(Washington, DC) – La detención de la jueza María Lourdes Afiuni amenaza la independencia judicial y el estado de derecho en Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch. Venezuela ha ignorado los pedidos de los órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA para que ponga fin a la detención arbitraria de Afiuni y garantice su seguridad.
 
El 10 de diciembre de 2009, la jueza Afiuni fue detenida después de otorgar la libertad condicional a Eligio Cedeño, un empresario del sector bancario acusado de corrupción, debido a que había permanecido casi tres años en prisión preventiva, un período que superaba el plazo máximo de 2 años previsto por la legislación venezolana. Pocos meses atrás, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había calificado a la detención de Cedeño como “arbitraria”. Las autoridades venezolanas la acusaron de corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. El 11 de diciembre, el Presidente Hugo Chávez se refirió a Afiuni como “bandida” y manifestó que debía ser condenada a 30 años de prisión. Cedeño escapó de Venezuela y pidió asilo político en los Estados Unidos pocos días después.
 
“Encarcelar a una jueza por hacer su trabajo y dictar una resolución que protege derechos fundamentales protegidos tanto por la legislación venezolana como por el derecho internacional no es algo que debería suceder en una verdadera democracia”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Una vez más, el gobierno de Chávez ha demostrado su indiferencia absoluta por el principio de independencia judicial”.
 
La investigación de las irregularidades presuntamente cometidas por Afiuni está a cargo de una juez provisoria, sin estabilidad en el cargo. Afiuni continúa detenida en una cárcel de mujeres, donde también se encuentran otras presas condenadas, algunas de las cuales fueron juzgadas en su tribunal. Ha sido objeto de reiterados insultos y amenazas por otras reclusas.
 
El 16 de diciembre, tres Relatores de la ONU exigieron la “libertad inmediata e incondicional” de la jueza Afiuni, y señalaron que “las represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”.
 
El 11 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Afiuni y ordenó a Venezuela que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de la jueza María Lourdes Afiuni” y que esta sea “trasladada a un lugar seguro”. Luego de tres meses, el gobierno aún no ha implementado estas medidas.
 
“Teniendo en cuenta el contexto en el cual fue detenida Afiuni, y el dramático deterioro de la independencia judicial en Venezuela durante el gobierno de Chávez, es difícil esperar que vaya a recibir un juicio justo”, expresó Vivanco.
 
Human Rights Watch ha documentado la falta de independencia judicial en Venezuela en el informe  de 2008 “Una Década de Chávez”, que describe el copamiento político del Tribunal Supremo llevado a cabo por Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional durante 2004. Este copamiento consiguió neutralizar al poder judicial como rama independiente del gobierno. Desde entonces, el Tribunal no ha cumplido con su rol como garante de los derechos fundamentales frente al accionar arbitrario del estado.