Otis Bantum Correctional Center, un edificio del Departamento de Servicios Correccionales en la Isla Rikers Island de la Ciudad de Nueva York que alberga a hombres adultos detenidos.

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(Nueva York) - Todos los años, se detiene preventivamente a miles de personas acusadas de delitos menores en Nueva York por el simple hecho de que no pueden costearse ni siquiera fianzas poco cuantiosas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. En la Ciudad de Nueva York, se encarcela preventivamente a los acusados que no pueden pagar la fianza.

El informe de 70 páginas, "The Price of Freedom: Bail and Pretrial Detention of Low Income Nonfelony Defendants in New York City" ("El precio de la libertad: Fianza y detención preventiva de acusados de delitos menores con bajos ingresos en la Ciudad de Nueva York"), basado en datos no publicados hasta ahora y numerosas entrevistas con jueces, acusados, fiscales y abogados defensores, revela el alcance del problema. El 87 por ciento de los acusados arrestados en 2008 por delitos menores, a los que se había impuesto una fianza máxima de mil dólares, estaban encarcelados por no poder depositar el monto de la fianza en el momento de su comparecencia ante el juez. En promedio, pasaron casi 16 días en prisión preventiva por delitos menores. La mayoría estaban acusados de crímenes no violentos como hurto en tiendas, colarse sin pagar en el metro, fumar marihuana en público, posesión de drogas, entrada sin autorización y prostitución.

"Para las personas que tienen dificultades para pagar cada mes la renta, conseguir mil dólares para pagar la fianza puede ser tan imposible como conseguir un millón", señaló Jamie Fellner, asesora principal del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. "La fianza castiga a los pobres porque no pueden permitirse comprar su libertad provisional", agregó.

Conforme a las leyes de Nueva York, la fianza debe calcularse en un monto que asegure razonablemente que los acusados regresen al tribunal, teniendo en cuenta sus recursos financieros. Sin embargo, ya sea por premeditación, descuido o negligencia, los jueces de Nueva York fijan normalmente un monto de fianza demasiado alto para los acusados con ingresos bajos o indigentes. El año pasado, casi una cuarta parte (23 por ciento) de las personas que ingresaron en prisión eran detenidos preventivos acusados de delitos menores que no habían pagado la fianza. El gasto para la Ciudad de Nueva York es considerable. Por ejemplo, Human Rights Watch calculó que el ayuntamiento de la ciudad podría haberse ahorrado al menos 42 millones de dólares si no hubiera encarcelado a 16,649 acusados de delitos menores arrestados en 2008, que no pudieron pagar la fianza de mil dólares o menos.

La supervisión de los acusados puestos en libertad provisional en sus comunidades es una alternativa eficaz al encarcelamiento para asegurar que vuelvan a comparecer ante el tribunal. La supervisión preventiva no sólo respeta la presunción de inocencia, sino que es mucho menos cara que albergar, alimentar, vigilar y prestar atención médica en todo momento a presos confinados en una prisión. Sin embargo, la Ciudad de Nueva York no cuenta con un programa de supervisión preventiva para acusados de delitos menores. Hasta hace poco no había puesto en marcha un programa piloto para ciertos acusados de delitos menores.

La cárcel puede deshumanizar y convertirse en una experiencia desagradable y hasta violenta, señaló Human Rights Watch. Impone una gran carga a las personas encarceladas, así como a sus familias, que sufren la reducción de los ingresos y la ausencia de padres o tutores. Muchos acusados se declaran culpables simplemente para evitar o terminar la detención preventiva. De hecho, el 99.6 por ciento de los condenados por delitos menores en la Ciudad de Nueva York se habían declarado culpables.

Los jueces pueden fijar intencionalmente la fianza por encima la capacidad de pago de un acusado cuando consideren que no volverá a comparecer ante el tribunal si sale en libertad. No obstante, Human Rights Watch constató que la no comparecencia ante el tribunal no es un problema generalizado en la Ciudad de Nueva York. Los registros judiciales indican que el 84 por ciento de los acusados puestos en libertad comparecieron en todos sus procesos judiciales; y la mayoría de los que no comparecieron en una fecha programada por el tribunal volvieron a comparecer en un plazo de 30 días.

Los jueces de la Ciudad de Nueva York casi siempre fijan el pago de la fianza en efectivo u obligaciones garantizadas. Human Rights Watch observó que descartan otras opciones de pago de la fianza que no condicionan la libertad provisional a los recursos financieros; por ejemplo, obligaciones no garantizadas mediante las cuales el acusado se compromete a pagar determinada cantidad si no vuelve a comparecer ante el tribunal.

Con el fin de abordar la desigualdad de la detención preventiva de los acusados de delitos menores que no pueden costearse la fianza, Human Rights Watch recomienda lo siguiente:

  • Los jueces de la Ciudad de Nueva York deben adaptar más cuidadosamente sus decisiones sobre las fianzas a los recursos financieros de los acusados, lo que incluye imponer obligaciones de comparecencia no garantizadas, para que más acusados puedan pagarse la fianza.
  • La Ciudad de Nueva York debe desarrollar programas de libertad provisional supervisada para acusados de delitos menores que no sean puestos en libertad por reconocer su delito y no cuenten con recursos financieros para pagar la fianza.

"La detención preventiva de delincuentes menores es una injusticia habitual en la Ciudad de Nueva York", señaló Fellner. "Enviar a personas a la cárcel porque carecen de algunos cientos de dólares no tiene nada que ver con la justicia, el control del crimen, el sentido común o la prudencia fiscal", agregó.