(Washington, DC) – La decisión dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos que ratifica un parte de la ley sobre inmigración de Arizona expone a las familias de inmigrantes de este y otros estados a un mayor riesgo de abusos por parte de autoridades locales, señaló hoy Human Rights Watch.
El dictamen del 25 de junio de Arizona v. Estados Unidos revocó varios artículos de la ley de Arizona, la Ley de Apoyo a las Fuerzas del Orden y los Vecindarios Seguros (Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act), comúnmente conocida como SB1070, declarando que quedan anulados por la ley federal. Sin embargo, dejó sin cambios la disposición que exige a los miembros de la policía verificar el estado migratorio de una persona si existe una “duda razonable” de que se encuentra en el país sin autorización.
“La decisión de la Corte Suprema podría permitir que se cometan los mismos abusos contra inmigrantes que hemos observado en otros estados donde existen leyes similares”, aseveró Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “La Corte afirmó que es muy pronto para conocer los daños que esta disposición pudo haber causado, pero el daño de una disposición similar en Alabama es completamente claro”.
El fallo de la Corte respecto a la disposición sobre “duda razonable” se enfoca en una cuestión legal estrecha y no anula otros recursos contra esta disposición. Sin embargo, este dictamen podría tener repercusiones graves e inmediatas para las comunidades de inmigrantes, y podría alentar a otros estados a adoptar leyes similares, Human Rights Watch afirmó. En un aspecto positivo, la Corte bloqueó otras tres secciones que hubiesen penalizado la presencia y el empleo no autorizados.
Como fue documentado por Human Rights Watch en su informe de 2011 “Vivir sin Dignidad”, la sanción de la Ley Beason-Hammon para la Protección de Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama (Beason-Hammon Alabama Taxpayer Citizen and Protection Act), más conocida como HB 56, que contiene una disposición similar, redundó en un aumento de la cantidad de incidentes de persecución discriminatoria por parte de las autoridades del estado, así como por particulares que se sienten alentados por la HB 56.
La persecución se agravó pese a que funcionarios de Alabama aseguraron que no se admitiría la aplicación de criterios selectivos de tipo raciales. La gobernadora de Arizona Jan Brewer ha expresado compromisos similares, e incluso ha creado programas de capacitación. No obstante, es poco probable que estas medidas resulten suficientes para poner fin a las violaciones de derechos humanos contra inmigrantes, aseveró Human Rights Watch.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que fue ratificada por Estados Unidos en 1994, exige al gobierno federal y a los gobiernos de los estados y locales asegurar que sus políticas sobre inmigración no provoquen la discriminación de personas por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico. Incluso en casos de policías que no demuestren intención de discriminar, si su actuación tiene efectos discriminatorios el gobierno estaría incumpliendo el tratado. En enero de 2010, el asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Harold Koh, se dirigió por escrito a todos los gobernadores, incluso a Brewer, recordándoles las obligaciones asumidas por sus estados de conformidad con el tratado contra el racismo. Human Rights Watch también escribió al Procurador General de Arizona en 2007 en relación con las obligaciones internacionales del estado.
Otros recursos legales interpuestos en Georgia y Carolina del Sur contra leyes similares, al igual que en Alabama, han estado paralizados a la espera de que la Corte Suprema se pronunciara en este caso. Los estados que se encuentran considerando legislaciones similares deben interpretar la naturaleza limitada del dictamen de la Corte Suprema como una señal de que dichas leyes no serán fácilmente ratificadas.
Como se documentó en varios informes de Human Rights Watch, poniendo de lado las leyes de los estados, es habitual que el sistema federal de inmigración de Estados Unidos incumpla los estándares de derechos humanos, por ejemplo, cuando no se establecen condiciones seguras para la detención de inmigrantes o no se garantiza que todas las víctimas de delitos, incluidos los inmigrantes, tengan acceso a la justicia. Un entramado confuso de leyes inmigratorias de los estados no haría más que exacerbar la incapacidad del gobierno de Estados Unidos de regular la inmigración de un modo que respete los derechos de todas las personas dentro de las fronteras del país, afirmó Human Rights Watch.
El Congreso de Estados Unidos debería actuar sin demora para sancionar una reforma migratoria exhaustiva que impida los abusos cometidos en el marco de las leyes sobre inmigración que ya han sido sancionadas y otras que se adopten en el futuro, indicó Human Rights Watch.
“La decisión de la Corte Suprema no exime a Arizona de su responsabilidad de proteger los derechos de todos los residentes de ese estado, ni tampoco libera al Congreso de su responsabilidad de promulgar una reforma migratoria efectiva acorde con los principios de derechos humanos”, expresó Meng. “Esta decisión no hace más que confirmar la urgencia de que se adopte una reforma federal”.
