(Washington, DC, 20 de enero de 2010) - Los gobiernos responsables de graves violaciones de los derechos humanos han intensificado durante el último año los ataques contra defensores de derechos humanos y las organizaciones que documentan los abusos, dijo Human Rights Watch hoy en la publicación de su Informe Mundial 2010.

El informe de 612 páginas, que constituye el vigésimo examen anual de la organización sobre las prácticas globales de derechos humanos, resume las tendencias principales de los derechos humanos en más de 90 naciones y territorios de todo el mundo, sobre la base del extenso trabajo de investigación realizado en 2009 por el personal de Human Rights Watch. El capítulo introductorio de esta edición, a cargo del director ejecutivo Kenneth Roth, argumenta que la capacidad del movimiento de derechos humanos para ejercer presión en representación de las víctimas ha crecido enormemente durante los últimos años, y que este desarrollo ha generado una reacción por parte de los gobiernos abusivos que se intensificó particularmente en 2009.

"Los ataques contra defensores de los derechos pueden ser vistos como un homenaje perverso al movimiento de derechos humanos, pero eso no atenúa el peligro", señaló Roth. "Bajo diversos pretextos, los gobiernos abusivos están atacando las bases mismas del movimiento de derechos humanos".

Los ataques contra los observadores de derechos humanos no se limitan a los gobiernos autoritarios como Birmania y China, dijo Human Rights Watch. En los países con gobiernos electos que se enfrentan a insurgencias armadas ha habido un fuerte aumento de ataques armados contra los observadores de derechos humanos. Aunque el conflicto armado de Chechenia se ha atenuado, hubo una serie devastadora de asesinatos y amenazas contra abogados y activistas que luchan contra la impunidad en el Cáucaso septentrional.

Human Rights Watch señaló que algunos gobiernos son tan abusivos contra las personas y organizaciones que ningún movimiento nacional de derechos humanos puede funcionar, como es el caso de Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán.

La introducción del informe dice que además de Rusia y Sri Lanka, otros países donde observadores de derechos humanos fueron asesinados con el fin de silenciarlos incluyeron a Kenia, Burundi y Afganistán.

Human Rights Watch mencionó a Sudán y China como países que habitualmente clausuran a grupos de derechos humanos, y a Irán y Uzbekistán como países que hostigan abiertamente y detienen arbitrariamente a trabajadores de derechos humanos y a otros críticos. Colombia, Venezuela y Nicaragua amenazan y acosan a los defensores de derechos. Defensores de derechos humanos se enfrentan a la violencia en países como la República Democrática del Congo y Sri Lanka. Algunos gobiernos como el de Etiopía y Egipto utilizan leyes extremadamente restrictivas para debilitar la labor de las organizaciones no gubernamentales. Otros países utilizan la suspensión de las licencias profesionales de los abogados (China e Irán, por ejemplo), los cargos criminales - a menudo falsos derivados de ataques simulados (Uzbekistán y Turkmenistán), y las leyes penales sobre el libelo (Rusia y Azerbaiyán) para silenciar a los críticos.

Grupos locales e internacionales de derechos humanos que trabajan en Israel han experimentado un clima más hostil que nunca, después de documentar los abusos cometidos por Israel, así como por Hamas, durante los enfrentamientos de diciembre 2008 - enero 2009 en Gaza e Israel, y en relación con el bloqueo en curso de Israel sobre Gaza.

Roth dijo que la única manera en que los gobiernos abusivos terminarán su asalto contra los defensores de derechos es si los otros gobiernos que apoyan los derechos humanos convierten a los derechos una parte central de sus relaciones bilaterales.

"Los gobiernos que apoyan los derechos humanos necesitan levantar su voz, convertir el respeto a los derechos humanos en la base fundamental de su diplomacia - y de sus propias prácticas", señaló Roth. "Necesitan demandar un cambio real por parte de los gobiernos abusivos".

Roth dijo que el gobierno de Obama, en particular, enfrenta el desafío de restablecer la credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Hasta ahora, Roth afirmó, los resultados son mixtos, con una mejora notable en la retórica presidencial, pero una traducción incompleta de la retórica a la política y la práctica.

El Gobierno de Estados Unidos ha terminado el programa coercitivo de interrogación de la CIA, pero para cumplir con el derecho nacional e internacional contra la tortura aún necesita investigar y enjuiciar a aquellos que hayan ordenado, facilitado o llevado a cabo la tortura y otros malos tratos, agregó. Se venció el plazo para el cierre del centro de detención en Guantánamo, pero la cuestión más importante es cómo va a ser cerrado. Human Rights Watch y otros han instado al Gobierno ya sea a enjuiciar a los sospechosos detenidos ante los tribunales federales ordinarios, o de manera segura repatriarlos o reasentarlos en algún otro lugar. El gobierno de Obama ha insistido en mantener las comisiones militares que proporcionan una justicia deficiente y en continuar deteniendo a sospechosos por un tiempo indefinido sin cargos ni juicio, ambas situaciones conllevan el riesgo de perpetuar el espíritu de Guantánamo, dijo Roth.

Human Rights Watch también afirmó en la introducción de su informe que un nuevo sistema de justicia internacional, que incluye a la Corte Penal Internacional (CPI), ha sido el foco de ataque. El asalto se desarrolló después de que la Corte emitiera en marzo una orden de arresto contra el presidente de Sudán Omar al-Bashir por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas sudanesas y las milicias aliadas en contra la población civil de Darfur.

Después de que la Corte emitió la orden, muchas democracias africanas eligieron inicialmente la comodidad de la solidaridad regional en lugar de tomar una posición de principios en apoyo a la justicia internacional, afirma la introducción del informe.

En lugar de aplaudir a la Corte Penal Internacional por tomar medidas para desagraviar el asesinato en masa y el desplazamiento forzado de tantos africanos en Darfur, la Unión Africana decidió en julio no cooperar con la ejecución de la orden de detención. Algunos de los dirigentes africanos fueron más allá al decidir proteger a Bashir en lugar de a las víctimas de los abusos de Darfur.

La investigación de Human Rights Watch durante el año pasado abarcó una amplia gama de abusos en prácticamente todas las regiones del mundo.

Un ensayo adicional del informe, titulado "Maltrato a los pacientes", describe las políticas de salud gubernamentales que someten a los pacientes a la tortura o a malos tratos, y el fracaso de las sociedades médicas nacionales e internacionales en evitar la complicidad de los proveedor de servicios médicos en esos abusos. El ensayo se basó en la investigación de Human Rights Watch en Egipto, Libia, Jordania, Kurdistán iraquí, China, Camboya, India y Nicaragua.

En muchos países, Human Rights Watch documentó las violaciones de los derechos humanos sufridas por mujeres y niñas, incluidas las relacionadas con el embarazo, el parto, y el papel de las mujeres como cuidadoras y proveedoras. Por ejemplo, la mortalidad materna evitable y la discapacidad como consecuencia de las políticas y leyes negligentes matan y mutilan a más mujeres al año que el impacto los conflictos armados, señaló Human Rights Watch.

En Irán, Human Rights Watch investigó la continua represión gubernamental de activistas pacíficos después de la disputada elección presidencial de junio de 2009. Human Rights Watch documentó la detención de miles de personas ordinarias y de alto perfil, proporcionando cuentas detalladas de la violencia estatal contra los manifestantes pacíficos, la detención arbitraria de defensores de derechos humanos, y el abuso y la tortura en centros de detención ilegales de Irán.

En China, además de su labor constante de documentar el acoso y encarcelamiento de defensores de derechos humanos, Human Rights Watch publicó un informe en el que se describe la operación secreta de "cárceles negras", donde las autoridades detienen a personas que secuestran de las calles de Beijing y otras grandes las ciudades. La mayoría de los detenidos son peticionarios que buscan reparación por abusos que van desde la corrupción del Gobierno hasta la tortura policial.

En Cuba, Human Rights Watch documentó cómo el gobierno de Raúl Castro, en vez de desmantelar el aparato represivo de los años de Fidel Castro, lo ha mantenido firmemente en su lugar, conservando a decenas de presos políticos detenidos y arrestando a docenas de disidentes.

En Zimbabue, los investigadores continuaron la supervisión y documentación de las violaciones de los derechos por el partido del ex presidente Robert Mugabe contra sus socios y partidarios en un Gobierno de coalición. Human Rights Watch también documentó tácticas brutales del Ejército y la Policía en los campos de diamantes de Marange para controlar el acceso a los campos y hacerse cargo de la extracción y el comercio de diamantes sin licencia.

Un informe sobre Birmania documenta los casos de docenas de activistas políticos prominentes, monjes budistas, activistas sindicales, periodistas y artistas detenidos desde las protestas políticas pacíficas de 2007 y condenados a penas draconianas después de juicios injustos.

En Gaza e Israel, Human Rights Watch documentó violaciones de las leyes de la guerra tanto por Israel como por Hamas. El asalto militar de Israel en Gaza hace un año incluyó el uso ilegal de municiones de fósforo blanco, el asesinato de civiles con misiles lanzados por aviones teledirigidos, y los disparos contra civiles que agitaban banderas blancas. Hamas y otros grupos armados palestinos lanzaron cohetes en centros de población israelí, y Hamas mató a presuntos colaboradores y maltrató a opositores políticos durante la guerra.

En Libia, Human Rights Watch publicó un informe crítico del Gobierno en una conferencia de prensa en Trípoli. El evento fue la primera conferencia de prensa abierta en Libia. El informe señala que aunque algunas mejoras limitadas se encuentran en curso, las cuales incluyen un espacio más amplio para la libertad de expresión, las leyes represivas continúan sofocando a la libertad de expresión y de asociación, y los abusos de la agencia de Seguridad Interna siguen siendo la norma.

En la República Democrática del Congo, Human Rights Watch documentó el asesinato deliberado de más de 1,400 civiles, un patrón de violaciones atroces, y otros abusos cometidos por fuerzas gubernamentales y rebeldes durante las dos sucesivas operaciones del Ejército congoleño contra una milicia hutu de Ruanda, en el este del país . Human Rights Watch también informó de graves deficiencias en la operación de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo que limitan su capacidad para proteger eficazmente a los civiles.

En Guinea, Human Rights Watch elaboró un informe detallado sobre los asesinatos, agresiones sexuales y otros abusos en un mitin de la oposición en la capital, cometidos principalmente por miembros del cuerpo élite de la Guardia Presidencial. La evidencia sugiere que los ataques fueron planeados de antemano y alcanzaron la categoría de crímenes contra la humanidad.

Human Rights Watch dijo que a pesar del crecimiento del movimiento de derechos humanos, los defensores de derechos humanos siguen siendo vulnerables y necesitan grandemente el apoyo de los gobiernos que respetan los derechos.

"Los gobiernos que se consideran defensores de los derechos humanos suelen guardar silencio frente a estos abusos por parte de aliados, argumentando prioridades diplomáticas o económicas", señaló Roth. "Pero ese silencio los hace cómplices en los abusos. La única respuesta adecuada a las violaciones graves de los derechos humanos es ejercer presión sobre los autores".