(Nueva York) – Las autoridades egipcias deben rescatar a los migrantes secuestrados y maltratados por tratantes de personas en el desierto del Sinaí, señaló hoy Human Rights Watch. El Gobierno no ha enjuiciado a los tratantes ni ha clausurado sus centros de detención, añadió Human Rights Watch.
Según la información aparecida en los medios, a finales de noviembre y principios de diciembre de 2010, los tratantes dispararon o mataron a golpes a seis ciudadanos eritreos que formaban parte de los centenares de solicitantes de asilo y migrantes retenidos en un lugar cercano a la frontera con Israel desde finales de octubre. Dos migrantes retenidos por los tratantes confirmaron a Human Rights Watch que los captores tenían secuestrados a 105 eritreos en una decena de celdas subterráneas, entre ellos nueve mujeres, con el objetivo de pedir rescate.
“Las autoridades egipcias señalan con frecuencia que están reprimiendo el crimen organizado en el Sinaí”, señaló Joe Stork, subdirector para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Sin embargo, el Gobierno reacciona con lentitud cuando los tratantes de seres humanos tienen retenidas a centenares de personas para obtener recompensas”, agregó.
En respuesta a las informaciones de prensa, el 8 de diciembre, los funcionarios de seguridad egipcios señalaron al diario Al-Shurouq que la policía estaba interrogando a personas conectadas con los traficantes o tratantes en el Sinaí que podrían tener retenidos hasta 300 eritreos.
Una red relativamente importante dedicada a introducir ilegalmente migrantes subsaharianos a Israel a través de Egipto lleva operando en el Sinaí desde al menos 2007. Además de los traficantes que guían ilegalmente a las personas a través de las fronteras a cambio de dinero, pero que no las explotan o abusan de ellas de otro modo, también hay tratantes de seres humanos operando en el Sinaí que maltratan a los migrantes bajo su control y los retienen a cambio de recompensas.
A lo largo de 2010, Human Rights Watch ha obtenido numerosos informes creíbles de una red de trata de personas bien establecida, entre ellos testimonios en detalle de eritreos capturados por Israel cerca del frontera del Sinaí con Egipto. Los tratantes toman regularmente como rehenes en varios lugares a cientos de solicitantes de asilo y migrantes principalmente eritreos y de otros países subsaharianos, entre ellos niños, durante semanas o meses hasta que sus familiares en el extranjero pagan miles de dólares para lograr su liberación.
En 30 declaraciones examinadas por Human Rights Watch, los migrantes describían cómo los tratantes les engrilletaban las piernas y encadenaban juntos a tres o cuatro hombres o mujeres, en algunos casos durante un período de hasta cuatro meses. Docenas de mujeres migrantes dijeron al personal médico en Israel que los tratantes las habían violado repetidamente, y tanto los hombres como las mujeres contaron que les habían quemado la piel con hierros candentes, azotado con cables eléctricos, golpeado y obligado a trabajar para ellos mientras esperaban el pago de la recompensa, e incluso después de que se efectuara el pago.
La frontera de 240 kilómetros que separa Egipto de Israel a través del Sinaí es una zona militar restringida a la que Egipto prohíbe la entrada sin autorización. Las fuerzas de seguridad fronteriza de Egipto han arrestado a miles de solicitantes de asilo y migrantes en los últimos años y han enjuiciado a muchos de ellos ante tribunales militares.
Fuentes de los servicios de seguridad señalaron a Reuters que, en los arrestos masivos más recientes del 8 de diciembre, la policía detuvo a 83 solicitantes de asilo y migrantes (63 etíopes y 20 eritreos) a 10 kilómetros de la ciudad de Suez. Las autoridades egipcias no permiten el acceso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los solicitantes de asilo y migrantes arrestados en el Sinaí y no intentan identificar entre ellos a posibles víctimas de la trata de personas.
Desde julio de 2007, los guardias fronterizos egipcios también han disparado contra al menos 85 personas que intentaban cruzar a Israel, 28 de ellos desde principios de 2010, de los cuales algunos eran aparentemente solicitantes de asilo. La gran mayoría fueron asesinados en la frontera en circunstancias en las que no había presencia de traficantes. Human Rights Watch no tiene conocimiento de ninguna investigación del Gobierno egipcio acerca de estos incidentes.
“Las autoridades no pueden justificar los disparos contra migrantes como un intento de detener a traficantes o tratantes”, señaló Stork. “Los encargados de hacer cumplir ley solo pueden usar la fuerza letal cuando sea absolutamente necesaria para proteger vidas”, agregó.
Numerosos migrantes denunciaron que los traficantes les habían pedido entre US$2,500 y US$3,000 por ayudarles a cruzar la frontera con Israel. Pero una vez que estos migrantes llegaron al Sinaí, se encontraron en manos de tratantes que los engrilletaron y exigieron más dinero, entre US$500 y US$10,000. Les amenazaron con matarles o hacerles daño (en algunos casos con extirparles los riñones y venderlos en un gran mercado ilegal en Egipto) si no pagaban lo que les exigían. En docenas de casos, los solicitantes de asilo y los migrantes dijeron que, para obligar a los familiares a pagar el rescate, los tratantes les obligaban a llamar a sus familias por teléfono móvil y hacían disparos al aire o los maltrataban físicamente para que se oyeran sus gritos al otro lado de la línea.
Algunos migrantes dijeron que después de que sus familiares pagaran más dinero, los tratantes los entregaban a otros traficantes que reclamaron más dinero. En otros casos, algunos solicitantes de asilo eritreos dijeron que los habían secuestrado en Sudán, llevado hasta el Sinaí contra su voluntad y obligado a llamar a sus familiares para que pagaran el rescate para su liberación.
Las organizaciones locales e internacionales que trabajan con refugiados y migrantes en Israel han entrevistado a docenas de mujeres que dijeron que los tratantes las habían violado. Algunas de ellas dijeron que habían sido violadas repetidamente, con frecuencia a punta de pistola y por varios hombres, entre ellos hombres eritreos forzados a colaborar con los tratantes, en algunos casos durante días o semanas. En algunas ocasiones, las mujeres fueron violadas cerca de donde estaban retenidos otros migrantes y, en otras, los tratantes las trasladaron en automóvil a una zona aislada.
Physicians for Human Rights-Israel dijo a Human Rights Watch que alrededor de 80 de los abortos que habían practicado durante los primeros 11 meses de 2010 fueron a mujeres solicitantes de asilo o migrantes que, según la organización, habían sido atacadas sexualmente en el Sinaí. También dijo que un “gran porcentaje” de los 1,303 exámenes ginecológicos realizados durante ese mismo período fueron como consecuencia del trauma experimentado en el Sinaí.
Los solicitantes de asilo y los migrantes describieron cómo los tratantes los maltrataban quemándoles con hierros candentes, aplicándoles electrochoques, azotándoles con látigos de metal o cables eléctricos en la espalda, los pies, la cabeza o todo el cuerpo desnudo, o golpeándoles la planta de los pies con “objetos de plástico” y apaleándoles el resto del cuerpo. Algunos dijeron que los maltrataban de una o más de estas maneras cada dos o tres días, a veces durante meses. Una mujer contó cómo vio morir a su esposo a causa de las quemaduras después de que los tratantes la violaran.
Human Rights Watch no ha podido determinar los lugares o las estructuras donde los traficantes retienen a los migrantes. En los informes examinados por Human Rights Watch, los migrantes dijeron que habían estado encerrados en habitaciones o edificios con otros migrantes. Un artículo del periódico israelí Haaretz describió una situación en la que entre 50 y 70 migrantes estaban encerrados en “contenedores de metal”, donde algunos murieron por deshidratación y un niño se quemó las manos al tocar las paredes ardientes. Algunos migrantes dijeron que los habían encerrado en “contenedores construidos para ese fin” o en “celdas subterráneas”.
Cinco migrantes dijeron que les habían obligado a orinar en botellas y que los tratantes derramaron el contenido sobre sus cabezas. Casi todos dijeron que solo les dejaron lavarse el cuerpo una o dos veces durante todo el período de cautiverio. Los migrantes señalaron que los tratantes les suministraron muy pocos alimentos: unos dos trozos de pan al día o gachas de avena cada tres o cuatro días. Los migrantes dijeron que para beber solo les dieron agua salada o agua que contenía los residuos de combustible de garrafas de gasolina, a veces solo una vez al día.
Los migrantes señalaron que los tratantes les obligaron a realizar trabajos manuales de 8 a 12 horas al día (principalmente construyendo casas) durante períodos que oscilaban entre diez días y varios meses. Algunos dijeron que los obligaron a trabajar durante semanas, incluso después de que sus familiares pagaran el rescate. Algunos hombres afirmaron que los tratantes les obligaron a trabajar por la noche porque no querían que la policía o los militares los vieran. Las mujeres, incluso las que habían sido violadas, dijeron que los tratantes las obligaron a cocinar y limpiar para ellos. Tanto los hombres como las mujeres dijeron que los tratantes se referían a ellos como “esclavos”.
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ratificado por Egipto en 2004, define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción... o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Human Rights Watch señaló que las personas que controlan a estos migrantes en el Sinaí recurriendo a la fuerza, las amenazas y que las someten a trabajos forzados, violaciones y extorsiones para obtener dinero cumplen la definición de tratantes y deben ser llevadas ante la justicia.
El derecho internacional distingue a los tratantes, que recurren a las amenazas y la fuerza para explotar a otras personas, de los traficantes, que ayudan a las personas a cruzar ilegalmente las fronteras sin coacción.
Según el ACNUR, alrededor del 85 por ciento de los migrantes que entraron a Israel a través del desierto del Sinaí en los últimos meses eran ciudadanos eritreos que huían de un Estado extremadamente represivo. Al parecer, la mayoría de los eritreos comenzaron su viaje a Israel en los campamentos de refugiados cercanos a la ciudad de Kassala, en Sudán, y se dirigieron al norte, a veces por barco desde Port Sudan y a veces por tierra, para entrar en el Sinaí sin pasar por la capital de Egipto, El Cairo. Algunas fuentes fiables han señalado a Human Rights watch que algunos migrantes mueren en la parte de atrás de vehículos cerrados por la falta de agua u oxígeno, y que simplemente arrojan sus cuerpos fuera de los vehículos.
El segundo grupo más numeroso de personas que entran a Israel son ciudadanos sudaneses procedentes de Darfur, a los que siguen grupos más pequeños procedentes de Etiopía y otros países africanos. Según las cifras oficiales israelíes, alrededor de 35,000 solicitantes de asilo y migrantes se encuentran en Israel, donde llegaron mensualmente aproximadamente 1,100 de ellos entre agosto y octubre de 2010. Los funcionarios israelíes los califican frecuentemente de “infiltrados”.
Israel examina muy pocas solicitudes de asilo, pero concede “protección temporal” a los ciudadanos eritreos y sudaneses, lo que impide que sean deportados a sus países de origen. El Ministerio del Interior de Israel anunció recientemente que iba a anular los permisos de trabajo a las personas con protección temporal.
El Gobierno israelí también continúa aplicando una política de devoluciones forzadas a Egipto de algunos migrantes que entran a Israel a través de la frontera del Sinaí sin ofrecerles una oportunidad significativa de presentar solicitudes de refugio, y sigue practicando lo que Israel denomina “expulsiones en caliente”. El Tribunal Supremo de Israel escuchó por primera vez los recursos de las organizaciones de derechos humanos israelíes contra el procedimiento de “expulsiones en caliente” en 2007, pero todavía no se ha pronunciado acerca de su legalidad. Se sabe que, en lo que va de 2010, el Gobierno israelí ha devuelto a 136 personas al otro lado de la frontera con Egipto. El derecho internacional de refugiados y de derechos humanos prohíbe la devolución forzada de un refugiado a situaciones en las que su vida o libertad pueden verse amenazadas, o de cualquier persona a circunstancias en las que corra el riesgo de ser torturada.
Las autoridades egipcias se refieren regularmente a la actividad del crimen organizado en el Sinaí, que incluye el tráfico y la trata de personas, drogas y armas para justificar su enjuiciamiento en tribunales militares de migrantes acusados de presencia ilegal en el Sinaí, y también para explicar los numerosas muertes por disparos de las fuerzas de seguridad fronteriza de Egipto. En mayo, Egipto adoptó una nueva ley de lucha contra la trata de personas y, el 6 de diciembre, aprobó el reglamento para su aplicación, que aún no ha podido examinar Human Rights Watch. El Código Penal de Egipto, la Ley del Niño de 2008 y la Ley sobre Trasplante de Órganos de Egipto tipifican el delito de la trata de personas.
“Egipto cuenta ahora con las leyes, pero necesita adoptar medidas inmediatas y eficaces para combatir la trata y el tráfico de personas en el Sinaí”, señaló Stork. “Hasta que lo haga, la terrible situación de algunos de los solicitantes de asilo y migrantes de la región se volverá aún más desesperada”, agregó.
