Una inmigrante no autorizada que ha vivido en Estados Unidos desde hace 12 años se encuentra sentada con su nieto ciudadano estadounidense en el restaurante de comida mexicana del que es propietaria. La nueva ley de inmigración de Alabama podría impedirle renovar la licencia de su negocio cuando expire el próximo año.

© 2011 Grace Meng/Human Rights Watch

(Washington, DC) – El proyecto de ley que está siendo tratado por la legislatura de Alabama y tiene por objeto reformar la legislación de este estado que restringe los derechos de inmigrantes no permitirá reparar los graves perjuicios causados por esta norma, señaló hoy Human Rights Watch. El Comité de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Alabama tiene previsto celebrar una audiencia pública el 11 de abril de 2012 para analizar las reformas contenidas en el Proyecto de Ley (House Bill, HB) 658, originado en esa Cámara.

El proyecto HB 658 intenta esclarecer algunas disposiciones controvertidas de la Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama, conocida como HB 56, que entró en vigor en septiembre de 2011. Por ejemplo, limitaría las circunstancias en las cuales los policías deberánverificar la situación migratoria de una persona. Y si bien el proyecto de ley seguiría prohibiendo a los tribunales exigir el cumplimiento de contratos celebrados entre inmigrantes no autorizados y terceros, quedarán excluidos los contratos de asesoramiento legal y los acuerdos suscriptos con anterioridad a la sanción de la ley propuesta.

“El principal problema de la ley sobre inmigración de Alabama es que persigue el fin expreso de crear obstáculos que hagan prácticamente imposible la vida en el estado para los inmigrantes no autorizados”, señaló Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Las violaciones de derechos humanos no podrán prevenirse con tan sólo implementar unos pocos cambios en la ley”.

El informe publicado por Human Rights Watch en diciembre de 2011, “Vivir sin Dignidad”, documentó aspectos de la ley de Alabama que niegan en forma categórica derechos a inmigrantes no autorizados e instó a que se disponga su total derogación. Diversos organismos estatales se han apoyado en la ley para negar a familias de inmigrantes el acceso a servicios básicos como el agua y la vivienda, y atentaron así contra su derecho a la protección igualitaria conforme a la ley. El objetivo expreso perseguido por la ley —orillar  a inmigrantes no autorizados a abandonar el estado— también propició un trato discriminatorio contra ciudadanos estadounidenses y personas con residencia permanente legítima de ascendencia latina.

Está previsto que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos relativos a la ley sobre inmigración de Arizona, conocida como SB 1070, más adelante en abril.

Estas son algunas de las reformas a la ley sobre inmigración de Alabama propuestas por la HB 658:

 

  • Se modifican las circunstancias en que los policías deban verificar la condición migratoria de una persona. La Ley Beason-Hammon establece que los agentes de seguridad pública deben verificar la condición migratoria de las personas al ser “interceptadas, arrestadas o detenidas lícitamente”, cuando exista “sospecha razonable” de que se encuentran en el territorio sin autorización. La ley HB 658 acota este requisito únicamente a “circunstancias posteriores al libramiento de una multa por infracción de tránsito o al momento de producirse un arresto legítimo”. Al mismo tiempo, el proyecto de ley permitiría verificar no sólo la condición migratoria del conductor sino también de los demás pasajeros que circulen en un vehículo.

 

  • Se especifica que las “transacciones comerciales” que se prohíben entre inmigrantes no autorizados y el estado consisten en los trámites para obtener matrículas de vehículos, licencias de conducir y licencias para comercios. La Ley Beason-Hammon no especificó cuáles eran las “transacciones comerciales” prohibidas, y a causa de esto altos funcionarios locales y del estado negaron a inmigrantes no autorizados el acceso a agua y la posibilidad de renovar las matrículas para sus viviendas móviles.

 

  • Se elimina la obligación de las escuelas de recabar datos sobre la condición migratoria de sus estudiantes. Luego de que la Ley Beason-Hammon fue aprobada, muchas escuelas informaron haber observado un drástico incremento del ausentismo entre estudiantes latinos inmigrantes y no inmigrantes.

 

Si bien los cambios propuestos reconocen algunos aspectos problemáticos de la Ley Beason-Hammon, no abordan el problema fundamental que plantea esta norma, afirmó Human Rights Watch. Aun considerando las reformas propuestas, la ley continuaría causando perjuicios a familiares de inmigrantes no autorizados que sí son ciudadanos estadounidenses o que inmigraron legalmente, se negaría a inmigrantes no autorizados la protección igualitaria conforme a la ley y se favorecería el uso de criterios selectivos de tipo raciales, en contravención a lo dispuesto por las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional de los derechos humanos.

Todas las leyes de naturaleza similar que han sido adoptadas por los estados, desde la ley SB 1070 de Arizona hasta la ley HB 87 de Georgia, han dado lugar a demandas judiciales y actos de cesación. El Senado de Mississippi finalmente no permitió que prosperara un proyecto similar ante la oposición de empresas del estado y organismos encargados de aplicación de la ley.

“En vez de malgastar su tiempo intentando mejorar la Ley Beason-Hammon Act, los legisladores de Alabama deberían recordar su responsabilidad de proteger los derechos de todos los residentes de Alabama”, expresó Meng. “Solo podrán hacerlo si optan directamente por derogar la Ley Beason-Hammon Act”.