Familiares de prominentes reformistas y de otras personas detenidas después de las disputadas elecciones de Irán de junio 2009, se reúnen fuera de la oficina del fiscal de Teherán para pedir la liberación de sus allegados.

© 2009 Sipa

(Washington, DC) – El alcance de la campaña de represión del Gobierno iraní contra la disidencia desde las polémicas elecciones de junio de 2009 es aún mayor y los abusos más flagrantes de lo que se había informado anteriormente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy que documenta numerosos casos de abuso. El Gobierno debe liberar inmediatamente a todos los que siguen detenidos por expresar pacíficamente su disenso y asegurarse de que los responsables de violaciones a los derechos humanos rindan cuentas, señaló Human Rights Watch.

El informe de 19 páginas “The Islamic Republic at 31: Post-Election Abuses Show Serious Human Rights Crisis” (La República Islámica en el 31: Los abusos post electorales muestran la crisis grave de derechos humanos), documenta violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas, violaciones de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, y miles de arrestos y detenciones arbitrarias durante los nueve meses posteriores a las elecciones del 12 de junio de 2009. Nuevos detalles de abusos están emergiendo pese a que el Gobierno organiza las celebraciones para conmemorar el 31 aniversario de la Revolución, que abrió el camino para el establecimiento de la República Islámica.

"El esfuerzo del Gobierno iraní de usar las celebraciones de aniversario para desviar la atención de sus violaciones a los derechos humanos no va a funcionar", dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch, "En lugar de ello, debería aprovechar la ocasión para finalmente hacer rendir cuentas a los responsables".

El informe se basa en extensas entrevistas telefónicas y correspondencia vía correo electrónico con los manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos, y las familias de las figuras políticas detenidas. El informe afirma que el Gobierno está llevando a cabo su campaña de intimidación, detención y condena de personas por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión. No ha puesto fin a la represión ni hecho rendir cuentas a los responsables.

Un ex detenido del centro de detención Kahrizak, a las afueras de Teherán, habló con Human Rights Watch por teléfono acerca de su experiencia:

El 26 de junio, los guardias de la prisión una vez más crearon simulacros de ejecución, insultando y golpeando a la gente al azar que pedía agua o usar el baño. Les dije: "Ejecútenme si quieren y háganlo de una buena vez". Recibí una patada en el estómago y cuando me caí al suelo recibí más patadas en el estómago, hasta que empecé a vomitar sangre. Otro hombre dijo: "Llévate a este maricón y hazlo quedar embarazado, no se pasará de listo otra vez. "Ese hombre me agarró violentamente y me llevó a otro lugar. Me ató las manos y los pies y me bajó la ropa interior y [...] mientras me estaba violando, me dijo: ".... Ni siquiera puedes defender tu propio culo, ¿cómo deseas iniciar una revolución de terciopelo?". Vomité sangre y me desmayé.

Las manifestaciones que tuvieron lugar durante las semanas posteriores a la disputada elección fueron las más grandes del país desde las que precedieron al derrocamiento del Shah en 1979 y el establecimiento de la República Islámica. La policía antidisturbios y las fuerzas paramilitares de Basij se enfrentaron a los manifestantes con bastones, palos, y en algunos casos munición real, sin hacer distinción entre la abrumadora mayoría de manifestantes pacíficos y los pocos que participaban en actos de vandalismo. La violencia del Estado no se limitó a los sitios de las manifestaciones: fuerzas paramilitares de Basij y otros agentes vestidos de civil atacaron dormitorios de estudiantes y organizaron redadas nocturnas en zonas residenciales. Tan sólo en junio, por lo menos 40 personas murieron como resultado directo de la represión gubernamental.

Las autoridades también arrestaron a miles de manifestantes ordinarios y decenas figuras políticas y activistas destacados críticos del Gobierno. Los peores abusos contra los manifestantes ordinarios tuvieron lugar en las comisaríasy los centros de detención, sobre todo en el centro de detención Kahrizak. Según reconoció una investigación parlamentaria, al menos tres detenidos murieron a causa de las lesiones sufridas en este lugar. Algunas personas que estuvieron recluidas en centros de detención de la policía han denunciado que las autoridades los asaltaron y violaron sexualmente durante su detención.

Las autoridades también abusaron de los detenidos en Evin, un amplio complejo penitenciario y donde Human Rights Watch documentó previamente abusos constantes. Prominentes figuras políticas y activistas detenidos en Evin hicieron confesiones que parecían haber sido obtenidas mediante coacción y que el Gobierno utilizó en su contra en los juicios en masa de más de 100 acusados en agosto.

A pesar de las campañas generalizadas de detenciones y los actos de intimidación, los críticos del Gobierno han seguido utilizando importantes días festivos nacionales y religiosos como oportunidades para demostrar pacíficamente su oposición al Gobierno y sus políticas. Más recientemente, a finales de diciembre, los manifestantes se reunieron en las principales ciudades del país para conmemorar la festividad religiosa de Ashura, que coincidió con las ceremonias de luto por el clérigo de mayor rango crítico del Gobierno, el gran ayatola Hossein Ali Montazeri. La policía y las fuerzas paramilitares de Basij atacaron a los manifestantes en Teherán y Qom, hiriendo a varios y matando al menos a ocho. Las autoridades también arrestaron a decenas de otros activistas y manifestantes, y amenazaron con procesar a algunos de ellos bajo cargos que conllevan la pena de muerte.

"Las campañas del Gobierno de intimidación no han funcionado para silenciar a sus críticos", dijo Stork, "Es hora de que pongan fin a sus tácticas represivas y garanticen a los ciudadanos el derecho a expresar su desacuerdo".