Una inmigrante no autorizada que ha vivido en Estados Unidos desde hace 12 años se encuentra sentada con su nieto ciudadano estadounidense en el restaurante de comida mexicana del que es propietaria. La nueva ley de inmigración de Alabama podría impedirle renovar la licencia de su negocio cuando expire el próximo año.

© 2011 Grace Meng/Human Rights Watch

(Washington, DC) – El gobernador de Alabama Robert Bentley debería instar a que se disponga la total derogación de la ley sobre inmigración del estado, señaló hoy Human Rights Watch. La ley vulnera el derecho a la igualdad de protección conforme a la ley y las propuestas de reforma no consiguen remediar sus falencias más fundamentales, indicó Human Rights Watch.

El 17 de mayo de 2012, Bentley se negó a promulgar el proyecto de ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 658, que contemplaba una serie de reformas peligrosas y abusivas a la ley contra la inmigración de Alabama, la Ley Beason-Hammon de Alabama de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos, aprobada el año pasado. Al negarse a promulgar la norma, Bentley pidió a la legislatura que eliminara algunas disposiciones de la Ley Beason-Hammon y del proyecto HB 658, pero no exigió su derogación total.

“Si bien la decisión del gobernador Bentley de rechazar el proyecto de ley HB 658 fue acertada, no será posible revertir la intención discriminatoria detrás de la ley contra la inmigración de Alabama”, expresó Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y autora de “Vivir sin Dignidad”, un informe de 2011 que documenta las implicaciones de la Ley Beason-Hammon para los derechos humanos. “Mientras la Ley Beason-Hammon siga vigente, los inmigrantes no autorizados de Alabama continuarán siendo sumamente vulnerables frente al crimen y los abusos”.

“Vivir sin Dignidad” documenta las distintas formas en que la Ley Beason-Hammon pone en riesgo la posibilidad de inmigrantes no autorizados y sus familiares de satisfacer necesidades cotidianas y recibir igualdad de protección conforme a la ley. Algunos inmigrantes y sus hijos, incluidos aquellos que son ciudadanos estadounidenses, contaron que experimentaron dificultades al intentar cobrar salarios retenidos, denunciar delitos, obtener atención de la salud y asistir a escuelas públicas. Numerosos ciudadanos estadounidenses y personas con residencia permanente legítima de ascendencia latina denunciaron incidentes en los cuales se aplicaron criterios selectivos de tipo raciales y otros tratos discriminatorios.

En vez de abordar estos problemas, el 16 de mayo la legislatura de Alabama aprobó un proyecto que habría agravado el riesgo de trato discriminatorio y abusivo para los inmigrantes no autorizados y sus familias. Esta norma habría exigido al Departamento de Seguridad Interna de Alabama crear una base de datos pública en línea donde se indiquen los nombres de todos los inmigrantes no autorizados que alguna vez fueron citados a comparecer ante la justicia por cualquier violación de las leyes del estado. Al señalar de este modo a los inmigrantes no autorizados, se vulnera el derecho a la igualdad de protección conforme a la ley y se invita en forma tácita a los ciudadanos a actuar contra estas personas u otras que se perciba que puedan estar incluidas en la base de datos, aseveró Human Rights Watch.

Este fallido proyecto legislativo no eliminó la disposición de la ley Beason-Hammon que exige a las escuelas verificar la condición de ciudadanía de sus estudiantes. Tampoco dejó sin efecto la disposición que obliga a las autoridades locales de aplicación de la ley a determinar la condición migratoria de cualquier persona que intercepten cuando exista una “sospecha razonable” de que no se encuentra legalmente en el país.

Mediante su negativa a firmar el proyecto, Bentley pidió a la legislatura que eliminara las disposiciones relativas a la creación de una base de datos pública sobre comparecencia ante la justicia por parte de inmigrantes no autorizados, así como las disposiciones que establecen la obligación de las escuelas de verificar la condición de ciudadanía de sus estudiantes. No obstante, no exigió la derogación total de la norma de 2011.

“El gobernador Bentley debería enviar un mensaje claro a la legislatura de Alabama para que derogue la ley contra la inmigración”, señaló Meng. “Si tanto él como la legislatura tienen interés en proteger a Alabama, deben asegurar los derechos de todos los residentes de ese estado”.