Lo primero que se aprende en la Escuela de los Autócratas es a mantener aislada a la población. Cuando las personas se unifican para promover una idea política, adquieren mayor confianza en sus posturas y su voz colectiva se vuelve más poderosa. En cambio, cuando la sociedad se encuentra atomizada, es más posible que prevalezca el temor, y las personas que actúan individualmente tienen mayores dificultades para hacer oír su opinión.

Es habitual que las personas se asocien para conformar una organización no gubernamental (ONG). Por ello, cuando los autócratas intentan amedrentar a la sociedad, y evitar así que sus miembros actúen concertadamente para exigir cambios, restringir la actividad de las ONG se convierte en una prioridad clave. Dado que optar por prohibir llanamente a las ONG implica un cercenamiento demasiado evidente de la libertad de asociación, hoy en día los autócratas recurren a estrategias más sutiles. Cada vez con mayor frecuencia, se observa una técnica que se ejecuta en dos etapas: primero se genera suficiente temor para que pocos residentes se atrevan a financiar a una ONG, como por ejemplo una organización de derechos humanos, que sea verdaderamente independiente o pueda criticar al gobierno, y luego se invocan argumentos nacionalistas o se apela a los supuestos peligros de la injerencia externa para prohibir o restringir el financiamiento extranjero de ONG. 

Etiopía aprobó en 2009 una ley que prohíbe a organizaciones de derechos humanos recibir más del 10 por ciento de su financiamiento del exterior. Esta medida ha diezmado al movimiento de defensa de los derechos humanos en el país. En 2012, Rusia sancionó una ley por la cual exige a las ONG que reciban fondos del exterior que se declaren como “agentes extranjeros”. Diversas organizaciones de derechos humanos rusas se han negado a cumplir ese requisito, aun ante la posibilidad de ser objeto de acciones penales, debido al efecto profundamente estigmatizador de esta calificación. Actualmente, Egipto está tratando la aprobación de una ley que habilitaría al gobierno a determinar qué ONG pueden recibir financiamiento extranjero. Esto permitiría que el gobierno seleccione a organizaciones afines, aprobando los fondos destinados a aquellas que son obsecuentes con el poder político y rechazando el financiamiento de otras organizaciones de línea crítica.

Ahora bien, ¿por qué los fondos extranjeros se consideran perniciosos cuando están destinados a ONG pero no parecen controvertidos cuando son recibidos por otros? El gobierno etíope es uno de los principales receptores de asistencia en África, ¿acaso por ello es subversivo? El gobierno ruso obtiene sus recursos de la venta de petróleo y gas natural a compradores extranjeros: ¿constituye este comercio una traición a la patria? El gobierno egipcio recibe miles de millones de dólares a través de la asistencia militar estadounidense y está negociando la obtención de préstamos del FMI por varios miles de millones más: ¿implica esto algún tipo de deslealtad?

Ciertamente no. Entonces, ¿por qué debería estar mal que las ONG pidan asistencia financiera a colegas en el exterior? Con el apoyo constante de fondos extranjeros, los gobiernos impulsan su propia agenda política. Lo mismo hacen las empresas y las fuerzas militares. ¿Por qué solamente las ONG deberían ser objeto de restricción? Pareciera que en verdad su pecado no es aceptar aportes extranjeros, sino criticar al gobierno. 

Aplicar restricciones a las ONG podrá ser la regla fundamental de la Escuela de los Autócratas, pero la realidad es que ello vulnera los principios básicos de cualquier sociedad democrática. Las elecciones, por sí solas, no ofrecen una oportunidad suficiente para que el público pueda incidir en las decisiones del gobierno. El simple acto de votar, sin duda importante, es en sí mismo un instrumento demasiado limitado para que los ciudadanos puedan expresar su opinión. Lo máximo que podría decirse es que con el voto las personas expresan su adhesión a un partido político (es decir, a una tendencia u orientación), pero ese voto periódico no implica conformidad ciega con todas las decisiones que puede adoptar un partido sobre las distintas cuestiones —algunas de ellas previsibles, y otras no— que se plantean diariamente en la gestión de gobierno.

Y es en este sentido que los derechos de libertad de expresión y asociación adquieren particular relevancia. Las personas necesitan tener libertad para hablar abiertamente sobre distintos temas en el momento en que se manifiestan, y no únicamente el día de los comicios. Y el modo en que cada persona puede amplificar su voz es justamente a través de portavoces como los medios sociales y la prensa, y la posibilidad de reunirse con personas de ideas similares mediante grupos como las ONG. Las ONG de derechos humanos se ocupan además de defender a aquellos cuyas voces pretenden silenciar algunos gobiernos. 

No es ninguna novedad que las ONG, al igual que los medios de comunicación, a veces critican las decisiones de los gobiernos. Pero esto no equivale a subversión, sino que representa la esencia misma de la democracia. Cualquier intento de los gobiernos por prohibir el financiamiento destinado a opositores o canalizar los recursos sólo a aquellas organizaciones que repiten mecánicamente la posición oficial atenta contra este rol democrático fundamental.

Con esto no se sugiere que todo esté permitido para las ONG. Al igual que cualquier otro actor, no debe admitirse que participen en actos criminales. Cuando un miembro de una ONG esté verdaderamente involucrado en una conspiración para derrocar a las autoridades del Estado o cometer algún acto que haya sido legítimamente prohibido, deberá ser juzgado de conformidad con las normas comunes del Código Penal. No hay necesidad de imponer otras restricciones específicas a las ONG.

Cualquier reglamentación que se aplique a las ONG debería tomar en cuenta su actuación, y no cuál es el origen del financiamiento que reciben. En la medida en que una organización se dedique a la incidencia por medios pacíficos, aun si ello implica el disenso crítico, debería poder gozar del derecho a hacerlo, con independencia de quién la financie.