Los ciudadanos de Guinea Ecuatorial acudirán a las urnas el 26 de mayo de 2013 para elegir a los miembros que integrarán el nuevo parlamento y a concejales en todo el país. Por primera vez, los votantes también elegirán a 55 miembros de un nuevo Senado que se conformará según las disposiciones del nuevo texto de la constitución, promulgado en febrero de 2012. Los otros 15 serán designados directamente por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Las tres organizaciones de derechos humanos han registrado denuncias frecuentes sobre violaciones de derechos humanos —algunas en períodos próximos a elecciones— que se han cometido impunemente. A poco de las elecciones del 26 de mayo, Amnistía Internacional, EG Justice y Human Rights Watch desean alertar sobre una serie de problemas de derechos humanos, que se indican a continuación.
Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben asegurar el derecho de los ciudadanos del país a expresar libremente su postura y sus preferencias en los comicios.
Detenciones que responden a motivos políticos
Desde comienzos de año, la oposición política ha denunciado hostigamiento e intimidación de sus miembros y otras personas que son percibidas como partidarias en distintos puntos del país. Amnistía Internacional, EG Justice y Human Rights Watch no han tenido oportunidad de investigar en forma independiente estos acontecimientos más recientes. Si se reiteran los patrones hasta el momento, es posible que las denuncias sobre este tipo de incidentes aumenten notablemente antes de la votación como durante esta.
El país sufrió una oleada de detenciones por motivos políticos durante 2012. El 4 de diciembre, Daniel Darío Martínez Ayécaba, jefe del partido de oposición Unión Popular, fue arrestado sin que mediara orden judicial en el aeropuerto de Malabo cuando estaba por viajar a Madrid, adonde asistiría a una conferencia auspiciada por una organización opositora con sede en España. Martínez fue liberado en forma condicional más tarde ese mismo día, pero las autoridades retuvieron su pasaporte, le ordenaron que se presentara diariamente ante las fuerzas de seguridad y le prohibieron abandonar la ciudad. Estas condiciones fueron canceladas posteriormente.
El Dr. Wenceslao Mansogo Alo, defensor de derechos humanos y miembro de la oposición, estuvo cuatro meses en prisión por cargos de índole política, y finalmente fue indultado en junio de 2012. Tras apelar la condena y la pena impuestas, espera actualmente que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al respecto. En abril de 2012, Ponciano Mbomio Nvó, uno de los abogados de Mansogo que además defiende habitualmente a opositores políticos, fue suspendido en el ejercicio de su matrícula profesional por afirmar ante la justicia que el gobierno había perseguido al Dr. Mansogo por razones políticas.
En situaciones de intento real o presunto de golpe de estado, el gobierno de Obiang y su partido gobernante a menudo invocan “razones de seguridad” como argumento para encerrar a opositores o personas que son percibidas como tales. Se suscitaron algunos casos en los últimos meses, y es posible que haya nuevos a medida que se intensifica la campaña electoral.
Agustín Esono Nsogo, de profesión docente, fue detenido en su vivienda de Bata el 17 de octubre, y luego trasladado a la prisión de Black Beach en Malabo, donde permanece desde hace más de seis meses sin ningún tipo de acusación o proceso judicial. Su abogado, Fabián Nsue Nguema, indicó a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que Esono estuvo incomunicado durante al menos una semana y también fue torturado. La policía acusó a Esono de participar en un complot para desestabilizar al país, supuestamente siguiendo instrucciones de un ex líder de oposición exiliado en España. El mismo Nsue fue víctima de desaparición forzada cuando intentaba visitar a su cliente en prisión. Nsue fue arrestado ilegalmente y retenido de manera secreta y en condiciones de incomunicación durante ocho días hasta que, debido a presiones de la comunidad internacional, fue liberado sin que se formularan cargos.
En otro caso sobre “seguridad”, varias personas fueron detenidas en Malabo, Bata y Mongomo el 12 y 13 de marzo de 2013 por estar supuestamente implicadas en un complot contra el Estado, conforme indicaron varias fuentes en Guinea Ecuatorial que dialogaron con Amnistía Internacional. Todos los detenidos negaron las acusaciones y, luego de permanecer una semana en la estación central de policía de Malabo, la mayoría fueron liberados sin que se presentaran cargos.
No obstante, uno de ellos, el ciudadano de Guinea Ecuatorial Eleuterio Esono, quien había regresado a principios de año al país luego de estar exiliado en Suecia, aún continúa preso. No se le ha imputado ningún delito, ni tampoco fue llevado ante la justicia durante las primeras 72 horas para que se autorizara legalmente su detención, conforme lo exige la legislación nacional. Cinco ciudadanos extranjeros cuyo único vínculo con el presunto complot sería haber alquilado habitaciones a una de las personas detenidas y posteriormente liberadas, continúan detenidos en la estación de policía de Bata. No se han presentado cargos contra ninguno de ellos, ni tampoco su detención ha sido legalizada por un juez.
Límites a libertades fundamentales
Si bien la ley garantiza la libertad de expresión, reunión y asociación, estas libertades no se han respetado.
Casi no existe en Guinea Ecuatorial una prensa libre, lo cual inhibe el debate público en general, y también en temas vinculados con la elección. El acceso por parte de partidos políticos de oposición a los medios oficiales es limitado, y esto los sitúa en una posición de desventaja, especialmente cuando compiten por cargos electivos. La cobertura informativa tendenciosa que ofrecen los medios bajo el control del gobierno favorece ampliamente al partido gobernante.
Los periodistas de medios que pertenecen al Estado no tienen posibilidad de criticar al gobierno ni analizar temas que incomodan a las autoridades sin exponerse a censura o represalias. La mayoría de los pocos medios de comunicación privados son propiedad de personas cercanas al presidente Obiang. Y la autocensura es un fenómeno común.
Aún no resulta claro si el gobierno tiene previsto otorgar visas a los periodistas extranjeros interesados en cubrir las elecciones. Durante 2012, hubo algunas mejoras en el acceso a Guinea Ecuatorial por parte de periodistas internacionales que buscan asistir a eventos importantes en el país. No obstante, hubo versiones de que varios de ellos fueron perseguidos o intimidados. En 2011, el gobierno detuvo a varios periodistas extranjeros que contaban con permisos de prensa, y confiscó las grabaciones de video y fotografías que habían tomado. En un caso, el gobierno detuvo y expulsó del país a periodistas extranjeros que tenían permisos de prensa.
Las autoridades han rechazado los reclamos de partidos políticos de oposición para que se permita organizar manifestaciones y actos pacíficos, incluidos los del 1 de mayo.
Asimismo, EG Justice y HRW han expresado preocupación por los preparativos para la elección y las restricciones al monitoreo electoral.
Parcialidad en los procesos electorales
Si bien el gobierno proporciona fondos de campaña a todos los partidos políticos reconocidos, los líderes de la oposición afirman que los fondos públicos que reciben son insuficientes para llevar a cabo una campaña de alcance nacional y que el partido gobernante se beneficia desproporcionadamente, mediante un mayor acceso a fondos y recursos del Estado.
A pesar de que la inscripción de los votantes en los padrones se completó en septiembre y fue aprobada en febrero, a principios de mayo las listas electorales aún no se habían difundido.
El país no cuenta con un organismo independiente e imparcial que se ocupe de supervisar el proceso electoral o evaluar denuncias vinculadas con elecciones. La Junta Electoral Nacional actúa bajo el control del partido gobernante y está encabezada por el Ministro del Interior, uno de los principales miembros del partido gobernante.
Serias restricciones a observadores
Una Orden de la Presidencia dictada el 28 de marzo, donde se establecen los términos y condiciones para los observadores electorales internacionales, no permite que estos efectúen una supervisión independiente. Las condiciones establecidas son incompatibles con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones avalados por organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la observación de elecciones, incluida la Unión Africana. La Orden de la Presidencia restringe la independencia y libertad de circulación de los monitores electorales extranjeros de distintas maneras:
- Se permitirá a los observadores trasladarse para presenciar votaciones únicamente “de acuerdo al programa establecido al efecto por el Gobierno” (arts. 11, 12 y 18).
- Deberán comunicar “problemas” o “anomalías” directamente al gobierno (arts. 20 y 22).
- Su posibilidad de dialogar con los “medios de comunicación oficiales” sobre sus “actividades” durante la votación está sujeta a aprobación del Ministerio de Información (art. 21).
- Podrán hacer públicas sus conclusiones una vez concluida la votación, pero el contenido de sus declaraciones deberá ser coordinado con la Junta Electoral Nacional, controlada por el partido gobernante (arts. 24 y 25).
- Se les prohíbe “intervenir” en “asuntos políticos” o formular “declaraciones controvertidas” sobre las autoridades electorales, o comentarios “denigrantes” sobre el Gobierno, los partidos políticos o candidatos (arts. 4, 22 y 23).
