(Nueva York)—La Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas, que entra en vigor el 23 de diciembre de 2010, debería reforzar los esfuerzos internacionales para acabar con esta práctica terrible, señaló hoy Human Rights Watch. El tratado debería traer justicia a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, agregó Human Rights Watch.
La Convención Internacional para la Protección para Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entra en vigor un mes después de ser ratificada por 20 naciones. El 23 de noviembre, Irak se convirtió en el país número 20 en ratificar el tratado y Brasil siguió su ejemplo. La convención define una desaparición forzada cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar información sobre su suerte o paradero.
"Las desapariciones forzadas infligen una crueldad insoportable no sólo sobre las víctimas, sino también sobre los familiares, que a menudo esperan años y hasta décadas para descubrir qué fue de ellos", dijo Aisling Reidy, asesora legal principal de Human Rights Watch. "La entrada en vigor de este tratado es un hito inmensamente importante, pero, para acabar con esta práctica, será necesario que todos los países reconozcan que es inaceptable secuestrar a personas y esconderlas".
Los familiares de los desaparecidos han librado una campaña incansable en torno a la Convención contra la Desapariciones Forzadas, que elabora sobre la prohibición contra las desapariciones y reconoce los derechos de las familias de las víctimas a la verdad y a una reparación. Los gobiernos de Argentina y Francia contribuyeron a la convención con liderazgo diplomático para conseguir el suficiente apoyo internacional, dijo Human Rights Watch.
Las desapariciones forzadas constituyen un crimen internacional, prohibido bajo cualquier circunstancia. Pueden convertirse en la base para juicios por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, y una desaparición desencadena una obligación para investigar y entablar una acción judicial. Si bien las leyes internacionales reconocen su ilegalidad desde hace tiempo, sigue habiendo nuevas desapariciones en todo el mundo. Los gobiernos también han fallado de forma rutinaria a la hora de investigar y proveer información sobre el destino de los previamente desaparecidos, lo cual constituye una continua violación.
Muchos de los conflictos civiles armados de fines del siglo XX involucraron desapariciones forzadas y la práctica ha continuado en los últimos diez años, incluyendo en operaciones antiterrorismo desde los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001. Se han reportado nuevos casos en Chechenia, en Rusia y otras partes en el Norte del Cáucaso, además de miles de casos pendientes desde los años 90 que no han sido debidamente investigados.
En Pakistán, cientos de personas han desaparecido desde 2001, mientras que en Estados Unidos, durante el gobierno del ex presidente George W. Bush, hubo docenas de "detenidos fantasma", personas encerradas en centros de detención en lugares no revelados, incluso en Europa. En Sri Lanka, ha habido al menos 30,000 desapariciones desde fines de los años 80; en Filipinas y Tailandia, se han reportado centenares; y las fuerzas de seguridad indias estuvieron implicadas en entre 4,000 y 10,000 desapariciones en Cachemira en los años 90.
En Oriente Medio, también ha habido muchos casos de desapariciones en las últimas décadas en Argelia, Libia, Siria, El Líbano, Irak y Yemen. En América Latina, donde varios países son miembros de la convención, miles de familias siguen esperando información sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos, y justicia para los responsables.
"La persistencia de las desapariciones supone un duro recordatorio de todo el trabajo que queda por delante, tanto por el nuevo tratado como por ser una prioridad en materia de derechos humanos para los países donde este problema es más grave", dijo Reidy.
Antecedentes
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue adoptada el 20 de diciembre de 2006. El 6 de febrero de 2007 se abrió a firma la Convención y 57 países se suscribieron inmediatamente. Los 21 países que la han ratificado hasta ahora son: Albania, Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Honduras, Irak, Japón, Kazajstán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay.
Si bien la convención responde a un importante vacío legal (la ausencia de un tratado para abordar las múltiples violaciones a los derechos humanos que representan estas desapariciones forzadas), también está fundamentada en estándares firmemente establecidos en el derecho internacional consuetudinario. La convención establece el derecho a que una persona no pueda ser sometida a una desaparición forzada y exige que los países prohíban y penalicen esta práctica en su legislación nacional. Las disposiciones del tratado cubren la responsabilidad penal de subordinados y superiores, medidas preventivas nacionales e internacionales, extradición y cooperación internacional.
La convención establece un conjunto significativo de obligaciones legales para prevenir las desapariciones, incluyendo prohibiciones a las detenciones secretas, un requisito para que cualquier detenido deba permanecer en un centro oficialmente reconocido y supervisado, y la garantía a los derechos absolutos al hábeas corpus y a obtener información sobre los detenidos.
Además, la convención reconoce el derecho a la verdad y reparación para las víctimas y sus familias. También incluye disposiciones para proteger a los hijos de las víctimas de desapariciones forzadas de ser detenidos injustamente por las autoridades, de que se les dé identidades falsas y luego sean dados en adopción.
La convención posibilita la creación de un comité para supervisar sus disposiciones e investigar quejas individuales e interestatales. El comité podría tomar medidas de emergencia en caso necesario, emprender investigaciones sobre el terreno y llevar la situaciones de desapariciones generalizadas y sistemáticas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
