. Lady fue representado por un abogado contratado por él mismo.
Human Rights Watch ve con preocupación que los juicios en ausencia no garanticen adecuadamente a los acusados la oportunidad de presentar su defensa, tal como requieren las normas internacionales sobre los juicios justos. Si las autoridades italianas obtuvieran la custodia de Lady, o de cualquiera de los otros acusados, éstos deberían tener derecho a solicitar un nuevo juicio ante los tribunales italianos, señaló Human Rights Watch.
Abu Omar alega que fue torturado repetidamente durante los casi cuatro años que estuvo recluido por las autoridades egipcias. Fue puesto en libertad sin cargos en febrero de 2007.
En diciembre de 2007, Abu Omar dijo a Human Rights Watch que lo habían abusado violentamente desde su llegada a Egipto. “No pueden imaginárselo… me colgaron como a una oveja en el matadero y me aplicaron electrochoques”, dijo. “Me torturaron brutalmente y podía oír los gritos de otras personas a las que también estaban torturando”.
El 30 de agosto de 2012, el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, anunció que la única investigación penal emprendida por el Departamento de Justicia acerca de los presuntos abusos de la CIA contra detenidos se cerraría. La investigación había sido dirigida por el fiscal especial John Durham. No se formularon cargos penales como resultado de esta investigación, que incluyó los casos de dos detenidos muertos después del maltrato aparente durante su custodia por agentes de Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos ha ejercido presión sobre Italia en relación con el caso de Abu Omar. Como consecuencia, en abril de 2013, el Presidente Giorgio Napolitano anuló mediante un indulto la sentencia contra el coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Joseph Romano, por su participación en la entrega. Romano, encargado de la seguridad en la Base de la Fuerza Aérea en Aviano en 2003, había sido condenado a siete años de prisión.
“Hasta ahora, Estados Unidos ha obstruido la rendición de cuentas por la tortura cometida en su ‘guerra contra el terrorismo’ de todas las formas posibles”, dijo Sunderland. “Teníamos la esperanza de que los funcionarios de justicia panameños juzgarían la petición de extradición de Lady a Italia de acuerdo con las circunstancias del caso”.
Italia emitió una orden internacional de detención contra Lady en diciembre de 2012, debido a la duración de su condena. A pesar de que había sido condenado a nueve años de cárcel, Lady solo pasaría seis años en prisión debido a las reducciones automáticas dispuestas en las directrices italianas sobre imposición de condenas.
Lady fue condenado por primera vez en ausencia el 4 de noviembre de 2009, junto con otros 22 ciudadanos de Estados Unidos y dos ciudadanos italianos. El tribunal determinó entonces que otros tres ciudadanos de Estados Unidos, entre ellos el ex jefe de la oficina de la CIA en Italia, Jeff Castelli, tenían derecho a inmunidad diplomática, y que otros cinco agentes italianos estaban protegidos por las leyes sobre secreto de estado. El fallo del Tribunal de Casación de septiembre de 2012 anuló la decisión sobre los agentes italianos y concluyó que no estaban totalmente protegidos por las leyes sobre secreto de estado de Italia, y ordenó que fueran sometidos a un nuevo juicio.
Human Rights Watch ha discrepado con los fallos judiciales sobre las protecciones de la inmunidad diplomática y el secreto de estado, partiendo de que no se debe interpretar que dicha inmunidad protege a funcionarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos.
En febrero de 2013, el Tribunal de Apelaciones de Milán condenó a Castelli a siete años de cárcel, y sentenció a seis años de prisión a otros dos agentes de la CIA que antes se habían considerado protegidos por la inmunidad diplomática. El tribunal también condenó a Nicolò Pollari, ex director del Servicio de Información y Seguridad Militar (SISMI) de Italia, a diez años de prisión, y al antiguo subdirector del SISMI, Marco Mancini, a nueve años, y a seis años de cárcel respectivamente a tres agentes del SISMI.
