(Nueva York) - Los equipos de la fiscalía que llevan a cabo los juicios masivos de los supuestos amotinados de los Rifles de Bangladesh (BDR) deben detener de inmediato los juicios, señaló Human Rights Watch hoy. El 18 de junio, un juicio masivo en un tribunal militar condujo a la condena de 611 de los 621 acusados del 13 Batallón del BDR.
Los juicios masivos hasta la fecha han involucrado numerosas violaciones del derecho a un juicio justo, especialmente al impedir a los abogados prestar asesoramiento y preparación adecuados para cada individuo. Human Rights Watch instó al Gobierno de Bangladesh a establecer un grupo de trabajo independiente de investigación y enjuiciamiento con la suficiente experiencia, autoridad y recursos para investigar con rigor y perseguir las acusaciones de conducta ilícita durante el motín.
"Los responsables de matar a 74 personas durante el motín de febrero 2009 de los agentes fronterizos deben rendir cuentas - pero sólo en juicios que cumplan con las normas internacionales sobre juicios justos y las garantías de la Constitución de Bangladesh", dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. "El Gobierno debe suspender todos los juicios por los horribles crímenes cometidos durante el motín hasta que el sistema se reforme para asegurar que cada acusado reciba un juicio justo".
El 25 y 26 de febrero de 2009, miembros del BDR, que posteriormente cambió su nombre a Guardia de Fronteras de Bangladesh, se amotinaron contra sus oficiales al mando, matando a 74 e hiriendo a muchos otros. Algunas personas fueron víctimas de violencia sexual. Bajo la presión del ejército, que había instado al Gobierno a utilizar una fuerza abrumadora contra el campamento del BDR en una zona densamente poblada de la capital Dhaka, el Gobierno respondió con arrestos masivos de más de 6,000 miembros del BDR de las diferentes unidades en todo el país.
Hasta la fecha, unos 4,000 han sido declarados culpables por tribunales militares. Además, 847 de los acusados también enfrentan cargos bajo el Código Penal de Bangladesh, algunos de los cuales conllevan la pena de muerte.
Los acusados han sido detenidos y procesados en violación de las obligaciones de Bangladesh en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Human Rights Watch ha documentado numerosos abusos de los derechos al debido proceso en contra de estos acusados, como el mantenerlos detenidos sin cargos durante varios meses, negarles el acceso adecuado a abogados y a conocer cabalmente las pruebas en su contra.
Incluso para los pocos acusados que cuentan con asistencia letrada, sus abogados se han quejado con Human Rights Watch de que no les es posible proporcionar una defensa efectiva para cada acusado con tantos clientes y tan poco tiempo para hablar con cada acusado. Por otra parte, los abogados defensores señalan que las autoridades penitenciarias les dificultan el acceso a los acusados para preparar su caso.
Human Rights Watch y otros grupos han documentado la muerte de algunos acusados mientras se encontraban en prisión preventiva, incluso como resultado de torturas, en los primeros meses posteriores al motín. Los abogados defensores y familiares han dicho a Human Rights Watch que los acusados han tenido que brindar declaraciones bajo tortura, implicándose a sí mismos o a otros. El Gobierno no ha presentado pruebas individuales contra cada detenido.
"Juicios masivos como estos no pueden ofrecer respuestas reales ni justicia para los horribles crímenes cometidos durante el motín", dijo Adams. "Esto es castigo en masa, no justicia".
