Publicado en Reforma
Ciudad de México - No cabe la menor duda que México enfrenta una gravísima crisis de seguridad pública. Lo sorprendente es que, ante esta situación, el gobierno del presidente Calderón defienda obstinadamente, contra toda la evidencia, que el fuero militar es el más adecuado para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en su lucha contra el narcotráfico. Esta posición que equivocadamente pretende proteger al Ejército en realidad perjudica a la institución, dificulta el éxito de las políticas de seguridad, socava el Estado de derecho en el país y da marcha atrás en la política exterior de apertura aplicada por México en los últimos años.
La razón principal por la cual el creciente número de violaciones de derechos humanos cometidas por militares quedan impunes es que los militares no están en condiciones ni dispuestos a investigarse a sí mismos. Las denuncias por abusos militares aumentaron drásticamente, llegando a sextuplicarse entre 2006 y 2008, desde que el presidente Calderón desplegó más de 40 mil efectivos en las zonas más violentas del país. Y los números siguen creciendo. Los militares sistemáticamente asumen la jurisdicción para investigar estas denuncias a través de un sistema de justicia militar que carece de condiciones básicas para asegurar investigaciones y juicios independientes e imparciales.
Después de investigar esta materia por casi un año, y con información proporcionada por la Sedena, llegamos a la conclusión que en los últimos 10 años los tribunales militares no habían dictado ni una sola condena contra un militar por una violación grave de derechos humanos. Cabe subrayar que esta semana, la Sedena pretendió contestar a nuestra grave acusación diciendo que "12 militares fueron sentenciados durante la presente administración". Dicho comunicado señala escuetamente el número de expediente, las penas impuestas y el tipo de delito; pero nada sabemos de información elemental sobre, por ejemplo, algo tan básico como los hechos ilícitos cometidos ni cuándo ocurrieron. Es decir, justicia militar a cuentagotas.
Esta impunidad generalizada impacta negativamente en las políticas de seguridad del presidente Calderón. Cuando los militares cometen crímenes contra civiles que luego no sancionan atentan contra los niveles mínimos de profesionalismo que son clave para la eficacia de este tipo de tareas y resguardan la moral de sus miembros. Ello, asimismo, perjudica su imagen como fuerza pública que respeta a la población civil, y en cambio contribuye a aumentar la sensación de caos y violencia, uno de los factores que fomenta la inseguridad pública en México. Por último, genera desconfianza y temor en poblaciones que, de lo contrario, podrían colaborar en las iniciativas para promover seguridad.
A pesar de esta evidencia, el gobierno de México ha cerrado filas defendiendo el statu quo. Por ejemplo, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó tajantemente las recomendaciones de varios estados para que en México fueran las autoridades judiciales civiles las que investiguen los abusos militares. Por su parte, el secretario de Gobernación sostuvo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el fuero militar "garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad (y) publicidad".
Iniciativa Mérida
Esta discusión hoy se traslada al debate sobre el desembolso de fondos de la Iniciativa Mérida. Es evidente que Estados Unidos, donde se consume la mayoría de las drogas que se producen y pasan por México, debe respaldar a su país vecino en los esfuerzos por combatir al crimen organizado y la violencia relacionada con el narcotráfico. Pero este respaldo no puede traducirse en un cheque en blanco.
Hasta el momento, el Congreso de Estados Unidos ha retenido 129 millones de dólares (del 1.12 billón aprobado) que serían entregados a México cuando la secretaria Hillary Clinton informe al Congreso que México ha cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos. Uno de esos requisitos es que el gobierno mexicano "esté garantizando que los agentes del Ministerio Público y las autoridades judiciales civiles estén investigando y juzgando, de acuerdo con el derecho mexicano e internacional, a los agentes de la Policía Federal y del Ejército que hayan sido acusados fundadamente de cometer violaciones de derechos humanos, y que la policía y el Ejército estén colaborando activamente con las investigaciones".
Resulta objetivamente imposible que Clinton pueda sostener que México ha satisfecho este requisito. Desde que se aprobó la Iniciativa Mérida, la práctica no ha variado: los militares de hecho no permiten que las autoridades civiles investiguen sus violaciones de derechos humanos. Más aún, el gobierno de México reivindica esta postura, argumentando equivocadamente que es consistente con el derecho mexicano e internacional.
En cuanto al derecho mexicano, la Suprema Corte en un fallo poco conocido del 2005 limitó el alcance del fuero militar en casos de delitos comunes al definir que un "acto de servicio" es la "realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña (un militar)". Este lenguaje impediría que, por ejemplo, delitos como violaciones sexuales y torturas sigan siendo considerados hechos a ser investigados por el fuero militar. Asimismo, expertos en derecho constitucional mexicano consideran que la Constitución establece claramente que los agentes del Ministerio Público, locales o federales, deben investigar los casos en los cuales la víctima es un civil. Próximamente, la Suprema Corte debería pronunciarse específicamente sobre el alcance del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles y ojalá sea una oportunidad para establecer claramente que todos estos casos deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles.
Por otro lado, el derecho internacional dispone claramente que las violaciones graves de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes. Durante la última década, varios relatores y órganos de la ONU, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido informes que documentan la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia militar de México y la impunidad de los abusos investigados por tribunales militares.
Sin duda, el tema principal por el cual hoy México debe responder ante la ONU, el sistema interamericano de derechos humanos y la comunidad internacional en general es el uso de la justicia militar para investigar y juzgar abusos militares y la consiguiente impunidad en estos casos.
Oídos sordos, discurso vacío
Desde el gobierno anterior, México se ha abierto al escrutinio internacional, sobre la base que la interacción con la comunidad internacional es un vehículo para promover mejorías en las políticas y prácticas a nivel interno. Pero en el caso del fuero militar, el gobierno de Calderón hace oídos sordos a los reclamos unánimes de la comunidad internacional, transformando la política exterior de apertura en un discurso vacío.
A pesar de la abrumadora evidencia sobre la ineficacia la justicia militar para sancionar a violadores de derechos humanos, el gobierno ha decidido en los foros internacionales atrincherarse en una defensa cerrada y sin fundamento del fuero militar. Con ello reivindica el statu quo y, en los hechos, termina refugiándose en el viejo concepto de la soberanía nacional.
El propio Presidente ha expresado su compromiso con fortalecer el sistema de justicia y el Estado de derecho en México. En su Programa Nacional de Derechos Humanos señaló que impulsaría "reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos internacionales adoptados en materia de derechos humanos por el Estado Mexicano". Sobre la base de una propuesta suya, el Congreso aprobó una reforma constitucional exhaustiva destinada a modificar sustancialmente el disfuncional sistema de justicia penal de México, incluido el sistema de justicia militar. La reforma incorporó garantías básicas del debido proceso en la Constitución y exigió la adopción de un sistema de justicia acusatorio con audiencias orales.
El presidente Calderón, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, debería presentar al Congreso una iniciativa de reforma del sistema de justicia militar. Tal reforma debería, por ejemplo, modificar el Código de Justicia Militar para que explícitamente establezca que al menos los casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos cometidas por el Ejército contra civiles, incluidas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del Ministerio Público locales o federales. La propuesta debería también instruir a las autoridades militares a que cooperen plenamente con las civiles en la investigación y el juzgamiento de los abusos militares contra civiles; y garantizar que los jueces y magistrados militares gocen de estabilidad en sus funciones, fijando un periodo específico de inamovilidad en el cargo y estableciendo causales y mecanismos claros para su remoción. Y debería garantizar que las decisiones de los tribunales militares sean revisadas exhaustivamente por autoridades civiles, por ejemplo, al designar a jueces civiles independientes en el Supremo Tribunal Militar o al permitir una revisión de fondo de las decisiones de la justicia militar por los tribunales federales.
Las medidas que sugerimos son urgentes y son asignaturas pendientes de la transición democrática mexicana hacia un régimen donde no subsistan enclaves autoritarios. El presidente Calderón queda cada vez más en evidencia cuando, por una parte, aboga por el fortalecimiento de la justicia y el Estado de derecho y, por otra, defiende un régimen jurídico que garantiza que los que visten uniforme no rindan cuentas por sus actos. Es hora de terminar con el doble estándar.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch. Tamara Taraciuk es la abogada a cargo de México de HRW.
