(Milán) – La sentencia dictada por el más alto tribunal italiano, en la cual se confirma la condena impuesta a 23 agentes estadounidenses, contrasta notoriamente con la inacción de Estados Unidos, que no ha juzgado a ninguno de los funcionarios involucrados en el programa ilegal de rendiciones extrajudiciales que implementó la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (Central Intelligence Agency, CIA), señaló hoy Human Rights Watch. El 19 de septiembre de 2012, la Corte Suprema de Casación convalidó las condenas impuestas contra 22 agentes de la CIA y un funcionario de la Fuerza Aérea por el secuestro del imán egipcio Abu Omar, ocurrido en febrero de 2003.

“El gobierno de Obama debería interpretar la condena emitida por Italia como una señal de que otros países no permitirán que queden impunes funcionarios estadounidenses responsables de torturas y rendiciones extrajudiciales ilícitas”, indicó Andrea Prasow, especialista sénior en lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “Dado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no pareciera tener interés alguno en investigar y juzgar estos gravísimos delitos, otros países deben impulsar sus propias causas contra funcionarios estadounidenses”.

El 4 de noviembre de 2009, un tribunal penal italiano condenó a estos 23 estadounidenses en ausenciay a otros dos ciudadanos italianos.

La decisión del tribunal italiano pone en evidencia que el gobierno estadounidense no adoptó ninguna medida para llevar a estos agentes de la CIA y otros altos funcionarios ante la justicia en relación con numerosas denuncias documentadas sobre torturas, malos tratos y rendiciones extrajudiciales ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de George W. Bush, manifestó Human Rights Watch. Solamente se han aplicado penas de prisión a unos pocos militares de bajo rango.

El 30 de agosto, el fiscal general de Estados Unidos Eric Holder anunció que se cerraría la única investigación penal iniciada por el Departamento de Justicia sobre supuestos abusos contra personas bajo custodia de la CIA, impulsada por el fiscal especial John Durham. Ninguna persona fue acusada penalmente en el marco de esta investigación, incluidos los casos de dos detenidos que murieron presuntamente a causa de maltratos sufridos mientras se encontraban bajo custodia de autoridades estadounidenses.

“Los funcionarios estadounidenses deberían sentirse profundamente avergonzados de que el gobierno italiano haya tenido la valentía de hacer lo que no ha hecho el gobierno de Obama: juzgar a personas que cometieron torturas”, indicó Prasow. “Abu Omar es tan sólo una de las numerosas víctimas del programa de entregas extraordinarias de la CIA, y hay muchos otros casos que deben ser investigados”.

Abu Omar fue secuestrado mientras caminaba por una calle de Milán el 17 de febrero de 2003. Sus captores lo condujeron hasta la Base Aérea de Aviano, en el noreste de Italia, y allí lo habrían trasladado en un avión a la Base Aérea de Ramstein, en Alemania, desde donde fue llevado a Egipto. Afirma haber sido torturado en forma reiterada durante los casi cuatro años que permaneció detenido en Egipto. En febrero de 2007, fue liberado sin que se formularan cargos en su contra.

En diciembre de 2007, Abu Omar contó a Human Rights Watch que fue violentamente torturado al llegar a Egipto. “No pueden imaginarlo… Me colgaron como un cordero degollado y me aplicaron descargas eléctricas”, afirmó Abu Omar. “Fui torturado brutalmente, y pude escuchar los gritos de otras personas que también estaban siendo torturadas”.

En un primer momento, las autoridades italianas acusaron a 26 ciudadanos estadounidenses (todos ellos, salvo uno, supuestos agentes de la CIA) y a siete italianos que pertenecían al servicio de inteligencia militar de Italia, el SISMI. En una primera sentencia, la justicia determinó que tres de los 26 estadounidenses gozaban de inmunidad diplomática, y que cinco de los ciudadanos italianos estaban alcanzados por las leyes sobre secreto de Estado. Según indicaron los medios, la decisión del 19 de septiembre dejó sin efecto el pronunciamiento sobre los agentes italianos, al determinar que no estaban plenamente protegidos por las leyes italianas sobre secreto de Estado, y dispuso que debía celebrarse un nuevo juicio. Human Rights Watch no estuvo de acuerdo con la interpretación que ofreció el tribunal de primera instancia sobre las garantías de inmunidad diplomática, en tanto no debe entenderse que dicha inmunidad permita proteger a funcionarios que han cometido graves violaciones de derechos humanos.

Entre los ciudadanos italianos acusados en esta causa se encuentran el general Nicolo Pollari, ex titular del SISMI, quien fue obligado a renunciar por el secuestro y la entrega extrajudicial de Abu Omar, y su antiguo subdirector, Marco Mancini.

Entre los acusados de nacionalidad estadounidense hay 22 presuntos ex agentes de la CIA, entre ellos Robert Seldon Lady, entonces jefe de la CIA en Milán, y el teniente coronel de la Fuerza Aérea estadounidense Joseph Romano, quien se encontraba asignado a la base militar de Aviano, en el noreste de Italia, en la época en que se produjeron los sucesos. De acuerdo con informes de la prensa, el tribunal confirmó la pena de siete años de prisión para todos los condenados, excepto Lady, que recibió una pena de nueve años.

Human Rights Watch teme que los juicios en ausencia no ofrezcan a los acusados una posibilidad adecuada de ejercer su defensa, como lo exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si las autoridades italianas en algún momento consiguen detener a estos acusados, Human Rights Watch considera que deberían recibir un nuevo juicio.