El anuncio sobre la renuncia del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Dr. Iván Velásquez representa una profunda pérdida para el sistema judicial de Colombia, señaló hoy Human Rights Watch. La renuncia del Dr. Velásquez, que tendrá efectos a partir del 30 de septiembre de 2012, se produjo tras la abrupta decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de relevarlo como coordinador de las investigaciones sobre los vínculos entre organizaciones paramilitares de derecha y miembros del Congreso, que se conocen como investigaciones sobre la “parapolítica”.
Durante los cinco años que el Dr. Velásquez estuvo al frente de las investigaciones sobre la parapolítica, la Corte Suprema condenó a cerca de 50 ex miembros del Congreso que mantenían lazos con grupos paramilitares. Es común que los medios de comunicación colombianos se refieran a Velásquez como el “magistrado estrella de la parapolítica”. A raíz de su trabajo, Velásquez ha sido objeto de campañas de desprestigio y vigilancia ilegal. En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Velásquez.
“La valiente actuación delDr. Velásquez se ha convertido en un referente para la búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Todas las miradas estarán puestas en la Corte Suprema de Colombia y en el avance que se consiga en las investigaciones sin su intervención”.
En un comunicado de prensa del 23 de agosto de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema indicó que el relevo del Dr. Velásquez obedecía a la finalidad de “rotar las responsabilidades asignadas a los empleados” de la corte. Esta explicación ha despertado fuertes interrogantes, ya que el Dr. Velásquez se había desempeñado como coordinador de las investigaciones sobre la parapolítica desde que se creó este cargo en 2007.
En su comunicado del 23 de agosto, la Sala de Casación Penal también criticó duramente a dos conocidas columnistas que habían cuestionado la decisión de apartar al Dr. Velásquez de su función. El comunicado manifestaba que la Sala Penal procedería a instaurar una denuncia penal por delitos de injuria y calumnia contra una de esas periodistas, Cecilia Orozco Tascón. El comunicado se refirió a la columna de Orozco como “denigrant[e]”, “ofensiv[a]” y “torcid[a]”. Tras el masivo repudio público que despertó este comunicado, el 27 de agosto la Sala Penal anunció que no demandaría a la periodista.
Como señalala Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones relativas a funcionarios públicos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana. A su vez, con respecto a las sanciones civiles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que “[e]n la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”.
“En vez de censurar a la prensa amenazando con interponer denuncias penales por injurias, la Corte Suprema de Justicia de Colombia debería explicar detalladamente las razones por las cuales el Dr. Velásquez fue apartado de un cargo en el cual tuvo un desempeño sobresaliente”, manifestó Vivanco.
