Argentina debería efectuar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires para dispersar una manifestación que se llevó a cabo en un hospital público de salud mental.
A pesar de una medida cautelar dictada por la justicia, el gobierno de la ciudad anunció que seguiría adelante con la demolición de un edificio utilizado por pacientes del Hospital José T. Borda para aprender los oficios de herrería y carpintería, con el fin de construir en ese mismo sitio un “centro cívico” del gobierno. Al menos 100 policías se presentaron en el lugar a las 5 a.m. del 26 de abril de 2013. Médicos, personal de enfermería, representantes sindicales y legisladores acudieron luego al predio para manifestar su descontento con los planes de demolición del gobierno.
La Defensoría del Pueblo de la ciudad emitió un comunicado en el cual señaló que durante la mañana miembros de la policía habrían empleado fuerza excesiva para dispersar la manifestación. Según trascendió en los medios de comunicación, decenas de civiles, incluidos pacientes y periodistas, y también 17 policías resultaron heridos en los hechos de violencia que se produjeron a continuación. También se informó a través de los medios que ocho manifestantes fueron detenidos y posteriormente liberados ese mismo día.
“Los funcionarios del gobierno y la policía de la Ciudad de Buenos Aires están obligados a respetar plenamente los derechos de manifestantes y transeúntes cuando se realizan operativos de seguridad durante protestas públicas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Cualquier uso ilegítimo de la fuerza para dispersar una manifestación debería ser investigado seriamente, y los responsables deben rendir cuentas por su actuación”.
Funcionarios de la ciudad señalaron en declaraciones a los medios que investigarían las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, pero defendieron el accionar policial.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley disponen que estos funcionarios, en el desempeño de sus funciones, deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Cuando el empleo legítimo de la fuerza y las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito. El cumplimiento del objetivo legítimo requiere reducir al mínimo los daños y las lesiones, y proteger la vida humana.
