Las autoridades venezolanas deben investigar el uso de la fuerza letal por parte de miembros de las fuerzas de seguridad durante una requisa efectuada el 25 de enero de 2013 en un centro carcelario para buscar armas, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades deben adoptar medidas con urgencia para evitar que se reiteren este tipo de incidentes.
Según versiones oficiales, al menos 56 internos y un miembro de la Guardia Nacional murieron durante el enfrentamiento ocurrido el 25 de enero entre miembros de la Guardia Nacional y presos de la cárcel de Uribana, en el estado de Lara. A causa de los sucesos, 46 internos gravemente heridos debieron ser hospitalizados.
“El número de muertos genera serias preocupaciones que la fuerza letal utilizada en la cárcel de Uribana puede haber sido considerablemente desproporcionada en relación a las necesidades de seguridad”, expresó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien el gobierno tiene justificación para desarmar a los reclusos, cuando haya resistencia durante los controles debería observar siempre los principios internacionales sobre uso de la fuerza letal”.
Según trascendió en los medios, la prisión primero fue rodeada con tanques y luego cientos de soldados de la Guardia Nacional participaron en un operativo para confiscar armas. La Ministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela expresó que había ordenado la requisa luego de tomar conocimiento de hechos de violencia entre los reclusos del penal, y de que algunos habían atacado a miembros de la Guardia Nacional apenas comenzó el operativo.
El Vicepresidente interino Nicolás Maduro pidió a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz y al presidente de la Asamblea Nacional que iniciaran una investigación para esclarecer las muertes. Sin embargo, en el pasado, la intervención de la Fiscalía y distintos legisladores en la averiguación de incidentes similares durante 2011 y 2012 no dio lugar a ninguna explicación pública de lo sucedido ni a que se determinara las identidades de los responsables de muertos y heridos.
Desde hace años, persisten en las cárceles venezolanas diversos problemas como hacinamiento, condiciones precarias, una alta proporción de internos que cumplen prisión preventiva y guardias corruptos que trafican armas y estupefacientes a los presos. Es común que se produzcan muertes durante enfrentamientos entre pandillas de internos que se disputan el control del penal. En 2012 murieron 591 internos y otros 1.132 resultaron heridos durante incidentes violentos en cárceles venezolanas, según datos de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones.
La Ministra de Servicios Penitenciarios acusó al canal de televisión Globovisión y al periódico en línea El Impulso de “detonar” la violencia al anunciar que se llevaría a cabo la requisa. En octubre de 2011, Globovisión, el único canal de televisión con cobertura nacional que aún mantiene una programación crítica de las políticas del gobierno, recibió una multa de US$ 2,1 millones por difundir noticias sobre un motín carcelario en junio de 2011.
“En vez de arremeter una vez más contra sus críticos en los medios, el gobierno debería intentar solucionar la deplorable situación de las cárceles venezolanas para evitar que se repita una tragedia de esta magnitud”, señaló Vivanco.
