(Bruselas) - La administración de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI) está en riesgo a pesar de los progresos logrados por el fiscal de la CPI, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Con el nombramiento de un nuevo fiscal a finales de año y los nuevos casos relacionados con Libia, el fiscal de la CPI debe cerrar las brechas en la investigación y las estrategias de persecución, así como presentar casos adicionales.
El informe de 50 páginas titulado "Unfinished Business: Closing Gaps in the Selection of ICC Cases" (“Asuntos sin resolver: Brechas por cerrar en la selección de casos de la CPI”), evalúa la selección de casos de la Oficina del Fiscal en sus primeras cinco investigaciones. Las investigaciones llevadas a cabo en la República Centroafricana, la región sudanesa de Darfur, la República Democrática del Congo, Kenia y el norte de Uganda han dado lugar a 10 casos y tres juicios, lo que significa un avance importante contra la impunidad para algunos de los peores crímenes del mundo. Pero estos casos no han ido lo suficientemente lejos para asegurar que la justicia impartida por la Corte Penal Internacional tendrá efecto en las preocupaciones de las víctimas y las comunidades afectadas.
Las primeras investigaciones de la CPI han ignorado con demasiada frecuencia a importantes autores de crímenes. Afirmó Elizabeth Evenson, abogada principal del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. En todos los casos, desde la RDC a Darfur, el fiscal necesita mejores estrategias para lograr las metas del tribunal en estos países.
El informe se basa en la experiencia de Human Rights Watch en estos países y en un cuidadoso seguimiento de las acciones de la CPI durante los últimos ocho años. Para llevar a cabo su mandato de una manera significativa, la Corte Penal Internacional debe llevar a juicio a los máximos responsables de los crímenes más graves, incluso a los funcionarios públicos involucrados. Salvaguardar la independencia del tribunal y la imparcialidad en la selección de los casos es de fundamental importancia, dijo Human Rights Watch.
En la RDC y Uganda, las investigaciones de la CPI se han enfocado a los grupos rebeldes, pero no han llevado a la presentación de cargos contra los funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas armadas ampliamente acusados de haber cometido abusos graves. La ausencia de estos casos - o una explicación clara y pública en cuanto a por qué no se están persiguiendo - ha dejado a muchas víctimas sin justicia y socavado la percepción de la independencia e imparcialidad del tribunal.
A partir de las investigaciones en la República Centroafricana y sobre las atrocidades del Gobierno sudanés en Darfur, la CPI se ha limitado a procesar solamente a un líder. Asegurar que los principales responsables sean llevados ante la justicia es una meta fundamental del mandato de la CPI, y es poco probable que se satisfaga a través de un solo proceso, dijo Human Rights Watch.
"Las difíciles decisiones que toma el fiscal de la CPI enfrentan un intenso escrutinio, lo que hace más importante incrementar la independencia y la credibilidad del tribunal", dijo Evenson. "Con mucha frecuencia el fiscal se ha quedado corto al no proyectar una estrategia eficaz y coherente a través de sus investigaciones".
Las recientes investigaciones de la CPI en Kenia son un cambio positivo respecto a la práctica anterior, dijo Human Rights Watch. El fiscal busca presentar cargos contra presuntos autores de crímenes afiliados a ambos lados de la violencia post electoral del país en 2007-2008. Esta es una diferencia significativa respecto a la RDC, donde los retrasos y discrepancias en los cargos presentados contra los líderes de las milicias rivales en el distrito de Ituri pudieron haber empeorado las tensiones étnicas. Sin embargo, se necesitan más investigaciones de la CPI para expandir la rendición de cuentas en Kenia por los abusos policiales y los crímenes cometidos en la región del Monte Elgo, al oeste de Kenia.
Los países miembros de la CPI se reunirán en diciembre de 2011 para elegir al próximo fiscal de la CPI, que se espera tome el cargo a mediados de 2012. Human Rights Watch instó a la Oficina del Fiscal a implementar estrategias más efectivas para la selección de casos.
La creciente carga de trabajo de la CPI aumentará las presiones de la corte, dijo Human Rights Watch. En marzo de 2011, el fiscal de la CPI abrió una investigación en Libia, a raíz de una recomendación unánime del Consejo de Seguridad de la ONU. Los países miembros sufragan los gastos de la corte, lo que incluye sus labores investigativas de país.
"La administración de una justicia significativa en Libia no debe ser en detrimento de los compromisos existentes de la corte con las comunidades afectadas en Bangui y en Bunia", dijo Evenson. "Los países miembros de la CPI deben asegurarse que el tribunal cuente con los recursos que necesita para satisfacer las demandas tanto actuales como nuevas".
Antecedentes
La CPI es el primer tribunal permanente del mundo encargado de enjuiciar a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cuando los tribunales nacionales no puedan o no quieran hacerlo. El tratado de la CPI, conocido como el Estatuto de Roma, entró en vigor en 2002, apenas cuatro años después de que 120 Estados adoptaron el tratado durante la Conferencia de Roma.
La jurisdicción de la corte puede iniciar en una de tres maneras. Los Estados partes o el Consejo de Seguridad de la ONU pueden remitir un conjunto específico de eventos, conocido como "situación", al fiscal de la CPI; o el propio fiscal de la CPI puede solicitar autorización de una Cámara de Asuntos Preliminares conformada por jueces de la CPI para abrir una investigación.
Además de las investigaciones en la República Democrática del Congo, el norte de Uganda, la región sudanesa de Darfur, la República Centroafricana, Kenya y Libia, la Oficina del Fiscal está estudiando situaciones en Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria y Corea del Sur. La Autoridad Nacional Palestina también ha solicitado al fiscal de la CPI aceptar la jurisdicción sobre los presuntos crímenes en Gaza. En junio de 2011, el fiscal pidió a la Corte Penal Internacional autorización para abrir una investigación en Costa de Marfil; la decisión está pendiente.
Cinco personas se encuentran en custodia de la CPI en La Haya; seis sospechosas de casos ocurridos en Kenia están asistiendo de manera voluntaria a la fase de instrucción. Otros tres acusados de crímenes de guerra en relación con un ataque a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Darfur se presentaron voluntariamente a la fase de instrucción, a pesar de que los magistrados de la Corte se negaron a confirmar los cargos contra uno de ellos. La fase de instrucción continúa en un caso generado a partir de las investigaciones de la CPI en las provincias de Kivu del Norte y del Sur de la RDC.
En el juicio del líder rebelde congoleño,Thomas Lubanga Dyilo,se pronunciaron los argumentos de cierre en agosto de 2011. Asimismo, continúan los juicios en el caso de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, también líderes rebeldes congoleños, y Jean-Pierre Bemba Gombo, congoleño y ex vicepresidente de la RDC acusado de crímenes cometidos en la República Centroafricana.
El presidente sudanés Omar al-Bashir y otros dos individuos perseguidos en relación con la situación de Darfur siguen en libertad, al igual que el ex líder libio Muammar Gaddafi y otros dos buscados en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Libia. También siguen pendientes órdenes de detención contra los líderes del rebelde Ejército de Resistencia del Señor de Uganda y Bosco Ntaganda, un ex comandante rebelde ahora parte del ejército nacional congoleño.
El actual fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, fue elegido para un mandato de nueve años en 2003. Los Estados miembros de la CPI elegirán a un nuevo fiscal en diciembre de 2011. Se espera que el nuevo fiscal asuma el cargo a mediados de 2012. Human Rights Watch, junto con otras organizaciones no gubernamentales, ha instado a los países miembros de la CPI a asegurarse de que la elección del siguiente fiscal se base en los méritos de los candidatos.
