La aldea de Kyon Da Min una semana después de que el ciclón Nargis azotara Birmania. La tormenta mató a 1,000 de las 5,000 personas que viven dentro o en las cercanías de la aldea.

© 2008 Christian Holst/Reportage by Getty Images

(Bangkok) – El Gobierno birmano continúa denegando libertades fundamentales e imponiendo restricciones injustificadas a las agencias de ayuda, a pesar de los avances significativos en la rehabilitación de las áreas devastadas por el ciclón Nargis hace dos años, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy.

Human Rights Watch instó a que se renueve la presión internacional sobre el Gobierno birmano para obtener la puesta en libertad de trabajadores locales de ayuda humanitaria y otros presos políticos, y garantizar que la asistencia llegue a todo el país.

“Dos años después de una de las peores catástrofes naturales ocurridas en el mundo, los trabajadores locales de ayuda humanitaria siguen sufriendo la represión constante de las autoridades militares”, señaló Elaine Pearson, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. “La intensa presión internacional forzó al Gobierno militar a permitir la entrada de agencias extranjeras de ayuda, pero los generales birmanos han cerrado la puerta a los críticos contra el Gobierno, muchos de los cuales siguen encarcelados por manifestarse en defensa de sus conciudadanos necesitados”, agregó.

El informe de 102 páginas, “‘I Want to Help My Own People’: State Control and Civil Society in Burma after Cyclone Nargis” (Quiero ayudar a mi propia gente: El control oficial y la sociedad civil en Birmania después del ciclón Nargis), basado en 135 entrevistas con supervivientes del ciclón, trabajadores de ayuda humanitaria y otros testigos presenciales, expone en detalle la respuesta del Gobierno militar birmano al ciclón Nargis y su consecuencias para los derechos humanos y el desarrollo de Birmania en la actualidad. El informe describe los intentos del Gobierno para bloquear la asistencia durante las tres semanas de desesperación posteriores al ciclón, que azotó el delta del Irrawaddy el 2 de mayo de 2008, y la respuesta concertada de las organizaciones cada vez más asertivas de la sociedad civil birmana para superar las restricciones oficiales para la provisión de ayuda. El informe expone en detalle las violaciones constantes de los derechos a la libertad de expresión, asociación y movimiento contra los trabajadores birmanos de ayuda humanitaria y sus organizaciones por parte del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC, por sus siglas en inglés).

El ciclón Nargis mató a más de 140,000 personas y afectó gravemente a otros 2.4 millones de residentes en el delta del Irrawaddy, así como en Rangún, la antigua capital. En el período inmediato posterior al ciclón, el Gobierno militar birmano retrasó y obstaculizó el esfuerzo de socorro internacional y llegó incluso a aumentar la represión mientras seguía adelante con la farsa de referendo constitucional del 10 y 24 de mayo de 2008.

La asistencia internacional no se reanudó hasta la llegada del acuerdo diplomático sin precedentes del 31 de mayo de 2008, entre el SPDC, las Naciones Unidas y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Este acuerdo facilitó un flujo sin precedentes de asistencia humanitaria a zonas afectadas por el ciclón, lo que incluía la presencia de trabajadores internacionales y locales de ayuda que ahora disfrutan de mayor acceso para prestar asistencia humanitaria.

Aunque esta apertura se recibió positivamente, Human Rights Watch señaló que existen constantes dificultades para la reconstrucción en el delta, entre ellas para el acceso a agua y saneamiento, la vivienda, las necesidades sanitarias y los medios de vida, que afectan especialmente a las comunidades agrícolas y pesqueras de la zona. El SPDC no está apoyando adecuadamente los esfuerzos de reconstrucción que benefician a la población, y está aportando tan solo cantidades irrisorias de ayuda a pesar de contar con grandes sumas derivadas de las lucrativas ventas de gas natural.

Las organizaciones humanitarias señalaron a Human Rights Watch que no se han hecho realidad las esperanzas de expandir significativamente la ayuda internacional por toda Birmania después del ciclón Nargis, y el espacio humanitario se está estrechando de nuevo ante la posibilidad de que se celebren elecciones a finales de 2010. Las limitaciones constantes para la entrega de ayuda y los reglamentos electorales represivos contra los partidos políticos de la oposición destacan la mentalidad de seguridad nacional del Gobierno militar que dar más importancia al mantenimiento del control que al bienestar de sus ciudadanos.

“Las necesidades humanitarias de alimentos, agua potable y atención médica básica de la población de Birmania son inmensas debido a que el Gobierno militar lleva tanto tiempo gestionando mal la economía e imponiendo condiciones estrictas sobre la ayuda”, señaló Pearson. La buena noticia es que después de Nargis las capacidades de los trabajadores birmanos de ayuda han crecido para ayudar a cubrir estas deficiencias. La mala noticia es que los avances en el área afectada por el ciclón no han sido comparables en el resto del país, donde millones de birmanos viven en una situación de pobreza innecesaria alimentada por la corrupción y la represión sistemáticas”, agregó.

El informe describe también cómo, en las semanas inmediatas posteriores al ciclón, el SPDC siguió adelante con un referendo constitucional manipulado a expensas de los esfuerzos de los ciudadanos ordinarios por asistir a los supervivientes. Frente a la respuesta insensible del Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos birmanos captaron fondos, reunieron suministros y se desplazaron a las zonas más afectadas del delta del Irrawaddy para ayudar a los supervivientes de las aldeas destrozadas.

Durante los meses siguientes, el SPDC arrestó a decenas de activistas y periodistas birmanos que se manifestaron públicamente acerca de la mala respuesta oficial al ciclón Nargis. Más de una veintena de personas que participaron en las actividades de socorro siguen encarceladas en la actualidad, entre ellas Zargana, el famoso cómico birmano que fue condenado a 35 años de cárcel. Human Rights Watch prosigue con su campaña 2100 in 2010: Free Burma’s Political Prisoners pidiendo la puesta en libertad inmediata de estos presos y otros presos políticos.

“La respuesta de la sociedad civil birmana al ciclón Nargis ha sido digna de inspiración, pero es un desgracia que se haya encarcelado con duras condenas a trabajadores de ayuda que se manifestaron abiertamente”, señaló Pearson. “Ante las elecciones de 2010, la comunidad internacional tiene que manifestarse al unísono sobre la necesidad de que los líderes birmanos pongan en libertad a Zargana, a otros trabajadores de ayuda y a los más de 2,100 presos políticos encarcelados en el país”, agregó.

Testimonios seleccionados de supervivientes del ciclón y trabajadores birmanos e internacionales de ayuda entrevistados para este informe:

“Nargis fue la peor experiencia de mi vida. Lo último que recuerdo es los relámpagos junto con un fuerte viento, y después una ola gigantesca que nos cubrió a mi hija y a mí cuando corríamos hacia el monasterio. Después quedamos separadas. Me arrastró la ola y me quedé inconsciente. Cuando recuperé la consciencia, no llevaba ropa y no tenía fuerza para caminar. A mi lado había un cuerpo sin vida. Creo que estuve tumbada así durante dos días. Intenté buscar a mi hija todo lo que pude. Después, las personas de un barco me rescataron. No hubo aviso de tormenta”.

– “May Khin”, una superviviente del ciclón Nargis de 45 años de edad del municipio de Laputta

“Cuando se produjo el ciclón Nargis, no había autoridad visible ni siquiera en Rangún, porque hubo tantos daños y estaba claro que las autoridades no podían atender las necesidades de la población, así que decidieron mantenerse al margen. Esto fue alarmante para la población—de repente nos encontramos sin soldados ni autoridades en la calle. Las personas tuvieron que depender solamente de sí mismas, pero nunca nos habíamos encontrado en una situación así”.

–“Myo Nyunt”, un trabajador de asistencia comunitaria entrevistado por Human Rights Watch en Rangún, marzo de 2010.

“Quiero salvar a mi propio pueblo. Por eso aceptamos cualquier donación que podamos obtener. Pero al Gobierno no le gusta nuestro trabajo. No está interesado en ayudar a la población. Sólo quiere decir al mundo y al resto del país que todo está controlado y que ya ha salvado a su pueblo”.

–Zargana, cómico y trabajador de asistencia comunitaria, entrevistado por los medios birmanos en el exilio antes de su arresto en Rangún el 4 de junio.

“No tengo ni idea de qué es la Constitución. Pero votamos después de Nargis. Nos dijeron solamente que votáramos ‘sí’. No sé cuál fue el resultado. En ese momento, la gente estaba luchando duramente por sobrevivir. Nos limitamos a hacer lo que nos dijeron”.

– “Ma Mei Mei”, un joven del municipio de Dedaye describiendo el referendo constitucional celebrado tres semanas después del ciclón Nargis.

“La experiencia en el delta no ha cambiado en absoluto el acceso al resto del país. Sin embargo, la experiencia del Nargis ha cambiado la relación entre las organizaciones de ayuda y algunas personas en el Gobierno, y ha generado confianza. Pero no estamos seguros hasta qué nivel de Gobierno. En nuestra experiencia, esto no ha mejorado el acceso a otras partes del país”.

– Responsable de una importante agencia de ayuda internacional con sede en Rangún, entrevista de Human Rights Watch, Rangún, marzo de 2010.

Video: Los prisioneros olvidados de Birmania