US Attorney General Eric Holder.

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(Nueva York) - La decisión del gobierno de Obama de juzgar a los cinco hombres acusados de planificar los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos ante una comisión militar constituye un grave retroceso para la justicia, señaló hoy Human Rights Watch. A pesar de que en noviembre de 2009 se señaló que estos hombres serían juzgados por un tribunal federal en Nueva York, el fiscal general Eric Holder anunció el 4 de abril de 2011 que el juicio estará a cargo de una comisión militar en la Bahía de Guantánamo.

"El gobierno de Obama ha desperdiciado una oportunidad clave de apartarse de las políticas antiterroristas ilícitas aplicadas en el pasado", afirmó Andrea Prasow, asesora principal en lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. "Ha sacrificado garantías fundamentales establecidas en la Constitución estadounidense y el derecho internacional en un caso que podría ser el más importante de la presidencia de Obama".

Las comisiones militares de Guantánamo se han distinguido por numerosas irregularidades procesales, el uso de pruebas obtenidas mediante coacción, la aplicación desigual de criterios de prueba cambiantes, recursos de defensa inadecuados, deficiencias en la traducción y falta de acceso público. Si bien la Ley de Comisiones Militares de 2009 incorporó mejoras significativas respecto del sistema vigente durante el gobierno de Bush, la ley aún se aparta en aspectos fundamentales de los procedimientos de juicio justo utilizados por los tribunales federales estadounidenses y establecidos en las normas de derecho internacional que son vinculantes para Estados Unidos.

"Cualquier juicio que se desarrolle en el marco del sistema de comisiones militares llevará el estigma de Guantánamo y será objeto de cuestionamientos y demoras", manifestó Prasow. "La atención internacional se centrará en el trato que reciban los acusados en vez de los delitos que se les imputan. En cambio, una sentencia emanada del sistema de justicia federal sería reconocida en todo el mundo como legítima".

Según las normas federales que determinan el foro más adecuado para un caso, un juicio por homicidio debe llevarse a cabo en la jurisdicción donde se cometió el delito. En el caso de los ataques del 11 de septiembre, los juicios podrían haberse desarrollado en el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Este de Virginia o el Distrito Oeste de Pensilvania.

En noviembre de 2009, Holder anunció que los cinco acusados por los sucesos del 11 de septiembre serían trasladados de Guantánamo para ser juzgados en los tribunales federales de la Ciudad de Nueva York, uno de los lugares donde se produjeron los ataques. En diciembre de 2009, los fiscales de Nueva York consiguieron que el jurado formalizara los cargos contra los cinco acusados, los cuales se mantuvieron bajo reserva. Luego de que funcionarios de la Ciudad de Nueva York plantearan objeciones por razones de seguridad y costos, el gobierno de Obama decidió posponer momentáneamente la decisión sobre la sede del juicio.

En diciembre de 2010, el Congreso aprobó una serie de medidas que restringían el uso de fondos del Departamento de Defensa para transferir a los detenidos de Guantánamo a Estados Unidos, a fin de que fueran juzgados en ese país o continuaran allí su detención. Si bien la adopción de estas restricciones supuso mayores obstáculos a la posibilidad de que el gobierno de Obama celebrara los juicios del 11 de septiembre en Estados Unidos, esta alternativa no fue eliminada completamente. Las restricciones caducarán a fin de este año y el gobierno podría igualmente haber usado fondos del Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional para ese fin, afirmó Human Rights Watch.

En una declaración formal, Holder manifestó que si bien considera que la justicia federal es el foro adecuado para llevar adelante el juicio sobre el 11 de septiembre y que podría haber demostrado la culpabilidad de los acusados en ese ámbito, debido a las restricciones impuestas por el Congreso no tuvo otra opción que presentar el caso ante las comisiones militares. "Los Miembros del Congreso [...] han eliminado una de las herramientas antiterroristas más probadas del país y nos han dejado con las manos atadas de un modo que podría tener graves implicaciones", manifestó Holder.

"El gobierno de Obama atribuyó a las restricciones del Congreso la decisión de juzgar a los presuntos implicados en el atentado del 11 de septiembre ante una comisión militar, pero en realidad tuvo dos años para iniciar la causa ante la justicia federal de Estados Unidos", observó Prasow. "Las restricciones establecidas en el Congreso a los traslados desde Guantánamo no pueden invocarse como excusa por no haber tramitado el caso ante los tribunales federales estadounidenses".

Dado que la justicia federal se rige por precedentes jurisprudenciales desarrollados a lo largo de más de 200 años, es más probable que las determinaciones de estos tribunales puedan resistir cualquier embestida de tipo probatoria, procesal y constitucional. A su vez, los procedimientos de las comisiones militares avanzan mucho más lentamente que los casos de terrorismo en la justicia federal. En los 9 años transcurridos desde que se anunció la creación de estas comisiones, los fiscales militares solamente han concluido 6 casos, 4 de ellos mediante pactos sobre declaración de culpabilidad. En dos condenas dictadas en 2008, recién se ha alcanzado la primera instancia de apelación. Los tribunales federales, en cambio, han juzgado cientos de delitos de terrorismo durante el mismo período y han condenado a Zacarias Moussaoui, autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre, y a Richard Reid, acusado de haber intentado detonar un explosivo que llevaba en sus zapatos, entre otros casos.

Muchos familiares de víctimas del 11 de septiembre se han expresado a favor de que los juicios se realicen ante la justicia penal ordinaria, ya que confían en la garantía de juicio justo del sistema federal que, a lo largo de la historia, ha demostrado ser efectivo, y además desean poder estar presentes durante los procedimientos.

"Sería lógico llevar a cabo el juicio por los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York, puesto que es allí donde ocurrieron los hechos y donde viven gran parte de los familiares de las víctimas", señaló Prasow. "Ahora que el juicio se desarrollará en una base militar en un lugar remoto, muchos de los afectados quedarán excluidos del proceso".