(Osh)- El Gobierno de Kirguistán debe adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las personas que están intentando huir de la violencia incontrolada en el sur del país, señaló hoy Human RightsWatch. La organización de derechos humanos reiteró su llamamiento para la movilización de una fuerza bajo el mandato de la ONU para ayudar al Gobierno kirguiso a ofrecer protección y detener la violencia étnica que ha invadido Osh y se está propagando a otras ciudades del sur de Kirguistán.
"La población está desesperada por escapar de la violencia, pero, sin ayuda internacional, no tienen salida y cada minuto que pasa cuesta más pérdidas de vidas", señaló Andrea Berg, investigadora sobre Asia Central para Human RightsWatch, que salió de Osh el 13 de junio de 2010. "Las autoridades kirguisas tienen que adoptar medidas eficaces para proteger a la población y negociar el acceso a salvo de los que quieran huir", agregó.
El 13 de junio continuaron los incendios y otros ataques, y algunos residentes informaron de que una escuela y varias casas estaban en llamas. Un residente de un barrio del centro de Osh, habitado mayoritariamente por personas de origen uzbeco, relató a Human RightsWatch que las bandas recorrieron el barrio prendiendo fuego a casas y disparando contra las personas que intentaban huir. Las bandas se iban cuando llegaba el ejército, pero regresaban en cuanto los soldados salían del barrio.
Algunos testigos presenciales en Cherеmyshki, un barrio inmediatamente al oeste del centro de la ciudad, dijeron a Human RightsWatch que las bandas incendiaron las casas de uzbecos y dispararon contra los que intentaron huir. Las bandas rodearon el barrio e impidieron la huida de muchos residentes.
Un investigador de Human RightsWatch vio barrios calcinados, automóviles incendiados y barricadas en las calles, con unos cuantos edificios y vehículos (marcados con las siglas KG, presuntamente por "kirguisos") intactos.
El 12 de junio, el Gobierno kirguiso envió efectivos de las fuerzas de seguridad a Osh y les otorgó autoridad para disparar a matar, lo que, según Human RightsWatch, conllevaría inevitablemente violaciones del derecho a la vida. Un hombre de Cheremyshki dijo a Human RightsWatch que el personal uniformado y otros agentes claramente identificados como miembros de las tropas oficiales también intervinieron en los tiroteos en el barrio, aunque no está claro si los uzbecos estuvieran armados o supusieran alguna amenaza.
Mientras tanto, la violencia étnica se agravó en Jalal-Abad, a unos 50 kilómetros de Osh; y Akipress, una agencia de noticias kirguisa, informó de tiroteos, incendios de casas y la huida de personas de origen uzbeco.
La situación humanitaria en Osh y la frontera entre Kirguistán y Uzbekistán se ha hecho cada vez más desesperada. Un miembro del equipo de Human RightsWatch en Osh recibió numerosas llamadas telefónicas de personas desesperadas suplicando ayuda para su evacuación, así como asistencia alimentaria y sanitaria. Varias de ellas dijeron a Human RightsWatch que especialmente los grupos vulnerables, entre ellos los niños y las mujeres embarazadas, necesitan urgentemente asistencia alimentaria y sanitaria. Las organizaciones de ayuda humanitaria que se encontraban en la ciudad cuando empezaron los ataques no han podido prestar asistencia debido al nivel de peligrosidad de la situación de seguridad.
Esta situación también ha impedido el suministro de ayuda humanitaria a las miles de personas de origen uzbeco que están huyendo de la violencia y aglomerándose en diferentes puntos a lo largo de la frontera con Uzbekistán.
Human RightsWatch instó a la comunidad internacional a que colabore con el Gobierno kirguiso para ofrecer protección y atender las necesidades humanitarias de las personas de origen uzbeco que están huyendo de la violencia y aglomerándose en diferentes puntos a lo largo de la frontera con Uzbekistán.
Una fuente dijo a Human RightsWatch que un amigo uzbeco le había contado que las bandas se habían dirigido a la frontera y disparado contra la gente que se encontraba allí. No se sabe si estos ataques han causado heridos.
"La comunidad internacional necesita colaborar urgentemente con el Gobierno de Kirguistán para garantizar que se pueda suministrar ayuda humanitaria en las zonas fronterizas", señaló Berg.
Human RightsWatch instó también al Gobierno de Uzbekistán a que mantenga abierta la frontera y permita la entrada al país de los que buscan protección. Aunque Uzbekistán no ha ratificado la Convención sobre los Refugiados de 1951, Human RightsWatch instó a su gobierno a que ofrezca protección, al menos provisionalmente, a todos los ciudadanos kirguisos que quieran cruzar la frontera y permita que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados les suministre asistencia de emergencia.
Human RightsWatch instó también al Gobierno kirguiso a que anule su decisión de autorizar a las fuerzas de seguridad que disparen a matar. Instó además a todas las partes involucradas en el mantenimiento de la ley y el orden a que respeten los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que exigen que dichos funcionarios adopten medidas para preservar y proteger la vida humana y recurran solamente la fuerza letal como último recurso.
