Apenas unas semanas después de que Human Rights Watch publicara un informe sobre el uso de la fuerza excesiva, y con frecuencia letal, por parte de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India (FSF), el Gobierno indio ordenó que se distribuyeran armas no letales a los guardias de la FSF. Más de 900 ciudadanos de Bangladesh y la India fueron asesinados en las zonas fronterizas en la última década, cuando las tropas utilizaron la fuerza letal en un aparente esfuerzo por contener el contrabando y otras actividades ilegales.
El año pasado, los equipos de Human Rights Watch trabajaron en Bangladesh y la India para documentar un patrón de abusos graves que implicaban golpes sin provocación, torturas y asesinatos indiscriminados. Nos asociamos con dos organizaciones locales de derechos humanos- Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), con sede en Calcuta, y Odhikar, con sede en Dacca-para entrevistar a más de 100 personas, entre ellas víctimas, testigos, defensores de los derechos humanos, periodistas, agentes del orden, miembros de la FSF, y miembros de las fuerzas de seguridad de Bangladesh conocidos como los Rifles de Bangladesh.
Estas entrevistas revelaron que prácticamente todos los abusos fueron cometidos por el personal de la India, a quienes los residentes locales consideran una presencia amenazadora en la densamente poblada extremadamente pobre región fronteriza, donde se cultiva la tierra hasta la frontera internacional. Descubrimos que muchas víctimas murieron mientras robaban ganado para complementar sus escasos ingresos -una sentencia extrajudicial desproporcionada y en flagrante violación del derecho internacional.
Lanzamos nuestro informe sobre la FSF en una conferencia de prensa en Dacca y Nueva Delhi, y presentamos nuestras conclusiones a las autoridades de Bangladesh y la India. Las autoridades de la India estuvieron de acuerdo con nuestros resultados en los casos que documentamos. Los informes de autopsia y los testimonios de testigos que aparecen en nuestro informe mostró que muchos fueron asesinados cuando huían en un intento por evadir, en lugar de atacar, a los guardias fronterizos. El Gobierno de Bangladesh accedió a ser más proactivo en la protección de sus ciudadanos.
El 12 de marzo de 2011, el director general de la FSF, Raman Srivastava, confirmó públicamente que el personal de la FSF sería equipado con armas no letales. Además, el Gobierno de Nueva Delhi dijo que tomaría medidas disciplinarias contra los responsables de abusos dentro de sus fuerzas de seguridad.
