(Washington, DC) – El último caso de detención arbitraria de un líder político opositor en Guinea Ecuatorial, ocurrido el 4 de diciembre de 2012, genera preocupación por las condiciones de derechos humanos en ese país durante el período previo a las elecciones legislativas que tendrán lugar durante la primera mitad de 2013, señalaron hoy EG Justice y Human Rights Watch. Desde noviembre de 2011, el gobierno detuvo al menos a cuatro miembros prominentes de la ya asediada oposición política del país.

El 4 de diciembre de 2012, a las 9:00 a.m., Daniel Darío Martínez Ayécaba, jefe del partido Unión Popular, fue arrestado sin la correspondiente orden judicial en el aeropuerto de Malabo cuando se proponía abordar un avión a Madrid para asistir a una conferencia auspiciada por una organización opositora con sede en España. Darío contó a EG Justice, una organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho en Guinea Ecuatorial, que fue llevado a la prisión central de Malabo, conocida como “Guantánamo”, para ser interrogado. Si bien Darío fue liberado en forma condicional a las 3:00 p.m., las autoridades retuvieron su pasaporte, le ordenaron que se presentara diariamente ante las fuerzas de seguridad y le prohibieron abandonar la ciudad.

“La persecución de opositores no contribuirá a generar confianza de que las próximas elecciones sean transparentes”, indicó  Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “El momento en que se produjo esta detención permite sospechar que el gobierno esté intentando debilitar aun más a la oposición antes de las elecciones legislativas”.

Si bien todavía no se ha anunciado una fecha para las elecciones legislativas, el gobierno ha indicado que prevé celebrarlas a principios de 2013. En última instancia, deberían organizarse antes de mediados de año, ya que la ley exige que se celebren cada cinco años. La composición actual del parlamento fue elegida en mayo de 2008.

La oposición del país ocupa solamente uno de los 100 escaños del parlamento, que se conoce como Cámara de Representantes. Las reformas constitucionales aprobadas en noviembre de 2011 proponen crear un parlamento bicameral que incorpore un Senado integrado por 75 miembros. El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo podrá designar en forma directa a 15 de sus miembros.

La detención de Darío se produjo pocas semanas después de la detención ilegal de Fabián Nsue Nguema, un prestigioso abogado de derechos humanos que tiene además un rol activo en un partido de oposición. Nsue se desempeñó anteriormente como secretario general del partido Unión Popular. También ha defendido en numerosas oportunidades a políticos de oposición ante la justicia.

Previamente en 2012, el médico Wenceslao Mansogo Alo, quien además de defensor de derechos humanos es uno de los líderes del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS),  fue condenado a prisión en el marco de un proceso judicial impulsado por motivos políticos.  Posteriormente fue liberado mediante un indulto presidencial, en junio pasado. Sin embargo, aún siguen vigentes otras sanciones aplicadas, como la suspensión de su licencia médica y otras cuantiosas multas, que están siendo apeladas por Mansogo.

En abril, uno de los abogados de Mansogo, Ponciano Mbomio Nvó, fue suspendido en el ejercicio profesional de la abogacía por un período de dos años tras señalar que la causa contra Mansogo respondía a intereses políticos. Al igual que Nsue, Mbomio ha defendido en varias ocasiones a políticos de oposición que estaban en la cárcel, una tarea que ya no podrá continuar debido a la suspensión. Mbomio presentó una denuncia ante la Unión Internacional de Abogados, en la cual solicitó la anulación de la orden de suspensión dispuesta por la asociación de abogados de Guinea Ecuatorial.

No es la primera vez que en Guinea Ecuatorial se persigue a opositores políticos en vísperas de importantes momentos políticos. Marcial Abaga Barril, el representante de la CPDS en la Junta Electoral Nacional durante 2011, fue detenido sin una orden judicial cuando se encontraba afuera de su vivienda, supuestamente en relación con una investigación de asesinato, en noviembre de 2011. Fue liberado tres días después sin que se formularan cargos en su contra.

La detención de Abaga se produjo a pocos días de que se iniciara la campaña del referéndum del  13 de noviembre para aprobar una serie de reformas constitucionales propuestas por el gobierno del presidente Obiang y a las cuales Abaga se había opuesto en forma categórica.

“Los compromisos expresados por el gobierno de Obiang relativos al respeto de los derechos humanos pierden plausibilidad en vista de la persistencia de abusos”, señaló Tutu Alicante, director de EG Justice. “Esta última detención permite dudar de que el gobierno esté dispuesto a emprender las reformas genuinas que tanto se necesitan en Guinea Ecuatorial”.