Un presunto plan para transferir el programa de ejecuciones selectivas estadounidense de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency) al Departamento de Defensa podría optimizar la transparencia y rendición de cuentas, aunque subsistirían algunos aspectos preocupantes de este programa, señaló hoy Human Rights Watch. Según un informe de prensa publicado recientemente, que Human Rights Watch no pudo verificar de manera independiente, el gobierno de Obama estaría evaluando la posibilidad de realizar ese traspaso.
La supervisión de las “ejecuciones selectivas” —ataques deliberados y mortales dirigidos a personas y grupos específicos— por parte de la CIA ha tenido como resultado una cantidad aún desconocida de víctimas fatales entre la población civil y no ha proporcionado una adecuada rendición de cuentas ni tampoco ningún tipo de resarcimiento para las víctimas de abusos, manifestó Human Rights Watch.
“Una agencia de inteligencia secreta que no respeta las normas internacionales para investigar presuntos abusos no debería llevar a cabo acciones que, en definitiva, constituyen ataques militares de Estados Unidos”, señaló Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “Lograr que estos ataques sean controlados por militares podría aportar mayor transparencia y rendición de cuentas al público”.
Después de los ataques a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush inició una campaña de ejecución selectiva contra supuestos miembros de Al Qaeda y las denominadas fuerzas asociadas. La frecuencia de las ejecuciones selectivas ha aumentado drásticamente durante el gobierno del presidente Barack Obama. Algunos de estos ataques se llevaron a cabo por el Ejército estadounidense en Afganistán, y se cree que muchos otros habrían sido ejecutados por la CIA en otros lugares, como Pakistán, Somalia y Yemen, utilizando aeronaves de combate no tripuladas equipadas con misiles y bombas guiadas por láser. Estados Unidos reconoce oficialmente el rol que desempeñaron militares estadounidenses en algunos operativos de ejecución selectiva, pero continúa negando la actuación de la CIA.
Aunque funcionarios del gobierno estadounidense sostuvieron que los operativos de ejecución selectiva cumplen plenamente con lo establecido en la normativa aplicable y han provocado un número mínimo de muertes de civiles, el gobierno de Obama no ha reconocido a los observadores independientes, ni tampoco a las comisiones del Congreso de Estados Unidos que tienen responsabilidades de supervisión, ninguna capacidad significativa para analizar estas afirmaciones.
En febrero de 2013, se filtró a los medios un “Libro Blanco” (white paper), elaborado por el Departamento de Justicia, donde se resumen argumentos jurídicos que presuntamente justifican el uso de ataques selectivos contra ciudadanos estadounidenses en el extranjero. No obstante, Estados Unidos aún debe hacer públicos otros documentos oficiales que expliquen cuáles son los fundamentos jurídicos para llevar a cabo las ejecuciones, o las razones que exhiban la necesidad de recurrir a tales ataques. Estados Unidos se ha negado a informar públicamente cuántas personas fueron ejecutadas en el marco del programa. El senador Lindsey Graham, quien ha defendido el programa de ejecuciones selectivas, declaró en febrero que Estados Unidos ha provocado la muerte de 4.700 personas en ataques perpetrados por aviones no tripulados.
Human Rights Watch exhortó en previas ocasiones a que los ataques teledirigidos estuvieran exclusivamente bajo de la responsabilidad de los superiores de las fuerzas armadas estadounidenses. El Ejército tiene procedimientos más transparentes para investigar posibles irregularidades y ha estado tradicionalmente bajo supervisión jurídica, aunque también debe asegurar e indicar claramente que está llevando a cabo ataques que observan los requisitos de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
En caso de que el programa de ejecuciones selectivas pase a estar bajo control militar, Human Rights Watch instó al Departamento de Defensa a que adopte la política de reconocer todos los ataques después de que se produzcan, y explique a quiénes se dirigieron y cuál fue su fundamentación jurídica.
“El objetivo que se busca al traspasar a las fuerzas militares estadounidenses los ataques teledirigidos se vería frustrado si también se traslada la práctica de la CIA de negarse a reconocer los ataques”, expresó Pitter.
Human Rights Watch instó al gobierno de Estados Unidos a que aclare, públicamente y de manera exhaustiva, cuál es la justificación jurídica para llevar a cabo ejecuciones selectivas y cuáles son los límites lícitos de estos ataques. Estados Unidos también debería explicar por qué considera que los ataque específicos cumplen con las normas del derecho internacional así como difundir información, incluso a través de grabaciones de video, sobre cómo los ataques específicos se adecuan a estos estándares.
Para garantizar que se cumpla el derecho internacional, Estados Unidos debería llevar a cabo investigaciones de todas las ejecuciones selectivas en las cuales existan pruebas creíbles de que se cometieron irregularidades, brindar resarcimiento a todas las víctimas de ataques ilícitos y juzgar o aplicar medidas disciplinarias, según corresponda, a los responsables de ejecutar u ordenar ataques ilegales.
“Trasferir el programa de ejecuciones selectivas de la CIA al Ejército representa un primer paso en el camino hacia la transparencia, aunque ciertamente no es el último”, señaló Pitter. “Estados Unidos debe garantizar que todas las denuncias creíbles sobre muerte de civiles sean investigadas en profundidad, que se apliquen sanciones si se comprueba que hubo irregularidades y que las víctimas de abusos reciban una indemnización”.
