(Nueva York) - La firma de Indonesia de la convención internacional sobre desapariciones forzadas deben alentar al Gobierno a tomar medidas para resolver los casos en curso en el país, señaló Human Rights Watch en una carta dada a conocer el día de hoy al presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Human Rights Watch instó al presidente Yudhoyono a aplicar la recomendación del Parlamento hecha hace un año de abrir una investigación sobre un caso emblemático de la desaparición forzada de 13 estudiantes a finales de la década de 1990.
El 27 de septiembre de 2010, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores indonesio, Marty Natalegawa, firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
"La firma de Indonesia de la convención contra las desapariciones significa que reconoce la gravedad del delito y su obligación de investigar las desapariciones en curso", dijo Elaine Pearson, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. "Ahora el Gobierno tiene que abrir una investigación creíble y transparente sobre los casos de “desapariciones” en Indonesia”.
La Convención consagra el delito de la desaparición forzada, donde se priva a una persona de la libertad y los funcionarios se niegan a proporcionar información sobre el destino de la víctima o su paradero. El tratado exige a los gobiernos investigar presuntas desapariciones de manera efectiva, enjuiciar a los responsables y proveer un remedio apropiado para las víctimas, incluyendo a los familiares de personas desaparecidas.
En la carta, Human Rights Watch calificó la decisión de Indonesia de firmar el convenio como "un paso importante". Indonesia es el segundo Estado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en firmar el tratado. El portavoz adjunto de la Cámara de Representantes de Indonesia, Budi Santoso Priyo, dijo que los legisladores deben iniciar esfuerzos rápidamente para ratificar el convenio. Si la Cámara de Representantes de Indonesia ratifica sin demora la convención, esto convertiría a Indonesia en el primer Estado de la ASEAN en hacerlo, y podría causar que el tratado entre en vigor.
"Con la firma del tratado de desapariciones y el compromiso con rápida ratificación, Indonesia está demostrando liderazgo entre los países de la ASEAN", dijo Pearson. "Otros países asiáticos deberían seguir su ejemplo y firmar y ratificar pronto la convención contra las desapariciones".
En septiembre de 2009, la Cámara de Representantes de Indonesia, actuando en base a un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, formuló recomendaciones sobre el presunto secuestro de 23 activistas estudiantiles por las fuerzas de seguridad de Indonesia en 1997 y 1998, durante los últimos meses del gobierno el ex presidente Suharto. Nueve de los activistas fueron puestos en libertad más tarde con vida, uno fue encontrado muerto y 13 no han sido encontrados. En 1999, un tribunal militar condenó a 11 militares por el secuestro de los activistas que fueron hallados más tarde con vida, pero el tribunal no examinó la cuestión de las desapariciones forzadas o los casos de los otros 13 estudiantes.
"Durante un año, el presidente Yudhoyono ha guardado un silencio notable frente a las recomendaciones de la legislatura de Indonesia para establecer un tribunal sobre las desapariciones de los estudiantes," dijo Pearson. "Yudhoyono debe aprovechar el impulso de la firma de Indonesia del tratado y ordenar al fiscal general abrir una investigación inmediata sobre las desapariciones de los estudiantes".
Human Rights Watch señaló que un número de casos de desapariciones forzadas permanecen sin resolver en Indonesia, incluida la de Aristóteles Masoka, chofer del líder tradicional Theys Eluay, que fue secuestrado y asesinado por soldados de las fuerzas especiales de Indonesia (Komando Pasukan Khusus, o Kopassus) en noviembre 2001.
