En Conakry, la capital de Guinea, personas lloran después de identificar el cuerpo de un familiar muerto el 28 de septiembre de 2009, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra partidarios de la oposición mientras marchaban y se dirigían a realizar un mitin en el Estadio 28 de septiembre. El cuerpo de su pariente fue uno de los 57 muertos que se mostraron en la Gran Mezquita de Fayçal el 2 de octubre 2009.

© 2009 Reuters

(Dakar) - El nuevo gobierno de transición de Guinea debe tomar medidas concretas para garantizar el resarcimiento de las víctimas de la masacre de más de 150 simpatizantes de la oposición en un estadio en la capital Conakry, en septiembre de 2009, Human Rights Watch señaló hoy en una carta al nuevo gobierno. El gobierno también debe localizar los cuerpos de los desaparecidos y suspender a los funcionarios implicados en la masacre y sus consecuencias, señaló Human Rights Watch.

Human Rights Watch pidió al presidente interino, el general de brigada Sékouba Konaté, y al primer ministro de transición, Jean-Marie Doré, adoptar medidas concertadas, de conformidad con las normas internacionales para prevenir, investigar y enjuiciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Guinea. En el período previo a las elecciones, previstas para junio, el gobierno debe supervisar a las fuerzas de seguridad para evitar intentos de intimidar o manipular a los candidatos o a los electores, dijo Human Rights Watch.

"Konaté y Doré tienen la oportunidad de terminar con la continua impunidad de Guinea y poner fin a la violencia", dijo Corinne Dufka, investigadora principal de Human Rights Watch para el oeste de África. "La rendición de cuentas por los abusos del pasado y la construcción de una sociedad basada en el Estado de derecho es el trabajo de hoy, no de mañana".

El 15 de enero de 2010, con el retiro del líder del golpe de Estado de 2008, el capitán Dadis Moussa Camara, se abrió el camino para un gobierno interino en gran parte civil, que fue nombrado el 15 de febrero por Doré, un ex líder de la oposición. Doré fijó una fecha para celebrar elecciones que podrían dar como resultado un gobierno completamente civil.

En su carta, Human Rights Watch instó a ambos líderes a trazar una línea sobre el pasado de abuso de Guinea y trabajar para desmantelar un sistema en el que los autores de los abusos no han perdido el sueño al saber que nunca enfrentarían una investigación o un enjuiciamiento, mientras que las víctimas fueron abandonadas y han tenido que recoger los pedazos de sus vidas.

Nadie ha tenido que rendir cuentas por la campaña de represión violenta en 2006 y 2007 sobre los guineanos que se manifiestan en contra del deterioro de las condiciones económicas, donde resultaron unos 150 muertos y más de 1,700 heridos. Otros incidentes que han quedado impunes incluyen el ataque premeditado contra los partidarios de la oposición cuando estaban reunidos en un estadio el 28 de septiembre de 2009, y donde murieron de 150 a 200 guineanos; y la corrupción rampante y mala gestión de los vastos recursos naturales de Guinea, que ha impedido el acceso de los guineanos a la atención de salud básica y a la educación.

Human Rights Watch también expresó su preocupación por la promoción en 2009 y la confirmación mediante un decreto presidencial el 16 de febrero, de dos funcionarios militares de alto nivel a dos puestos principales de gobierno, que según investigaciones de Human Rights Watch y de las Naciones Unidas, están fuertemente implicados en torturas, asesinatos y violaciones. Human Rights Watch pidió que los oficiales – el mayor Claude Pivi y el teniente coronel Moussa Tiégboro Camara – sean removidos de sus cargos en espera de una investigación imparcial sobre papel en la violencia de septiembre de 2009 y otros abusos graves.

El mayor Pivi estuvo presuntamente implicado en la represión que siguió a la masacre en el estadio, incluyendo en los ataques a las casas de los dirigentes políticos esa noche. También ha sido implicado en actos de tortura cometidos en 2008, incluyendo de agentes de policía de Guinea, actos delictivos como el robo, y la matanza de diciembre de 2009 de dos soldados presuntamente relacionados con un intento de asesinato el 3 de diciembre del líder del golpe de Estado.

El teniente coronel Tiégboro comandó personalmente una unidad de gendarmes que utilizó la fuerza letal contra los partidarios de la oposición cuando llegó al estadio y supuestamente tomó parte activa en la masacre y, en menor medida, en la violencia sexual que le siguió. Varios hombres detenidos tras la masacre de septiembre en un centro especial de detención bajo su mando directo fueron sometidos a graves maltratos. En junio de 2009 pidió públicamente a los grupos de jóvenes hacer justicia y "quemar a todos los bandidos armados que sean capturados in fraganti cometiendo un robo a mano armada".

"Las víctimas de la violencia en septiembre han tenido que soportar la presencia continua en misión oficial de los miembros de la Guardia Presidencial y de otras personas que participaron en el baño de sangre", dijo Dufka. "Y peor aún, muchos de los presuntos autores, incluidos Pivi y Tiégboro, han sido promovidos y recompensados con cargos de gobierno."

La Corte Penal Internacional inició un análisis de la situación en Guinea después de la violencia en septiembre. Una consideración para determinar si la Corte abrirá una investigación es si los tribunales nacionales están dispuestos y son capaces de investigar y enjuiciar los delitos.

Dada la preocupación por la falta de independencia del poder judicial de la rama ejecutiva, la insuficiencia de recursos y la corrupción, todos los conocimientos disponibles deben utilizarse para garantizar que las investigaciones internas y los enjuiciamientos se desarrollen en forma justa, imparcial, independiente y eficaz, dijo Human Rights Watch.

Human Rights Watch también pidió a Konaté y Doré financiar y poner en marcha el Observatorio Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos (ONDH), un organismo de Guinea con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos en curso, y poner en funcionamiento a la Comisión Independiente de Investigación para la violencia relacionada con la huelga de enero - febrero de 2007, que dejó al menos 137 muertos.

Además, las autoridades deben garantizar el derecho a la vida y a un juicio justo para el teniente Abubakar "Tumba" Diakité, si se pone bajo custodia, dijo Human Rights Watch. El teniente Diakité es un presunto autor clave de la violencia de septiembre que se ha mantenido oculto desde el intento de asesinato contra Dadis Camara.

"Los nuevos líderes de Guinea tienen un trabajo importante por delante", dijo Dufka. "Su éxito se debe medir por lo bien que aborden la violencia del pasado y restauraren el Estado de derecho".