Fuerzas de la ONU en Kivu del Norte, República Democrática del Congo.

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(Nueva York) - Las fuerzas armadas congoleñas en el este de República Democrática del Congo han matado brutalmente a cientos de civiles y cometido violaciones a gran escala en los últimos tres meses en una operación militar respaldada por las Naciones Unidas, Human Rights Watch dijo hoy.

Human Rights Watch pidió a la fuerza de paz de las Naciones Unidas en el Congo, la MONUC (por sus siglas en francés) suspender de inmediato su apoyo a la operación militar o corre el riesgo de ser implicada en más atrocidades.

En dos misiones de investigación en el oriente del Congo en octubre de 2009, Human Rights Watch documentó el asesinato deliberado de al menos 270 civiles por los soldados congoleños desde marzo, entre las localidades de Nyabiondo y Pinga, en una parte remota de la provincia de Kivu del Norte. Muchos de ellos habían muerto durante dos masacres en agosto en Mashango y aldeas de Ndoruma. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, niños y ancianos. Algunas fueron decapitadas. Otras fueron descuartizadas a muerte con machetes, golpeadas hasta morir con palos, o muertas a tiros mientras trataban de huir.

"Algunos soldados del ejército congoleño están cometiendo crímenes de guerra al atacar viciosamente a las mismas personas que deberían proteger", dijo Anneke Van Woudenberg, investigadora principal de Human Rights Watch. "La voluntad permanente de la MONUC para prestar apoyo a esas operaciones militares abusivas la involucra en violaciones de las leyes de la guerra".

MONUC, la misión de paz de las Naciones Unidas, está asociada con el ejército congoleño en la operación Kimia II, que comenzó el 2 de marzo. El objetivo es desarmar por la fuerza a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo de milicianos hutus ruandeses que cuenta con algunos dirigentes que participaron en el genocidio en Ruanda en 1994. La MONUC proporciona importante apoyo logístico y operacional a los soldados, incluyendo potencia militar de fuego, transporte, raciones y combustible.

Una de las masacres se produjo a principios de agosto en la colina de Mashango, a 15 kilómetros de Nyabiondo, donde las fuerzas de paz de las Naciones Unidas tienen una base. Según testigos entrevistados por Human Rights Watch, al menos 81 civiles murieron cuando soldados del ejército congoleño atacaron cinco aldeas a pocos kilómetros una de la otra, de las cuales sólo una contenía combatientes rebeldes. Los soldados congoleños que atacaron no hicieron ninguna distinción entre combatientes y civiles, disparando contra muchos a quemarropa o descuartizando a sus víctimas con machetes hasta su muerte .

En una de las aldeas, Katanda, soldados del ejército congoleño decapitaron a cuatro jóvenes, cortaron sus brazos y luego arrojaron sus cabezas y extremidades a 20 metros de distancia de sus cuerpos. Los soldados luego violaron a 16 mujeres y niñas, incluyendo a una niña de 12 años de edad, posteriormente mataron a cuatro de ellas.

Cerca del 15 de agosto, soldados del ejército congoleño masacraron a otro grupo de civiles en la zona de Nyabiondo en la aldea de Ndoruma. Los testigos dijeron que los soldados que regresaban de un ataque fallido ocurrido más temprano contra una milicia local aliada a las FDLR mataron deliberadamente a por lo menos 50 civiles a quienes acusaban de colaborar con las FDLR y sus aliados. Una mujer atestiguó cuando los soldados mataron a su marido y luego los vio con horror incendiar su casa, causando la muerte de sus tres niños pequeños quienes se encontraban en el interior.

Los soldados del ejército congoleño también atacaron a civiles en el tramo de 10 kilómetros de carretera de Nyabiondo a Lwibo. El 28 y 29 de septiembre, soldados con base en la aldea de Kinyumba secuestraron y violaron a dos grupos separados de mujeres y niñas, unas 20 en total, en su camino hacia el mercado. Cuando una de las milicias locales aliadas con las FDLR atacó a los soldados del Gobierno el mismo día, se encontraron con la resistencia de los soldados, quienes pidieron la ayuda de los helicópteros de ataque de la MONUC. Algunas de las mujeres y las niñas lograron escapar, pero los soldados del ejército congoleño mataron a por lo menos cinco cuando trataban de huir.

El 29 de octubre, la MONUC informó que el ejército congoleño había comenzado nuevas operaciones militares en la zona norte de Nyabiondo, aumentando las preocupaciones acerca de más ataques contra civiles.

Human Rights Watch llevó a cabo 21 misiones de investigación en Kivu del Norte y del Sur de enero a octubre de 2009, y encontró que los soldados del ejército congoleño habían matado deliberadamente a por lo menos 505 civiles desde el inicio de la operación Kimia II de marzo a septiembre. Otros 198 civiles fueron deliberadamente asesinados por soldados del ejército congoleño y sus aliados del ejército ruandés durante cinco semanas anteriores de operación conjunta, conocidas como Umoja Wetu, a finales de enero y febrero.

Human Rights Watch también documentó la brutal represalia de la milicia FDLR, que ha atacado deliberadamente a civiles congoleños en respuesta a las operaciones militares del Gobierno. Entre enero y septiembre, el grupo de milicianos mataron deliberadamente a por lo menos 630 civiles, muchos en las áreas de Ziralo, Ufumandu y Waloaluanda, en la frontera entre las provincias de Kivu del Norte y del Sur.

"Los crímenes de guerra cometidos por las FDLR no justifican en lo absoluto que los soldados del Gobierno congoleño cometan atrocidades", dijo Van Woudenberg. "La ONU debería cuestionar duramente el papel de sus fuerzas de paz en el apoyo a este tipo de operaciones abusivas".

Funcionarios de la ONU han dicho en varias ocasiones a Human Rights Watch que se unieron a la operación Kimia II porque creían que su participación podría ayudar a minimizar el daño a los civiles. El mandato de la MONUC emanado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 1856, le permite apoyar las operaciones del ejército congoleño contra las FDLR y otros grupos armados. Desde que comenzaron las operaciones, la MONUC ha realizado algunos esfuerzos notables para proteger a los civiles que sin duda han ayudado a salvar vidas.

El mandato de la misión de mantenimiento de la paz, sin embargo, requiere darle "la máxima prioridad" a la protección de los civiles. De acuerdo con un comunicado del 13 de enero de 2009 de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas y dos comunicados legales posteriores de la misma oficina del 1 de abril y 12 de octubre que fueron mostrados a Human Rights Watch, la MONUC tiene la obligación, antes de acordar apoyar cualquier operación militar con el ejército congoleño, de garantizar que tales operaciones sean planificadas y realizadas de conformidad con el derecho internacional humanitario. La MONUC no podrá participar en ninguna operación en la que haya razones fundadas para creer que las unidades del ejército congoleño podrían violar el derecho internacional humanitario.

Los mismos comunicados legales también afirman que la MONUC tiene la obligación de poner fin a su participación en la operación Kimia II si tiene información creíble de que el ejército congoleño está cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y si sus intentos por interceder para detener la violaciones fallan.

En mayo, Human Rights Watch publicó información detallada sobre los crímenes de guerra cometidos por soldados del ejército congoleño involucrados en la operación Kimia II. La propia investigación de la ONU en 2009 reveló también que los soldados del Gobierno congoleño cometían regularmente delitos. A mediados de 2009, personal de la MONUC elaboró una lista confidencial, que fue presentada a la dirección de la misión, de 15 oficiales del ejército congoleño con un historial de graves violaciones de derechos humanos que se cree participaron en la operación Kimia II.

Funcionarios de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas dijeron a Human Rights Watch en mayo, junio y julio que las preocupaciones por violaciones de los derechos humanos cometidas por soldados del ejército congoleño involucrados en la operación Kimia II se estaban discutiendo en privado con las autoridades del Gobierno congolés. En septiembre, la misión de mantenimiento de la paz desarrolló tardíamente un proyecto de política estableciendo las condiciones para su apoyo a la operación Kimia II basado en el respeto de los derechos humanos, que presentó al Gobierno congoleño para sus comentarios. El 30 de octubre, la MONUC y el ejército congoleño crearon un comité conjunto provincial en Kivu del Norte para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por soldados del ejército y para retirar de sus posiciones a los comandantes abusivos. Un comité de la misma naturaleza será establecido Kivu del Sur.

El 1 de noviembre, Alain Le Roy, jefe del Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas anunció durante una visita al Congo que la MONUC suspendería su apoyo a la operación de la 213 Brigada del ejército congoleño en la zona de Nyabiondo. Según Le Roy, las propias investigaciones de la MONUC habían revelado que los soldados del ejército congoleño había matado a por lo menos 62 civiles en la zona de Lukweti, justo al norte de Nyabiondo. Todavía no está claro cómo la suspensión será puesta en vigor.

"Los funcionarios del mantenimiento de la paz sabían de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas del Gobierno congoleño, sin embargo, ocho meses después de la operación Kimia II, apenas suspenden el apoyo de las Naciones Unidas a una de las unidades del ejército responsables", dijo Van Woudenberg. "Nyabiondo no es la única zona donde los soldados del ejército congoleño están cometiendo abusos. La MONUC debe cesar inmediatamente su apoyo a todas las operaciones de Kimia II hasta que los comandantes abusivos sean removidos y se apliquen medidas eficaces para proteger a la población civil".

El Gobierno congoleño tampoco ha quitado a conocidos violadores de los derechos humanos de las filas del ejército. Bosco Ntaganda, buscado por una orden de detención por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional, sigue siendo un general del ejército congoleño y desempeña un papel importante en la operación Kimia II, causando problemas adicionales para el apoyo de la MONUC de esta operación .

Las operaciones militares desde enero, incluyendo la operación Kimia II, han resultado en el desarme de 1,243 combatientes de las FDLR de una fuerza estimada de 6,000, pero las FDLR siguen reclutando y su capacidad para atacar a los civiles sigue intacta. La MONUC debe desarrollar una estrategia integral para desarmar a las FDLR, conviertiendo en una prioridad la protección de los civiles. El mandato permite a las fuerzas de paz utilizar la fuerza para desarmar por su cuenta a las FDLR, sin unir fuerzas con el abusivo ejército congoleño. El comunicado legal del 1 de abril de la Oficina de Asuntos Jurídicos expone en concreto de esta opción.

"La continua participación de la MONUC en la operación Kimia II, en contra de su mandato y del propio asesoramiento jurídico de la ONU, involucra a los trabajadores del mantenimiento de la paz de la ONU en los abusos", dijo Van Woudenberg. "Se debe considerar urgentemente la posibilidad de otras opciones para desarmar a la milicia de las FDLR que no requieran más abusos del ejército congoleño contra el pueblo del este del Congo".