Familiares de los presos muertos en la masacre de 1996 en la prisión de Abu Salim sostienen fotos de sus familiares desaparecidos mientras piden verdad y justicia.

© 2009 Khaled Mehyar

 (Trípoli) - Libia se encuentra en proceso de implementar mejoras limitadas, incluyendo la ampliación de la libertad de expresión y la reforma propuesta del código penal, pero las leyes represivas continúan sofocando las voces y los abusos de la Agencia de Seguridad Interna siguen siendo la norma, Human Rights Watch dijo en un informe publicado hoy.

 Human Rights Watch celebrará el día de hoy una conferencia de prensa pública en el país, la primera de Libia, y ha prometido un debate público sobre temas sensibles.  Sin embargo, el arresto del prominente crítico Jamal el Haji, el 7 de diciembre de 2009, refleja los límites reales de la crítica interna.

 "Una evaluación pública del historial de derechos humanos de Libia en Trípoli habría sido impensable hace unos años y refleja la ampliación del espacio para el debate público en Libia", dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch.  "El Gobierno debería revisar su código penal para permitir que todos los libios tengan la libertad de tener este tipo de discusión pública, sin temor a la sanción penal y dejar de encarcelar a los que expresan críticas al Gobierno, incluyendo a Jamal El Haji.

 El informe de 78 páginas, "Lybia: Truth and Justice Can't Wait" (Libia: La verdad y la justicia no pueden esperar), se basa en investigaciones realizadas por Human Rights Watch durante una visita de 10 días a Libia en abril, el viaje más reciente de la organización a este país.  El informe se basa también en el seguimiento permanente desde el exterior del país.  El informe concluye que si bien el Internet y dos nuevos periódicos en el país han dado a los periodistas más espacio para escribir abiertamente sobre algunos temas sensibles, las fuertes sanciones penales continúan sofocando a los periodistas y prohibiendo la libertad de asociación.  Si bien han aumentado las demandas y procesamientos judiciales en contra de los periodistas en virtud de las leyes de difamación del país, hasta ahora ningún periodista ha sido condenado a prisión.

 Los esfuerzos del Ministerio de Justicia para garantizar la liberación de prisioneros detenidos injustamente se enfrentan a la oposición constante de la Agencia de Seguridad Interna, que opera con impunidad al encarcelar o "desaparecer" a libios a voluntad.  El Gobierno ha tolerado el creciente activismo de las familias de la masacre de 1996 en la prisión de Abu Salim, al haberles ofrecido una compensación, pero ningún tipo de rendición de cuentas por la masacre.  Human Rights Watch visitó la prisión de Abu Salim, donde entrevistó a seis presos.  Human Rights Watch se reunió con miembros de la Asociación de Abogados de Trípoli y el Sindicato de Periodistas, familiares de presos, un ex preso político y las familiares de los asesinados en la prisión de Abu Salim.  Human Rights Watch también se reunió con el Secretario de Seguridad Pública y el Secretario de Justicia.

 En un importante desarrollo, el Ministerio de Justicia ha preparado una segunda revisión del Código Penal, que reduce las penas de sus disposiciones más represivas, aunque conserva las disposiciones que penalizan el discurso político, como "insultar a funcionarios públicos" u "oponerse a los objetivos de la Revolución".  En esta atmósfera, mientras que los periódicos privados y periodistas de sitios web basados en el extranjero gozan de mayor libertad, continúan evitando el cuestionar directamente la dirección del Gobierno, y la oficina del Fiscal continúa interrogando a los periodistas por escribir artículos críticos.  El 7 de diciembre, funcionarios de Seguridad Interna arrestaron a El Haji, un ex preso político, a raíz de su crítica en Internet sobre la detención continua de presos políticos por el Gobierno y una entrevista con la BBC en septiembre donde denunció abusos del Gobierno de Libia.

 El Ministerio de Justicia también ha tomado algunas decisiones independientes, exhortando a la agencia de Seguridad Interna a liberar a prisioneros injustamente detenidos.  Los tribunales libios han ordenado al Gobierno revelar el destino de las víctimas de Abu Salim.  Sin embargo, hasta ahora ni el organismo ni el Gobierno han cumplido con dichas órdenes.  Muchos juicios, especialmente aquellos ante el Tribunal de Seguridad del Estado, siguen sin cumplir las normas internacionales del debido proceso, brindando un acceso limitado a la asistencia legal y al derecho de apelación.

 La Agencia de Seguridad Interna mantiene control total sobre dos cárceles de Libia, Abu Salim y Ain Zara, que son reconocidas por la detención arbitraria de prisioneros políticos.  Según el Secretario de Justicia, a unos 500 presos que han cumplido su condena o han sido absueltos por los tribunales libios siguen encarcelados bajo órdenes de la Agencia de Seguridad Interna.  Por ejemplo, aunque el Tribunal Supremo Libio absolvió en marzo de 2008 a Mahmud Boushima, ciudadano de doble nacionalidad británica-Libia, bajo cargos de pertenecer a una organización ilegal, éste permanece en la prisión de Abu Salim.  Human Rights Watch presentó una solicitud para verlo durante su visita en abril, pero la Agencia de Seguridad Interior negó la petición.

 "Los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para tratar los casos de los detenidos injustamente encarcelados son un paso importante en la dirección correcta, pero todo libio sabe que la verdadera reforma en el país no será posible siempre y cuando la Agencia de Seguridad Interna se mantenga por encima de la ley", Whitson dijo: "Para empezar, la Agencia de Seguridad Interna debe liberar inmediatamente a las 500 personas que mantiene prisioneras a pesar de no tener absolutamente ninguna autoridad legal para hacerlo".

 La Agencia de Seguridad Interna también sigue deteniendo a personas sin cargos, que mantiene en régimen de incomunicación durante meses antes de presentar cargos en su contra.  Además,  Solidaridad de Derechos Humanos para Libia, un grupo de derechos humanos basado en Suiza, estima que hasta 30 casos de "desapariciones" siguen sin resolverse, como el de Imán Musa al Sadr, un prominente clérigo libanés desaparecido desde 1978, y los miembros de la oposición libia Jaballa Matar y Izzat al-Megaryef, de los que hubo conocimiento por última vez de en abril de 1996 cuando estaban detenidos en la prisión de Abu Salim.  Grupos de la oposición libia en el extranjero también estiman que cientos de presos políticos siguen encarcelados, condenados después de juicios injustos, pero Human Rights Watch no ha verificado independientemente estas cifras.  El preso político más famoso del país, Fathi el Jahmi, murió en mayo, después de casi siete años en detención.  Las solicitudes de información ante las autoridades libias sobre el número de libios actualmente detenido en virtud de la Ley 71, que prohíbe la pertenencia a organizaciones políticas, siguen sin respuesta.

 "El Gobierno libio debe liberar inmediatamente a todos los presos detenidos por expresar pacíficamente sus opiniones, como Abdelnasser al-Rabbasi, que fue condenado a 15 años de prisión por insultar al líder",  dijo Whitson.

 Las autoridades libias han impedido que dos ciudadanos suizos, Max Goldi y Rachid Hamdani, abandonen Libia desde que fueron detenidos durante 10 días y acusados de violación de visa en julio de 2008.  Esto fue una aparente represalia por la detención en Ginebra unos días antes de Hannibal Gadafi, hijo del líder libio, por las autoridades suizas.  En septiembre, funcionarios de seguridad secuestraron a los dos hombres de un hospital de Trípoli y los detuvieron en régimen de incomunicación en celdas de aislamiento durante 52 días.  Este mes, un tribunal de inmigración sentenció a ambos hombres a 16 meses de prisión por violación de visa después de una audiencia injusta en la cual el abogado de los hombres no pudo examinar las pruebas en su contra.

 Se han producido progresos importantes en Libia en relación con la indemnización del Gobierno a las familias de los 1,200 prisioneros asesinados en la prisión de Abu Salim en junio de 1996, pero todavía no ha dado una explicación pública de lo que pasó en la cárcel o enjuiciado a los responsables.  Durante años, las autoridades negaron que la masacre hubiera ocurrido.  Hasta finales de 2008, la gran mayoría de las familias de los presos asesinados no habían recibido información alguna sobre ellos.  Sin embargo, en junio de 2008, familias que representan a algunas de las víctimas de Abu Salim ganaron un caso judicial que ordena el Gobierno de Libia a revelar el destino de los prisioneros.  A raíz del asunto, las autoridades de Libia comenzaron a emitir certificados de defunción a las familias y a ofrecer hasta 200,000 dinares (164,300 dólares) en compensación a cambio de renunciar a presentar más demandas legales ante los tribunales libios o internacionales.

 La mayoría de las familias de Bengasi, de donde muchos de los prisioneros eran originarios, se han negado a aceptar la indemnización bajo estos términos, insistiendo en que quieren un informe público completo de lo sucedido y el castigo de los responsables.  Mohamed Hamil Ferjany, un portavoz de las familias ahora ubicado en Estados Unidos, dijo a Human Rights Watch que para él "el dinero es irrelevante".  Y agregó: "Mi familia pasó años sufriendo, sin saber dónde estaban mis hermanos, sólo para que se les entregara un pedazo de papel 15 años más tarde diciendo que están muertos y nada más. ¡Queremos justicia!", afirmó.

 Las autoridades libias dijeron a Human Rights Watch en 2004 que una investigación sobre el incidente estaba en marcha, pero en abril de 2009, el Secretario de Justicia confirmó a Human Rights Watch que no existía ninguna investigación.  En septiembre, el Comité Popular General para la Defensa estableció un grupo de investigación integrado por siete jueces investigadores y dirigido por un ex juez militar para investigar los asesinatos en Abu Salim, 13 años después de que ocurrieron.

 Varios cientos de familias han demostrado valentía en Bengasi durante los últimos meses pidiendo la verdad, la rendición de cuentas y una compensación adecuada.  Aunque las autoridades han permitido por primera vez este tipo de manifestaciones públicas, las familias han sufrido acoso e  intimidación de funcionarios de seguridad y, en algunas veces, han sido detenidas.

 "El dinero no es suficiente", Whitson dijo: "El pueblo libio tiene derecho a un informe público de los hechos y a que se castigue a los responsables del asesinato de 1,200 prisioneros en un solo día en 1996".

 Libia y la Unión Europea están negociando actualmente un acuerdo marco y se reunirán el 16 de diciembre para la próxima ronda de negociaciones.  Human Rights Watch instó a la Unión Europea a establecer parámetros mensurables para la reforma de Libia en cuestiones clave como la revisión del Código Penal y la liberación de prisioneros injustamente detenidos, como condición a la conclusión de este acuerdo.  La organización también pidió al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas solicitar una visita a los centros de detención de Libia.