Trabajadores inmigrantes de México y Honduras trabajan para reconstruir una casa dañada por el huracán Katrina el 27 de abril de 2006, en Nueva Orleans.

© 2006 Mario Tama/Getty Images

(Washington DC) - El Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Barack Obama deberían incluir protecciones a los derechos humanos de los inmigrantes, tanto en sus vidas diarias como en los tribunales, en cualquier propuesta de reforma inmigratoria, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. El documento incluye una serie de recomendaciones para modificar la legislación inmigratoria actual, con el fin de tratar asuntos como la vulnerabilidad de los inmigrantes a la explotación laboral, incluyendo el abuso sexual y las condiciones injustasen el lugar de trabajo.

El informe de 24 páginas, "'Tough, Fair, and Practical': A Human Rights Framework for Immigration Reform in the United States" (Resistente, justo y práctico: Un marco de derechos humanos para la reforma de la ley inmigratoria en Estados Unidos), propone un marco para mejorar las leyes inmigratorias de EE.UU. que les daría a los inmigrantes víctimas de delitos la oportunidad de buscar justicia, protegería a los trabajadores, respetaría la vida privada y familiar de los residentes que llevan mucho tiempo en el país y proveería un trato igualitario a los inmigrantes que han de comparecer ante los tribunales.

"Cuando los inmigrantes y sus hijos sufren porque sus empleadores los explotan o las leyes no los protegen, todos los americanos salen perdiendo", dijo Alison Parker, directora del programa de EE.UU. de Human Rights Watch. "Existe un consenso en que es necesario hacer algo respecto a la inmigración y este informe ofrece soluciones prácticas y de sentido común".

Entre las importantes medidas sugeridas en este informe, se recomienda que el Congreso y el gobierno de Obama:

  • Provean un camino a la legalización para los inmigrantes indocumentados, que ofrezca protección gubernamental tangible especialmente a los individuos vulnerables y asegure su disposición a informar a las autoridades en caso de ser víctimas de un delito.
  • Se aseguren de que los trabajadores inmigrantes, que suelen temer ser despedidos y deportados si reportan abusos cometidos en el lugar de trabajo, dispongan de un periodo de gracia para poder buscar un nuevo empleo tras dejar el anterior.
  • Les den libertad a los jueces para que puedan evaluar las conexiones de cada residente legal a Estados Unidos (como las relaciones familiares o el servicio militar) antes de deportarlo.

El informe también pide reformas que eliminen las ineficiencias en las leyes inmigratorias federales existentes, tales como la costosa e innecesaria detención de miles de inmigrantes que están en el país de forma legal, que no son peligrosos y que no suponen un riesgo de fuga. Estas políticas contradicen los estándares internacionales de derechos humanos que limitan la detención de inmigrantes a circunstancias justificadas por intereses gubernamentales legítimos.

EE.UU. también tiene la obligación bajo el derecho internacional deproteger a las familias en sus políticas de inmigración, señaló Human Rights Watch. Sin embargo, el informe indicaque las leyes actuales en el país exigen la deportación de ciertos residentes permanentes legales si han cumplido una pena de cárcel, incluso si es por un delito menor no violento, sin darles la opción a los jueces de mantener unidas a las familias. Como ejemplo, cita el caso de un veterano de guerra cuya esposa e hijos son ciudadanos estadounidenses pero que tiene una condena por posesión de drogas consecuencia de una adicción desarrollada durante el servicio militar.

"Pese a que mantener a las familias unidas y apoyar a los veteranos de guerra constituyen importantes valores americanos, cada año miles de residentes permanentes son deportados de manera sumaria sin que se tengan en cuenta en ningún momento estos factores", afirma Parker. "Los jueces de inmigración se encuentran demasiado a menudo con las manos atadas".

"Resistente, justo y práctico" es el informe más reciente producto de dos años de investigación de Human Rights Watch sobre las fallas en el sistema inmigratorio de EE.UU.