(Washington, DC) La conclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México de que las autoridades militares cometieron serias irregularidades en una investigación sobre el asesinato de dos niños cometido por soldados resalta la necesidad de dejar de confiar en el Ejército para que investigue sus propios abusos, señaló hoy Human Rights Watch.
En un informe dado a conocer el 16 de junio de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el Ejército mexicano era responsable de las muertes de Brian y Martín Almanza, de 5 y 9 años, y de las heridas causadas a otros cinco niños, en un incidente cerca de Matamorros, Tamaulipas, el 3 de abril. La comisión también concluyó que los militares habían alterado la escena de los hechos.
"Los militares no deben investigar ni un solo caso más de supuesto abuso militar contra los civiles", señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "Estas conclusiones revelan hasta qué punto los militares están dispuestos a distorsionar los hechos para protegerse".
Las conclusiones de la comisión contradicen directamente los resultados de la investigación militar acerca del incidente, según los cuales las víctimas habían muerto en un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes. El 30 de abril, el Procurador General de Justicia Militar, José Luis Chávez García, manifestó en una conferencia de prensa que, de acuerdo con la investigación militar, los niños habían fallecido por una granada arrojada por los delincuentes durante un enfrentamiento con los militares.
Los padres de las víctimas, así como otros pasajeros que se encontraban en el automóvil que fue atacado, dijeron a la CNDH que no existió un enfrentamiento armado y que los militares abrieron fuego sin que hubiera habido ninguna provocación. Según las autopsias realizadas por el médico forense estatal y peritos forenses de la CNDH, los niños murieron a causa de heridas de bala disparadas desde armas de fuego.
El informe de la CNDH también halló evidencias de que lo militares habían manipulado la escena del crimen. De acuerdo con la comisión, los militares no proporcionaron informes toxicológicos que evaluaban el nivel de alcohol o el uso de drogas de los soldados involucrados en el incidente, y se negaron a proporcionar a la CNDH las conclusiones de su propia investigación.
Un informe de Human Rights Watch, "Impunidad militar", demostró que los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, en gran parte debido a que la mayoría de los casos son investigados y juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en noviembre de 2009 que México reformara su Código de Justicia Militar de forma tal que excluyera los casos de violaciones de derechos humanos de la competencia de los tribunales militares. México aún no ha implementado esta decisión.
"Este caso es el ejemplo más claro de por qué México necesita actuar de inmediato para implementar la decisión de la Corte Interamericana", señaló Vivanco. "Los agentes del ministerio público del fuero federal deben investigar a quienes son responsables de las muertes de estos niños y tomar medidas para juzgarlos".
