Bosco Ntaganda posa para una fotografía en Goma, República Democrática del Congo, el 5 de octubre de 2010.

© 2010 Reuters

(Washington, DC) - El gobierno de Estados Unidos estaría realizando los preparativos necesarios para trasladar al líder rebelde congoleño Bosco Ntaganda al Tribunal Penal Internacional (TPI) donde sería juzgado por crímenes de guerra y contra la Humanidad. Ntaganda se entregó en la Embajada de Estados Unidos en Kigali, Rwanda, el 18 de marzo de 2013.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que Ntaganda se encuentra en la embajada e indicó que se realizan consultas con otros gobiernos para facilitar la única petición de Ntaganda de ser transferido a la Corte Penal Internacional en La Haya. Desde hace varios años, EE.UU.  solicitó la detención de Ntaganda y su traslado al Tribunal Penal Internacional. A principios de 2013 Ntaganda ingresó a la lista del "Programa de Recompensas de Crímenes de Guerra", que ofrece una retribución económica por información que conduzca al arresto de sospechosos buscados por la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales. 

“Durante más de una década, Bosco Ntaganda dirigió tropas que asesinaron, violaron y saquearon zonas en el este del Congo", dijo Ida Sawyer, investigadora principal de África para Human Rights Watch. "Estados Unidos ha sido, durante mucho tiempo, una voz enérgica que apelaba la detención de Ntaganda. Ahora debe asegurar que finalmente encare la justicia, al igual que las víctimas de sus abusos quienes han esperado demasiado tiempo.”

No está claro por qué Ntaganda repentinamente se entregó  a la embajada de EE.UU. y pidió ser transferido al TPI. En días recientes una disputa entre dos fracciones del grupo rebelde M23, encabezado por Ntaganda y otros comandantes, dio lugar a divisiones y a la formación de un grupo opuesto a Ntaganda que aparentemente ganó la disputa.

El Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Ntaganda en 2006 bajo cargos de crímenes de guerra, entre estos, reclutar y alistar a niños menores de 15 años como soldados y utilizarlos en combate durante el tiempo en que fue comandante de las operaciones militares de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), un grupo rebelde que operó en el distrito de Ituri en el noreste de Congo durante 2002-2003. Su antiguo aliado Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la TPI y enfrenta cargos similares. En julio de 2012 la Corte emitió una segunda orden de arresto contra Ntaganda por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos, asesinato, violación, esclavitud sexual, robo y persecuciones cometidas presuntamente durante el mismo período.

En los años posteriores a los combates de 2002-2003, Ntaganda se unió a diversos grupos armados y lideró tropas responsables de serios abusos ocurridos en las provincias de Kivu al este del Congo. En enero de 2009, bajo un acuerdo de paz que puso fin a una rebelión, el gobierno congoleño le permitió formar parte del Ejército donde fue ascendido al rango de general. Ntaganda ocupó ese cargo hasta que él y varias de sus seguidores realizaron  un motín y constituyeron un nuevo grupo rebelde denominado el M23, en abril de 2012.  Desde su creación, el grupo armado recibió un apoyo importante de funcionarios militares ruandeses, de acuerdo con investigaciones de Human Rights Watch. El año pasado, rebeldes del M23 cometieron numerosos crímenes de guerra, asesinatos, violaciones y reclutamiento de niños.

El TPI no cuenta con una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los gobiernos para llevar a cabo las órdenes de arrestos pendientes. Los Estados Unidos  no reconoce al órgano judicial internacional y no han firmado el Estatuto de Roma por lo tanto no tiene la obligación legal de cooperar o ejecutar las órdenes de la corte. Sin embargo, puede hacerlo.

La integración de ex caudillos de Ntaganda en el ejército congoleño, muchos de ellos notados violadores de los derechos humanos, ha fomentado una cultura que alienta, y no disuade, los abusos graves. En el contexto de las negociaciones de paz que actualmente se realizan con la M23 en Kampala, Uganda, el gobierno congoleño debe honrar su compromiso de no reintegrar a conocidos violadores de los derechos humanos en el ejército.

"La comparecencia de Ntaganda en el banquillo de los acusados ante un juicio justo y creíble en la Corte Penal Internacional enviará un fuerte mensaje y será una advertencia para otros violadores de derechos humanos de que algún día también enfrentarán a la justicia ", dijo Sawyer. "El gobierno congoleño debe desempeñar su parte en la investigación de crímenes de guerra por el ejército y legítimamente juzgar a los responsables."

 

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