(Nueva York) – Israel debe emprender inmediatamente una investigación creíble e imparcial acerca de las muertes de al menos diez activistas después de que las fuerzas de seguridad israelíes abordaran las embarcaciones que formaban parte de una “flotilla de ayuda” a Gaza, señaló hoy Human Rights Watch.
Human Rights Watch señaló que el incidente, en el que, según informes, resultaron también heridos docenas de activistas y varios integrantes de los comandos israelíes, despierta graves preocupaciones acerca del posible uso ilegal y excesivo de la fuerza letal.
“Es absolutamente esencial que se emprenda inmediatamente una investigación creíble e imparcial para determinar si la fuerza letal empleada por los comandos israelíes fue necesaria para proteger vidas o si se podía haber evitado su empleo”, señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Teniendo en cuenta el deficiente historial de Israel con respecto a la investigación de muertes ilegales a manos de sus fuerzas armadas, la comunidad internacional debe supervisar estrechamente cualquier investigación para garantizar que cumpla con las normas básicas internacionales y que se lleve ante la justicia a los responsables”, agregó.
Según informes, a las 4 de la madrugada del 31 de mayo, los comandos israelíes abordaron las embarcaciones de la flotilla de ayuda. En la flotilla de seis barcos participaban alrededor de 700 activistas. Los organizadores de la flotilla dijeron que transportaban ayuda humanitaria destinada a Gaza, que incluía cemento, sillas de ruedas y piezas para reparar la infraestructura de abastecimiento de agua. Los activistas dijeron que las embarcaciones se encontraban a 70 millas de la costa cuando las fuerzas israelíes las abordaron.
El Gobierno israelí declaró que los activistas que viajaban en los barcos se resistieron violentamente al abordaje de las fuerzas israelíes, e hirieron gravemente a dos soldados. Los activistas que viajaban en los barcos señalaron que las fuerzas israelíes habían matado a personas desarmadas que formaban parte de la flotilla humanitaria. Human Rights Watch todavía no ha podido realizar su propia investigación para determinar cuál versión es la correcta. El Gobierno había advertido a la flotilla que no intentará romper el bloqueo israelí sobre Gaza.
“La oposición del Gobierno israelí a la iniciativa de la flotilla era bien conocida, pero no sirve para aclarar las principales dudas: ¿Las fuerzas israelíes usaron ilegalmente la fuerza letal a bordo de los barcos? ¿Se podrían haber adoptado medidas alternativas que habrían evitado la violencia?”, señaló Whitson.
Human Rights Watch instó a Israel a que permita el acceso inmediato de todos los miembros de la flotilla detenidos o lesionados a representantes legales y sus familiares, y a que revele las identidades de los heridos o muertos. Según los organizadores de la flotilla, las autoridades israelíes han negado a los detenidos en el puerto de Ashdod el acceso a sus abogados, y todavía no han divulgado dónde han sido hospitalizados los heridos. Al parecer se han bloqueado todas las comunicaciones de la flotilla y sus miembros, y no se han hecho públicos los nombres de las personas fallecidas.
Israel ha bloqueado las fronteras terrestres y marinas con Gaza desde junio de 2007, cuando Hamas tomó el control del territorio. La colaboración de Egipto ha sido esencial para bloquear la frontera sur de Gaza. El bloqueo, que constituye un castigo colectivo ilegal contra la población civil de Gaza, ha dañado gravemente la economía y provocado que entre un 70 y 80 por ciento de los residentes se encuentren en la pobreza y dependan de la ayuda humanitaria.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley disponen que las autoridades emplearán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Los Principios disponen que, cuando el uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego sean inevitables, las autoridades ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito. Solo se puede hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Los Principios Básicos también exigen un proceso eficaz de información e indagación, especialmente en los casos con muertes y heridos graves.