El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, habla durante su programa televisivo 'Alo Presidente' el 10 de mayo de 2009.

© 2009 Reuters

(Washington, DC) - El gobierno de Chávez debe poner fin inmediatamente a la persecución de un canal de televisión privado crítico del gobierno y debe clausurar la injustificada investigación que lleva a cabo sobre la conducta de dicho canal, señaló hoy Human Rights Watch.

En respuesta a la cobertura de Globovisión del temblor del 4 de mayo de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha iniciado una investigación de este canal, argumentando que la cobertura del sismo "podrí[a] generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población". En alusión al temblor, en un discurso que se transmitió por televisión y radio el 10 de mayo, el Presidente Hugo Chávez acusó públicamente a este medio privado de "incita[r] al odio, a la guerra" y les advirtió que "no se equivoquen", ya que "están jugando con fuego".

"El gobierno de Chávez nuevamente abusa de sus ambiguas facultades regulatorias para perseguir a sus críticos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Simplemente no hay justificación para sancionar a un canal de televisión por difundir noticias sobre un temblor".

En la mañana del 4 de mayo, Globovisión, un canal privado, informó que se había producido un temblor cerca de Caracas. Luego de varios intentos frustrados por obtener una respuesta de las autoridades gubernamentales pertinentes, la emisora se basó en los datos proporcionados por el instituto geofísico estadounidense (US Geological Survey) para difundir información sobre la escala y el epicentro del sismo. Durante la cobertura, el director de Globovisión instó reiteradamente a los televidentes a que mantuvieran la calma y aguardaran recibir información oficial del gobierno.  

En respuesta a la cobertura de Globovisión, el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia Tarek El Aissami manifestó en una entrevista emitida por la televisión pública que el director de Globovisión "responde a los intereses de los Estados Unidos". En una conferencia de prensa el 16 de mayo, Chávez advirtió que "no podemos permitir que los medios de comunicación sigan con su política de terrorismo".

CONATEL actualmente investiga a Globovisión por presuntas infracciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada por el gobierno de Chávez en 2004. La ley dispone que la licencia de las prestadoras de servicios de radio y televisión puede ser suspendida e incluso revocada por difundir mensajes que "promuevan, hagan apología o inciten" a la guerra, las alteraciones del orden público o el delito.

Como Human Rights Watch documentó en su informe "Una Década de Chávez", la redacción ambigua e imprecisa de la ley, la gravedad de las sanciones contempladas y el hecho que su aplicación esté a cargo de un organismo adscrito al poder ejecutivo incrementan la vulnerabilidad de los medios radiales y televisivos frente a injerencias arbitrarias y presiones para que se autocensuren. En varias oportunidades, funcionarios venezolanos han invocado estas disposiciones en advertencias dirigidas a canales de televisión durante momentos de tensión política y en circunstancias en las cuales su aplicación hubiera resultado injustificada y, por lo tanto, hubiera constituido una injerencia arbitraria en el derecho a la libertad de expresión.

El gobierno de Chávez también ha abusado reiteradamente de sus facultades de control de las frecuencias de radio y televisión para castigar a los canales que emiten una programación manifiestamente crítica. En mayo de 2007, por ejemplo, Radio Caracas Televisión (RCTV) perdió su concesión luego de que Chávez anunciara en una ceremonia militar que se transmitió por cadena nacional que no se renovaría la concesión de RCTV por su presunto apoyo al golpe de abril de 2002. En ningún momento se probó esta acusación, ni tampoco el supuesto incumplimiento de los estándares de transmisión, en el marco de un procedimiento que permitiera a RCTV defenderse. Al mismo tiempo, el gobierno renovó la concesión de Venevisión, un canal rival al cual Chávez también había acusado en numerosas oportunidades de haber estado involucrado en el golpe, pero que, desde entonces, había recortado su programación abiertamente contraria a Chávez.

Globovisión, el único canal de señal abierta que continúa manteniendo una postura manifiestamente crítica frente al gobierno de Chávez, actualmente está siendo investigado en relación con otras dos ocasiones en las cuales supuestamente infringió la Ley de Responsabilidad Social. En una oportunidad, un comentarista invitado manifestó que Chávez podría "terminar como Mussolini". En otra, Globovisión transmitió un discurso de un gobernador opositor en el cual éste anunciaba su victoria, antes de que el gobierno comunicara los resultados de la elección.   

"Las amenazas del gobierno de Chávez evidencian el riesgo inherente a los abusos que representa una norma que tiene una redacción tan ambigua y amplia. Y puede ser utilizada, como en el caso de Globovisión, discrecionalmente por el gobierno para intimidar a sus críticos", señaló Vivanco.