Sr. Presidente:
Human Rights Watch agradece a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados por su informe. Nos resulta alentador que el informe mencione el caso de María Lourdes Afiuni, una jueza venezolana que fue arrestada arbitrariamente en diciembre de 2009, luego de conceder la libertad condicional a una persona cuya prisión preventiva había sido declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias.
La decisión de juzgar a la Jueza Afiuni por aplicar el derecho venezolano e internacional constituye un fuerte revés para la independencia judicial y el estado de derecho en Venezuela. Inmediatamente después de la detención de Afiuni, el Presidente Hugo Chávez se refirió a ella abiertamente como "bandida" y afirmó que debía ser condenada a 30 años de prisión. Una jueza provisoria (sin estabilidad en el cargo) ordenó recientemente que Afiuni sea enjuiciada por el delito de corrupción propia, aun cuando los fiscales establecieron expresamente que Afiuni no había recibido pago alguno ni promesa de obtenerlo. Afiuni continúa en prisión preventiva.
Este caso ejemplifica la falta de independencia judicial que existe en Venezuela. En 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios lograron neutralizar al poder judicial como poder independiente del gobierno a través de un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, que consistió en designar a partidarios del gobierno entre sus miembros y en adoptar nuevas medidas que permitieron depurar al Tribunal. Desde entonces, el Tribunal prácticamente ha abdicado de su rol de contralor del poder ejecutivo y no ha reconocido derechos fundamentales consagrados en la Constitución venezolana en varios casos clave vinculados con medidas del gobierno destinadas a limitar la libertad de expresión y la libertad sindical. El impacto del copamiento se ha extendido a todo el poder judicial.
Reconocemos el papel fundamental de la Relatora Especial y la instamos respetuosamente a que continúe monitoreando el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni y a que le solicite al Gobierno de Venezuela que termine con el proceso penal en su contra. También le pedimos a la Relatora Especial que solicite a Venezuela la realización de una visita oficial con el fin de observar las restricciones más amplias a la independencia de los magistrados y abogados que existen en el país, y que formule recomendaciones al Gobierno de Venezuela para que aborde estos graves problemas.
